Andalucía, con 144 personas investigadas, lidera las causas por corrupción en 2017

2017 cerraba sus puertas con 411 presuntos corruptos entre las hojas de su calendario y la memoria judicial correspondiente. Según los datos anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el último trimestre del pasado año se llevaron a cabo 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos.

“Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total”, según los datos aportados por el CGPJ esta semana.

Sorprendentemente, las cifras han caído. El 2016, concluyó con 659 personas sentadas en el banquillo, distribuidas en 112 procedimientos. Es decir, hemos sido testigos de una sustancial mejora en la que el 2017 ha conseguido “progresar adecuadamente”, con unas cifras que se reducen a 15 procedimientos y 248 posibles delincuentes menos.

Sin embargo, este no es motivo de festejo. Puesto que, a pesar de la mejora, España sigue hallándose presa de delitos como la prevaricación urbanística, el cohecho, la malversación o los fraudes y extracciones ilegales, entre muchos otros. Crímenes que pasan desapercibidos entre las olas masivas de  información amarillenta y los “no nos metamos en eso” del Gobierno.

Andalucía, a base de inmoralidad, ha logrado situarse en el primer puesto de la perversión. Despuntando, en el pasado año, con un ejército de 144 personas procesadas por delitos de corrupción,

Pero, como todo en esta vida, hay quien destaca entre la muchedumbre. Hay quien bate records y se convierte en el maestro, en este caso, del arte de robar. Andalucía, a base de inmoralidad, ha logrado situarse en el primer puesto de la perversión. Despuntando, en el pasado año, con un ejército de 144 personas procesadas por delitos de corrupción, siguiéndole, en un alejado segundo puesto, Cataluña con 41.

Cosa que no acaba aquí, ya que esta comunidad autónoma se estrenó, hace menos de un mes, en 2018, con el ya mítico “Caso ERE”. En febrero comenzaba la primera parte, la pieza política del largo proceso judicial al que los acusados se van a enfrentar. Momento en el que Chaves y Griñán, junto a otros 19 ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, nos deleitaban con su presencia en los juzgados de Sevilla.

Andalucía ha sido pionera en esto de la corrupción y hace ya bastante tiempo que subió al nivel experto. A Juan Guerra se le quedaban cortos los delitos ya existentes y de su mano, alcanzamos tipificar, en 1991, el útil tráfico de influencias. En 2015, surgía, desde lo más profundo de Marbella, el “Caso Malaya”. Málaga debutaba en la corrupción urbanística municipal, consiguiendo convertirse en uno de los sucesos de corrupción más importantes de la historia de España. Seguidamente, nos topamos con otros muchos más casos como “Invercaria” en 2012, “El Caso Edu” o “Las Facturas de UGT”, ambos en 2014.

Muchos descubrieron en el urbanismo una mina de ingresos, lo que desembocó, como se veía venir, en que la especulación urbanística campara a sus anchas.

Casos, procedimientos y sentencias de los que Andalucía parece no haber aprendido y de los que se aprovechan los “Jueces Estrella”, como Alaya, Garzón, Bolaño o Ruz para coronarse como seres superiores, situados por encima del bien y del mal. Casos que, quizás, son las consecuencias de una comunidad gobernada por el mismo partido durante 30 años. El mismo partido que tapa sus miserias a través de puestos de trabajos para todo aquel que “aguante el tirón” entre sus filas y el mismo al que le gusta jugar, constantemente, al clientelismo. Aunque, no todo el peso recae sobre el PSOE, pues nosotros mismos hemos sido testigos de la mala gestión que se llevó en Gobiernos muy parecidos al andaluz, como en Valencia o Cataluña.

A esto, se le suma la vigencia de lo que se llamó la cultura de la transición. Nos instalamos en una democracia reformando instituciones pero se nos olvidó romper, directamente, con los vicios del franquismo, lacras como el enchufismo, los favores a empresarios, el cohecho o el tráfico de influencias. Por no hablar del déficit en la financiación de los ayuntamientos. Muchos descubrieron en el urbanismo una mina de ingresos, lo que desembocó, como se veía venir, en que la especulación urbanística campara a sus anchas. Es cierto que esto acarreó la llegada de poderosos ingresos a estas instituciones, a través de construcciones urbanísticas pero, a su vez, muchos políticos se enriquecieron personalmente, cometiendo para esto, graves delitos.

Gracias a nuestro sistema judicial, estos casos tardan años en resolverse, enredándose en procedimientos que van prescribiendo con el paso del tiempo. Existe una ausencia de medios jurídicos y deberíamos ser conscientes de ello.

Estos datos sobre la mencionada corrupción pública, como símbolo de transparencia, se encuentran a la mano de todos los ciudadanos en la web www.poderjudicial.es. Con el único objetivo de ofrecerle al ciudadano, la oportunidad de ser consciente de la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, a través de la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores.