De los machistas y los machistos
Cabalgamos sin brújula hacia despropósitos que no harán sino convertirnos en el hazmerreír.
Son palabras de Carmen Calvo, ministra -aunque no lo crean- de Igualdad. Aunque su comentario pudiera parecer inofensivo, no lo es en absoluto pues, en efecto, su carga ofensiva es más que manifiesta. Al menos, para un sector significativo de la sociedad, sea hombre o mujer. Pone de manifiesto cómo el feminismo radical sorpassa al feminismo de la igualdad e infecta a quienes tienen poder en España. En otras palabras, a quienes pueden materializar por medio de legislación sus ocurrencias de turno. Ocurrencias como la del ahora llamado ‘lenguaje inclusivo’ y la reforma de la Constitución proyectada por el Gobierno del Partido Socialista que, si pone algo de manifiesto, no es el machismo en el lenguaje sino la escandalosa proporción de ignorantes -e ignorantas– gramaticales que hay ahora mismo en España campando a sus anchas. Confundir machismo lingüístico con ignorancia es grave. Y hacerlo cuando se tiene una posición de poder es catastrófico. Dejando aparte el caso de la ‘portavoz-a’ Irene Montero y el desdoblamiento absurdo e incorrecto de artículos y sustantivos que comenzó con aquél ‘miembros y miembras’ de la malograda Bibiana Aído, también ministra de Igualdad, también de un Gobierno del PSOE, pero esta vez pilotado por José Luis Rodríguez Zapatero, al que los españoles tenemos que agradecerle tanto, en vez de por Pedro Sánchez; cabalgamos sin brújula hacia despropósitos que no harán sino convertirnos en el hazmerreír.
Una muestra de la urgencia de una reforma educativade calado es la constatación penosamente cotidiana y contundente de que estamos gobernados por ignorantes.
Especialmente cuando tenemos que verlos destruir dolorosamente la lengua españolaal trabajar con los participios. Gracias a ellos sabemos ahora que es correcto hablar de ‘pacientes y pacientas’, ‘atacantes y atacantas’, ‘estudiantes y estudiantas’, ‘comerciantes y comerciantas’, ‘votantes y votantas’y un largo etcétera. Una especie de barómetro del progresismo y de lo políticamente correcto, que acude a la lengua para tratar de calibrar objetivamente si un país es más o menos sexista consultando el diccionario. Aunque, como podemos comprobar, quienes así lo pretenden no es que lo consulten muy a menudo.
Sería gracioso si no tuviese unas repercusiones tan graves. Al menos, tan graves como las reformas del Código Penal que, tratando de aprovecharse los sufrimientos ajenos para ganar votos, el PSOEy PODEMOS han planteado. El objetivo es la agravación y la unificación del tipo penal de los diferentes Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales que aparecen en el Título VIII del Código Penal, al rebufo de la Sentencia de ‘La Manada’, que también analizamos en este medio
En dicho título se regulan, entre otras cosas, la Agresión Sexual, la Violación, los Abusos Sexuales y el Acoso Sexual, una amplia gama de tipos penales con sus respectivas circunstancias modificativas de la pena que contemplan el también amplio abanico de particularidades de las conductas que, en la práctica, acontecen. Los planteamientos jurídicos socialistas y comunistas pasan por la eliminación de la presunción de inocencia y por la criminalización al por mayor sin dejar espacio para la defensa del presunto culpable, que es lo que el denunciado será en realidad, en lugar del presunto inocente, como exige un Derecho Penal democrático.
Al establecer una asunción categórica de culpabilidad, se quiebra la Tutela Judicial Efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Cualquiera que practique o haya practicado sexo habitualmente sabe que rara vez se produce un consentimiento expreso susceptible de ser esgrimido como prueba ante una potencial denuncia y, en todo caso, los partícipes en la actividad sexual tienen prioridades más inmediatas en dicho momento que llevar un registro documental de su actividad o procurarse la fe notarial. Igual sucede con la pretendida criminalización de los piropos callejeros, más allá de lo acertado o no de los mismos o de la sensación de incomodidad momentánea que puedan provocar. La escasa capacidad de prueba, repito, por parte del denunciado, para imponer evaluaciones subjetivas amparadas por el legislador con el propósito de sustraerlas del Juez, que es quien debe hacerlas, enmarca estas reformas dentro de lo abiertamente inconstitucional. ¿Deberán, pues, los que se dispongan a practicar el coito rellenar un impreso y presentar un informe? ¿Existirá una división administrativa o una brigada policial especial dedicada a la evaluación del daño psicológico del ‘piropo’ en cuestión?
El precedente que se abre es peligroso, porque implica la consecución de lo que socialistas, comunistas, populistas y radicales han perseguido siempre: el control de las relaciones interpersonales por parte del Estado.
No deja de ser irónico que lo que nunca ha conseguido el conservadurismo más reaccionario, lo que nunca ha logrado la Inquisición, esté ahora al alcance de la mano de quienes falsamente se autodenominan como ‘progresistas’. En la línea del artículo 153.1 del Código Penal, que establece una pena mayor para el agresor hombre, conceptualizando la ‘violencia de género’como algo exclusivo del Hombre hacia la Mujer, y negando la prueba en contrario, no cabe duda de que estas modificaciones penales establecerán que sólo el Hombre puede ser sujeto activo del delito y que sólo la Mujer puede ser sujeto pasivo, una aberración jurídica que defenestra la Igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 14 de la Constitución. Una visión, dicho sea de paso, absolutamente machista y clasista, como es común en estas ideologías, puesto que valoran a los seres humanos en función de su género y de su sexo, en vez de por su personalidad y capacidades singulares.
La verdadera Igualdad es inseparable de la Libertad, y llegará cuando los líderes políticos eduquen a su pueblo para crearse valores propios como personas individuales y valorar al resto ciudadanos como ‘quienes’ son y no por ‘lo’que son, ya sean hombres, mujeres, niños, blancos, de color o tengan o no un chalet o una carrera. Seguir por este camino conducirá tarde o temprano a que el Estado, cual distopía orweliana, controle absolutamente todo y criminalice lo más sagrado: la libertad para decidir, la libertad para tener relaciones sexuales, la libertad para Amar.