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La paliza a 9 guardias civiles en Algeciras

Existen todavía lagunas en la narración publicada de los hechos ocurridos.

Hace unos días ha sido noticia que nueve miembros de la Guardia Civil habían sido agredidos en Algeciras por 40 personas, a las que en las informaciones se relacionaba con narcotraficantes de la zona. Coincidió casi en la fecha con la muerte de un niño de 9 años, que estaba con su padre en una barca de recreo, embestida por otra lancha que llevaba una persona bajo los efectos del alcohol. Que el padre del menor fallecido tenga antecedentes y tenga relación familiar con una conocida familia de la zona dedicada al contrabando ha disparado todas las alarmas.

 

Por lo que conozco de amigos de Algeciras es posible que ninguno de ambos casos tenga nada que ver con mafias del narcotráfico, y si bien en esa zona de España están pasando cosas desde hace años que merecerían más atención política y policial, estos dos asuntos deben separarse de dicha dinámica delincuencial, al menos hasta que se confirme dicha relación que hoy por hoy no consta que sea así.

 

La agresión de 40 personas de las que se dice en los medios de comunicación que están relacionadas con bandas del narcotráfico a nueve guardias civiles que salían de comer en un bar de la zona, presentaba desde el principio algunas lagunas en una explicación racional de los hechos.

 

Los guardias civiles no son de la zona, estaban recién llegados desde Logroño y son miembros del GAR desplazados a la zona para combatir el narcotráfico. Luego no podían ser conocidos. La zona donde los agredieron, muy cerca de donde comían, el número de agresores y las “armas” empleadas no son lógicas si sabían que eran agentes de la autoridad, que suelen ir armados incluso fuera de servicio porque la ley obliga a intervenir en cualquier momento o lugar, de servicio o no, si se presencia un delito.

 

Las explicaciones posteriores de algunos de los participantes en la pelea tienen un sentido más lógico. No eran una banda de personas relacionados con el narco sino un grupo de familiares y amigos que tenían alquilado un bar cercano para la celebración de una comunión. Según ellos, los guardias civiles ignorando que el bar estaba contratado por una familia para dicho servicio y cerrado al público pretendieron entrar a consumir en el local, les fue prohibida la entrada y alguno de ellos trato de acceder por la fuerza provocando la reacción de los asistentes a la celebración familiar.

 

Según las personas acusadas, ciudadanos civiles con plenos derechos, ellos no sabían que eran guardias civiles, no se identificaron, y creían estar haciendo frente a un grupo de hombres caraduras que querían entrar a consumir en un local cerrado por ellos para la celebración de una comunión.

 

Y aquí empieza a complicarse el asunto. Ocho de estos ciudadanos han sido detenidos. Sin investigación previa alguna. Han estado cuatro días detenidos y tras petición del fiscal han sido ingresados en prisión acusados de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, desordenes públicos y riña tumultuaria.

 

Sin conocerse el sumario ni las declaraciones de los detenidos, con la información de los medios de comunicación y declaraciones de testigos de parte publicadas, el razonamiento lógico no conduce a pensar que las cosas pasaran como exponen los guardias civiles y parece más coherente el que exponen los agresores y sus familias. Los guardias dicen que sus agresores estaban celebrando la comunión en un parking público y que al llegar ellos les prohibieron pasar y la emprendieron a palos. Un parking donde había coches de otras muchas personas de los bares cercanos donde no consta ningún problema con ningún otro ciudadano, y, sin razón alguna, los familiares y amigos de la comunión deciden que nueve hombres que iban a coger sus coches merecen una paliza. ¿Lógico, verdad?

 

 Si los guardias civiles pretendieron entrar al bar que estaba alquilado ignorando dicho extremo y no se identificaron porque estaban en una actividad particular y se provocó una riña no se puede considerar que fueran agresiones a agentes de la autoridad.

 

Es más, un agente de la autoridad no puede hacer uso de esa condición ante cualquier asunto particular, como el caso que nos ocupa. Y si los hechos son como cuentan los ya encarcelados y sus familias y amigos, que quisieron entrar donde no debían y provocaron la pelea no vale luego identificarse como guardias civiles, porque España, aunque mucha gente no lo crea (y muchos uniformados tampoco) es un estado de derecho donde la ciudadanía tiene derechos civiles, y un agente de la autoridad lo es solo en el ejercicio del cargo o cuando presencia un delito y se identifica, pero no cuando participa en una trifulca como la que nos ocupa.

 

El ambiente de alarma social creado en Algeciras en las últimas semanas, con asalto a un hospital para liberar a un detenido, la incautación de grandes cantidades de droga, la muerte del niño antes citada, una manifestación y un todavía confuso hecho sin aclarar con tres disparos en una intervención policial en la misma tarde en que decidía sobre la suerte de los ocho detenidos, pueden ser el condimento necesario para convertirlos en cabezas de turco contra los que llevar a cabo una actuación ejemplarizante más allá del análisis riguroso de los hechos.

 

Reseña de la Juez “a la coherencia, verosimilitud, espontaneidad y meridiana claridad esgrimida por los Agentes Denunciantes”