La crisis en los campos de fresas de Huelva no ha sido periodismo ficción

Cuando hace un mes, el 13 de mayo pasado, me llamó Perico Echevarría, director de La mar de Onuba, alertándome de la información publicada por Correctiv.org y Buzz Feed News sobre lo que sucedía en los campos de Huelva, tras leerla, ambos coincidimos que estábamos ante un asunto delicado y de calado, al que nuestra responsabilidad profesional como periodistas nos obligaba a no mirar para otro lado.

Tanto si eran ciertas las revelaciones sobre abusos sexuales a mujeres temporeras marroquíes como si no lo eran, que la información estuviese avalada por periodistas alemanas de contrastada solvencia profesional, aportaba la inquietante consecuencia del efecto económico que una denuncia de esas características en Europa podría tener en uno de los sectores punteros de la economía andaluza, el de los frutos rojos. Fuentes del sector confesaban oficiosamente, días después del estallido informativo del caso, unas bajadas en la comercialización que rozaban el 30%.

Optamos por hacernos eco del contenido del extenso reportaje de investigación de las dos colegas de corrective.org, Pascale Muller y Stefania Prandi, lógicamente dando opción a los agentes sociales locales interesados o afectados a que opinasen sobre las reiteradas denuncias periodísticas sobre acosos y violaciones.

Hace ocho años El País ya publicó un reportaje que levantaba la voz de alarma.

El tema no era nuevo. En junio del año 2010 el diario El País ya publicó un reportaje sobre el grave problema del acoso de mujeres, en términos muy parecidos y siguieron sucediendo las mismas cosas en los campos; solo en un caso se recuerda la actuación de la Justicia con sentencia de por medio.

Que dos modestas publicaciones digitales como La mar de Onuba y Confidencial Andaluz se convirtieran en altavoces de lo que se les contaba a los consumidores europeos sobre nuestros productos y su recolección, supuso un auténtico terremoto en la sociedad política, económica y social de Huelva. El asunto, pese al escaso interés local por darle aire, ya estaba sobre la mesa.

“En cuanto a estos últimos, (los sindicatos) resulta tan sorprendente como desolador que se hayan prestado a firmar, de urgencia, el ambiguo comunicado conjunto en defensa del buen nombre del fruto rojo onubense. Un comunicado que destila cierto aire amenazante hacia los medios que nos hemos hecho eco de las publicaciones de correctiv.org

Patronal y sindicatos lanzaron un comunicado donde llegamos a percibir la vieja táctica de matar al mensajero, un sinsentido particularmente de los sindicatos, olvidando quizás que destacados sindicalistas habían participado activamente en la elaboración del reportaje publicado por la prensa alemana. Empresarios y sindicalistas, con una calculada ambigüedad y una velada amenaza, dijeron:

“El contenido que está circulando por internet como las reproducciones que se han dado en otros medios y redes sociales se van a presentar ante la Fiscalía para que inicie, si así lo considera, una investigación de oficio para saber con certeza lo que de verdad hay en los textos editados y luego reproducidos”.

Un comunicado con el que se daba, especialmente, un mensaje de unidad del sector económico afectado ante lo que parecía una agresión exterior, quizás movida por intereses económicos de otros países competidores, conspiraciones económicas de las que por cierto nadie da nunca un dato o un nombre para que se publique. Of the record,lo que quieras.

También, como apuntaría días después Perico Echevarría en un artículo, nos recodarán muchos aquella memorable escena de sublime cinismo en Casablanca, “¡Que escándalo, que escándalo, aquí se juega!

Un comunicado que pasó inadvertido para las organizaciones de periodistas locales, comarcales o regionales que no consideraron digno de preocupación profesional un intento de coartar la libertad de información, expresión y opinión por patronos y sindicalistas; molestos todos porque se corran los visillos y se vea lo que parece confirmarse como un drama humano de gran magnitud en el corral trasero de nuestra propia casa.

No debe sorprender el silencio como corderos de las corporaciones profesionales. Días después era la propia Mercedes Alaya la que culpaba a los periodistas de ser portadores de amenazas del poder hacia ella y aquí tampoco nadie dijo nada. ¿Para qué?

Nosotros no callamos y publicamos un editorial conjunto en el que decíamos, entre otras cosas, lo siguiente:

“En cuanto a estos últimos, (los sindicatos) resulta tan sorprendente como desolador que se hayan prestado a firmar, de urgencia, el ambiguo comunicado conjunto en defensa del buen nombre del fruto rojo onubense. Un comunicado que destila cierto aire amenazante hacia los medios que nos hemos hecho eco de las publicaciones de correctiv.org, BuzzFeed News, El País, El Español y otros muchos que llevan advirtiendo de estas situaciones desde hace, al menos, ¡una década!”

Editorial: cuando los sindicatos no meditan lo que firman

Editorial conjunto de La Mar de Onuba y Confidencial Andaluz tras el comunicado de patronal y sindicatos.

Tuvo que ser la propia Fiscalía de Huelva la que puso sentido común, cordura y sensatez al dar cuenta de la judicialización de los primeros abusos sexuales en los campos de fresas.

En un breve comunicado el ministerio público agradecía a los medios de comunicación y a las ONGs denunciantes su colaboración, aportando material documental de gran valor para las diligencias practicadas. Sin duda, más de uno se quedó con tres palmos de narices. Pese a todo hubo quien, desde el negocio periodístico, siguió hablando de “campañas”, el típico caso donde prevalece la cuenta de explotación sobre el periodismo.

Pero el comunicado no fue lo más llamativo de todo en este proceso, pese a que se tuvo la impresión de que con su emisión los interesados creyeron erróneamente que ya habían cumplido y que a otra cosa. Lo más sorprendente de todo fue comprobar como periodistas de El Español o de La Sexta, con estancias de 24 o 48 horas sobre el terreno, ofrecían testimonios directos, grabados, a mujeres que dando voz y cara confesaban los horrores a las que supuestamente eran sometidas cada noche con vejaciones o acosos sexuales no consentidos.

El Fiscal Jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, siguió desde el primer momento las informaciones que se iban publicando. Los fiscales, como los periodistas, tenemos ese olfato que nos dan los años de oficio y que nos ayuda a calibrar la trascendencia de un asunto que va a estallar ante nuestras narices. Este era uno de esos casos y el que fuera el alumno más querido y aventajado de Alfredo Flores (padre) durante años en la Fiscalía de Sevilla, abrió los radares y empezó a medir los decibelios de la alarma social que se iba levantando en Huelva con las denuncias en los medios sobre supuestas violaciones a mujeres temporeras.

Al socialismo funcionarial onubense, políticamente hablando, le sobrepasó la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que desde primera hora envía a Huelva a Luis Vargas Martínez, su Director General de Coordinación de Políticas Migratorias.

En los despachos políticos silencio, demasiado silencio en comparación con otras situaciones de DDHH, más bien se observó prudencia, quizás canguelo. Especialmente en el PSOE de Huelva donde manda Ignacio Caraballo, el cuñado de Mario Jiménez, cuyo discurso oficial se resumió en que no opinaban sobre rumores. Ponerse de perfil cuando conviene electoralmente es un arte muy practicado por algunos.

Al socialismo funcionarial onubense, políticamente hablando, le sobrepasó la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que desde primera hora envía a Huelva a Luis Vargas Martínez, su Director General de Coordinación de Políticas Migratorias. La información que Vargas recoge sobre el terreno conducen a Aguilar a tomar la iniciativa institucional y política de elevar a la Fiscalía toda la documentación que puedan aportar sobre los presuntos abusos.

Con las primeras diligencias abiertas en el juzgado de Moguer se ponía el punto y final a la primera parte de esta historia, pero eso no quería decir que el aparato judicial onubense esté cerrado a seguir admitiendo, “una a una”, todas las denuncias que les lleguen sobre este tipo de delincuentes.

Los primeros que demuestran interés por ayudar a las temporeras marroquíes sobre el terreno son los del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), central que no posee implantación en Huelva. Vieron, sin duda, una vía de penetración y expansión. El diputado Diego Cañamero se puso al frente del operativo y hubo quien tuvo argumentos (políticos) para deslegitimar las denuncias de las temporeras “por falsas” y culpar al SAT de querer hacerle daño y desprestigiar al sector de los frutos rojos de Huelva.

Algunos empresarios señalados salieron a dar la cara con discursos televisivos que hablaban de un comportamiento conventual con todas las trabajadoras, aunque después los testimonios y la Justicia les dejaran en evidencia.

Nuevamente Rosa Aguilar desde la Junta de Andalucía ha puesto punto final a aquellos aspectos o deficiencias que habían posibilitado brotes de esclavitud con las miles de trabajadoras de la fresa cuyo contrato, por cierto, aún no habían vencido. La Consejera de Justicia se plantó en Huelva y puso sobre la mesa una serie de medidas a implantar para evitar de futuro estas situaciones que degeneran en todo tipo de abusos o agresiones a las mujeres marroquíes. Y todo los que con ella se sentaron dijeron amén, entre ellos algunos de los que a mediados de mayo hablaban de campañas orquestadas (no se sabe muy bien por quien) y amenazaban con llevar a Fiscalía a quienes osaran hacerse eco de situaciones que, a la postre, ha confirmado como veraces la propia Justicia.

La manifestación del domingo 17 había levantado grandes expectativas. La asistencia no defraudó y se notaron ausencias.

La masiva manifestación en Huelva este domingo de las temporeras, un mes después de denunciados los hechos, confirman que existía un problema y grave en Huelva, del que como periodistas nos hicimos eco como es nuestra obligación. No fue una invención de nadie, retratamos una realidad preocupante.