Redacción CA.- En el día de ayer, la exconcejal de Urbanismo del ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, elevó a la Defensora del Pueblo (Soledad Becerril Bustamante), una queja sobre lo que ella y otros encausados entienden supone una clara vulneración de derechos constitucionales con motivo de la operación desplegada por la Policía el pasado 13 de abril en la ciudad de Granada.
Nieto, que se encuentra investigada (imputada) en la causa que se sigue desde el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada, desgrana en su extensa denuncia ante la institución del Defensor del Pueblo (que publicamos íntegra como documento anexo) todas las circunstancias que rodearon su detención y registros domiciliarios o profesionales.
El Auto que autorizaba la entrada y registro de domicilios advertía que “dicho registro deberá llevarse a cabo en la forma y manera que detalladamente regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, y a juicio de Nieto «no se ha cumplido».
«El montaje y la espectacularidad de la actuación – escribe Nieto a Soledad Becerril– mediante un desembarco de 200 policías que se desplazan desde Madrid para tomar armados los domicilios de personas desarmadas, cortando previamente las calles de la ciudad y evacuando a cientos de funcionarios de los edificios municipales, de forma similar a las emergencias por terrorismo, es contrario a la Ley. No es necesario relatar la alarma social que se produjo en la ciudad el día 13 de Abril, con un despliegue de vehículos policiales y cortes de calles, tanto en los edificios municipales como en los domicilios personales, que hizo pensar a los ciudadanos que se trataba de un atentado. El espectáculo a nivel nacional e internacional, con medios de prensa de todas las cadenas apostados en los sitios adecuados desde las 7.30 de la mañana, para retransmitir en directo los acontecimientos es notorio y no es necesario adjuntar a esa oficina del Defensor documentación acreditativa de los hechos. E igual de notorio resulta el hecho de que se ha comprometido gravemente la reputación de todas las personas afectadas, sean o no culpables de algo, infringiéndose la Constitución y la norma procesal penal».
La queja concluye con un deseo: «Es posible que dentro de 6 o 7 años conozcamos la noticia de que se archivan las diligencias previas por no encontrarse delito alguno. Pero la vulneración de la Constitución se ha producido el día 13 de Abril de 2016. Y la dignidad y el honor nunca se recuperarán. La intervención del Defensor debe dirigirse a evitar que en un futuro se repitan estas circunstancias, requiriendo a las instituciones responsables a efectos de que se abstengan en el futuro de llevar a cabo actuaciones injustificadas, desproporcionadas, innecesarias y sobre todo anticonstitucionales, recuperando el respeto a la Constitución y demás normas que la desarrollan, respetando nuestro estado de derecho».
«La vulneración de la Constitución se ha producido el día 13 de Abril de 2016. Y la dignidad y el honor nunca se recuperarán».