El porquero de Agamenón

Vaya por delante que desconozco los pormenores de la denuncia de Manos Limpias (que seguramente será tan infame y mal redactada como dicen muchos), ni del Auto por el que el Juez ha decidido investigar lo que en la misma se narra. Y tampoco sé de las actividades de Doña Begoña Gómez como para poder pronunciarme sobre su trascendencia jurídico-penal.

Y tampoco tengo simpatía alguna por Manos Limpias, pues no creo que necesitemos en nuestro ya de por si sobrecargado sistema legal este tipo de actores que, según leo por ahí, se dedicó a extorsionar bajo amenaza de denuncia o querella (mecanismo que, en mi ejercicio profesional, he visto utilizar más de una vez a otros entes de similar calaña).

Soy abogado en ejercicio hace casi 30 años, y me sorprende la ligereza con la que esos contertulios, que son legión en este país, que no saben de nada, pero que hablan de todo ex catedra, hacen tajantes aseveraciones que, pese a la contundencia con que se perpetran, y amén de evidentemente partidistas, lo que demuestran es un absoluto desconocimiento de la Ley y, lo que es más grave, un desdén absoluto por el poder judicial.

Todos sabemos que Montesquieu ha muerto, y que la división de poderes no está de moda, pero es que, precisamente, el poder judicial es el contrapeso del sistema para evitar desmanes y para garantizar que las normas que nos hemos dado a través del poder legislativo se cumplan. Sin distinción entre personas. Porque una de las normas que nos dimos fue el artículo 14 de la Constitución, los españoles somo iguales ante la Ley.

El caso es que el Juez que tiene noticia de algún hecho que pudiera ser delictivo, y así lo establece claramente el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene la obligación de comprobarlo, salvo que los no fuesen delito (es decir, que aun de ser ciertos, no constituirían un ilícito penal), o que la denuncia fuera manifiestamente falsa (de manera patente y clara).

Así pues, aunque la denuncia de Manos Limpias sólo aporte unos recortes de prensa, al Juez no lo queda más remedio que investigar lo que se denuncia. A excepción de, como hemos dicho, que no sea delito, aun de ser cierto; o de que la denuncia sea claramente falsa.

Y esa es otra, porque a la denuncia no hay que acompañar prueba alguna. Dice el art- 265 que la denuncia ha de contener “la identificación de la persona denunciante y la narración circunstanciada del hecho” y “si fueran conocidas … la identificación de las personas que lo hayan cometido y de quienes lo hayan presenciado o tengan información sobre él”. Además, se indicará “la existencia de cualquier fuente de conocimiento de la que el denunciante tenga noticia que pueda servir para esclarecer el hecho denunciado”.

Porque una denuncia es un simple acto a través del cual un ciudadano cualquiera pone en conocimiento de las autoridades policiales o judiciales la existencia de unos hechos que, entiende, pudieran ser delito, para que sea esa autoridad, que es la que tienen capacidad para ello, activar, en su caso, los mecanismos de investigación correspondientes. Y por eso al denunciante no se le exige que aporte una prueba amplia sobre lo que denuncia. Y esto es así, sea el denunciante Agamenón o su porquero. O Manos Limpias.

Existe un concepto, que todo el que está en el mundo jurídico conoce, que es de la “querella a la catalana”, que es una denuncia hecha a sabiendas de que su recorrido penal acabará en cuanto el Juez haga unas mínimas indagaciones sobre los hechos denunciados y compruebe que no hay delito alguno, y que se hace intentando forzar una negociación o renuncia relacionados con otros asuntos. Pues bien, aún así, a esas denuncias también se les da trámite. Y el denunciado tiene que aguantar unos meses de diligencias, e ir a declarar ante el Juez, para que el proceso sea archivado. Y, antes de archivarlo, el Juez debe recabar el informe del Ministerio Fiscal, que suele tardar meses.

Han sido muchas las veces en las que un cliente ha tenido que aguantar meses el estar incurso en unas diligencias penales por una querella a la catalana, y esperar semanas a que el Ministerio Fiscal informase.

Es lo que tiene nuestro sistema judicial, saturado, desbordado y sin medios suficientes, pero que debiese tratar por igual a todos los ciudadanos.

Y aquí es donde empiezan las cosas feas (lo que no quiere decir que sean ilegales), pues mientras un ciudadano medio debe esperar meses a que se archive una denuncia de esta índole, lo que incluye semanas de espera del informe del Fiscal, el Ministerio Público ha tardado apenas horas en manifestarse en el caso de la ciudadana Gómez, a la que se ha dado un trato de privilegio por una institución sobre la cual manda su marido (¿recuerdan aquel “¿de quién depende la Fiscalía?… pues ya está” en una entrevista que dio Pedro Sánchez en 2019 en Radio Nacional de España?).

Y eso no está bien. Si te cae una querella a la catalana y el Juez la admite a trámite, pues haces como cualquier ciudadano, te jodes, contratas un abogado, y haces todo lo necesario para demostrar que no hay causa y conseguir el archivo lo antes posible. Con la consabida espera de semanas para que el Fiscal informe.

Todo esto dando por hecho de que los hechos denunciados o no son ciertos del todo, o no tienen una derivada penal. Pero ¿y si sí? ¿Dejamos de investigarlo porque el denunciante sea un gañán? ¿Matamos al mensajero?

Porque al fondo de todo esto, y al margen de si hay delito o no, hay un tema, endémico a nuestro sistema, que es del enchufismo.

Personalmente, dudo que Begoña Gómez estuviese en ese puesto de no ser mujer del Presidente de Gobierno (y no es cuestión de ser mujer u hombre, pues podríamos decir tres cuartas de lo mismo del marido de la Sra. Cospedal, por poner un ejemplo, que de ser un asesor de provincias, montó una potentísima consultora en un abrir y cerrar de ojos).

Esto no es algo de un partido u otro. Todos juegan a esto y colocan a amigos, familiares, o gente defenestrada de cargos políticos en puestos estupendos, con golosos emolumentos que, al final, de un modo u otro, salen de nuestros bolsillos. Consejos de Administración de empresas públicas o semipúblicas, y también en posiciones en empresas privadas que reciben dinero público (directa o indirectamente) o cuya actividad está regulada y han de estar a buenas con los poderes.

Y aunque es cierto que la ilegalidad ahí depende de muchos matices (y los abogados sabemos de eso, y esta gente tiene a su disposición a profesionales que diseñan un mecanismo que diluya la relación directa y, con ello, la ilegalidad), pero no todo lo que es legal es moral. Por ejemplo, a mi me contratan como profesor para un curso de una empresa de formación, y el curso tiene como sponsors, por ejemplo, medios de comunicación o consultoras que reciben millones de un determinado Ministerio cada año. De este modo, nadie puede decir que me paguen con dinero público, ni que haya influido para que me contraten que mi pareja tenga un importante cargo en ese Ministerio. Me entienden, ¿no?

Pero este es el problema, y eso es injusto e inmoral. Porque cada una de esas personas que accede a  uno de esos puestos, se lo está quitando a otro que lo merece más, pero que no tiene los mismos contactos (bueno, salvo cuando son puestos creados a medida para el susodicho).

Así que, como todos juegan a lo mismo, ¿quién le dice al Rey que va desnudo?