No, los andaluces no éramos los más corruptos

 

Durante décadas, Andalucía cargó con la etiqueta de región corrupta por excelencia. La tierra del PER, de los subvencionados, del dinero público que se evaporaba entre amigos y enchufados. Era un relato útil, sobre todo para quienes lo agitaban cada cuatro años en campaña. El problema es que, cuando se miran los datos comparados —los de Valencia, los de Madrid, los de Cataluña—, la imagen no resiste. Andalucía tuvo corrupción real, grave y documentada. Pero no fue la primera. Solo fue la más señalada.

 

El origen del estigma

Hay imágenes que se instalan en el imaginario colectivo y duran más de lo que merecen. El PSOE gobernó la Junta de forma ininterrumpida durante treinta y siete años, de 1982 a 2018. Ningún otro partido ha mantenido ese monopolio en ninguna comunidad autónoma de la democracia española. Más tiempo incluso que Jordi Pujol en Cataluña. Aunque nadie convirtió a Pujol en sinónimo del catalán corrupto con la misma facilidad con que se construyó el andaluz subvencionado.

A eso se sumó un modelo económico que hacía a Andalucía especialmente dependiente del Estado. La comunidad más poblada de España era también la de mayor desempleo estructural, la más agraria y la que más necesitaba el PER —el Plan de Empleo Rural— para garantizar rentas a jornaleros en una economía estacional. El PER no fue en sí mismo corrupto: fue un instrumento de supervivencia para cientos de miles de familias del campo andaluz. Pero también fue una palanca de clientelismo formidable. El alcalde que firmaba las cartillas del jornalero tenía los votos garantizados. Eso no es exclusivo de Andalucía —ocurre en cualquier territorio donde hay dependencia de prestaciones públicas y partido hegemónico—, pero aquí la combinación fue especialmente llamativa.

Esa estructura —dependencia económica, partido sin alternativa real durante décadas, control de las subvenciones— creó el caldo de cultivo para lo que vino después. Y cuando los escándalos brotaron, el relato ya estaba listo para recibirlos. Andalucía no era solo el lugar donde había habido corrupción: era el lugar donde la corrupción era sistémica, donde formaba parte del ADN político de la región. El problema de ese relato es que confundía visibilidad con frecuencia. Los escándalos andaluces fueron sonoros, duraderos y bien documentados. Pero «bien documentado» no significa «más frecuente». Significa, muchas veces, que había jueces dispuestos a investigar y periodistas dispuestos a publicar.

Conviene añadir un dato que la memoria colectiva tiende a omitir: un porcentaje notable de los periodistas que investigaron los ERE y otros casos de corrupción socialista pasaron, en 2018, a ocupar puestos en las estructuras de comunicación y propaganda del nuevo gobierno de la derecha andaluza. Que cada uno saque sus propias conclusiones sobre la pureza de los motivos.

 

Los casos: qué pasó realmente

Un repaso honesto exige distinguir desde el principio tres tipos de casos que el debate público funde en uno solo: la corrupción directa —robo, cohecho, enriquecimiento personal—, la mala gestión institucionalizada —el sistema ERE—, y el clientelismo municipal de toda la vida. Son cosas distintas, con consecuencias penales distintas y con responsabilidades morales distintas. Mezclarlas es cómodo, pero deshonesto.

El caso Juan Guerra (1989–1991) fue el primero en revelar la filosofía de fondo: el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra usó una dependencia de la delegación del Gobierno en Sevilla como despacho privado para hacer negocios y cobrar comisiones de alcaldes socialistas. El escándalo forzó la dimisión de Alfonso Guerra como número dos del Ejecutivo de González. Judicialmente fue un fiasco: Juan Guerra resultó absuelto de cohecho y malversación, condenado sólo por fraude fiscal. El daño fue político e institucional. Y marcó el inicio del declive moral del felipismo. La expresión «la Junta colabora con los que colaboran» tardó años en acuñarse, pero la filosofía llevaba tiempo instalada.

El caso ERE es el mayor escándalo de corrupción autonómica de la democracia española, aunque requiere una aclaración que casi nadie hace: los 680 millones de euros que figuran en la sentencia no son dinero robado. Son el volumen de fondos canalizados a través de un sistema ilegal de ayudas diseñado para evitar cualquier control administrativo. Una parte significativa llegó a trabajadores con derecho real a esas prestaciones, aunque por cauce irregular. A día de hoy Moreno Bonilla las sigue pagando religiosamente. El fraude neto —dinero a intrusos sin derecho, a empresas afines y a intermediarios como el «conseguidor» Juan Lanzas— se estima entre 100 y 150 millones, aunque nunca se cuantificó con precisión porque los beneficiarios individuales no llegaron a ser juzgados. El Tribunal Supremo confirmó en 2022 la condena del expresidente Griñán a seis años de prisión y del expresidente Chaves a nueve de inhabilitación. En 2024 el Tribunal Constitucional anuló la condena de Griñán y ordenó revisar la de Chaves, dejando la causa en un limbo jurídico que la convierte en el mayor escándalo de la historia española condenado y luego parcialmente descondenado. Lo que los tribunales sí probaron es que los dos presidentes diseñaron y mantuvieron la arquitectura que hizo posible el fraude. No se llevaron el dinero al bolsillo. Ningún dirigente socialista fue pillado nunca con cuentas en paraísos o patrimonios sospechosos. No robaron, pero construyeron el bolsillo.

El detonante de todo fue Mercasevilla. Dos directivos de la empresa mixta del Ayuntamiento de Sevilla fueron grabados en 2009 pidiendo 450.000 euros a unos empresarios a cambio de una concesión, aludiendo a «niños saharauis y carteles de Felipe González» como destinatarios habituales del dinero. La grabación fue entregada en Presidencia a Chaves – a su jefe de gabinete Juan Gallo– y el presidente, tras escucharlas, ordenó que las grabaciones y su contenido fuesen llevadas a la Fiscalía de Sevilla con María José Segarra como Fiscal Jefe y así se hizo. De por medio el PP se adelanta y formula denuncia en el juzgado Nº 6 y el asunto llegó a la jueza Mercedes Alaya el 31 de marzo de ese año, abriendo desde ese momento una caja de Pandora que tardó más de una década en cerrarse.

La Fundación FAFFE, creada para financiar cursos de parados, desvió fondos a gastos del partido, a viajes y, según varios testimonios judiciales, a servicios de prostitución. Es el aspecto más sórdido de todo el entramado, junto a la figura del llamado «chófer de la coca». Varios ex directivos fueron condenados a prisión e inhabilitación. El dinero del puterío fue reintegrado.

La empresa pública Invercaria, por su parte, creada en 2005 para financiar pymes innovadoras, se convirtió en una máquina de repartir créditos sin control a empresas vinculadas al PSOE. Más de treinta piezas judiciales en catorce años, cuatro con condenas firmes, y en febrero de 2026 el juzgado procesó a siete nuevos exdirigentes socialistas. La causa sigue abierta. Es el caso que mejor ilustra cómo funciona la corrupción de largo recorrido: no un robo, sino un sistema de favores y retribuciones que se retroalimenta durante años hasta que alguien tira del hilo.

Y no solo los políticos. UGT-Andalucía desvió 40,6 millones de euros en subvenciones de la Junta —destinadas a cursos de formación para parados— a actividades propias del sindicato mediante facturas falsas. No es un caso de políticos robando: es un caso de una organización obrera robando a los obreros que decía representar. En noviembre de 2024 la Audiencia de Sevilla condenó al exsecretario general a tres años de prisión y 50 millones de multa. Lo más significativo es que, desde entonces, el principal sindicato de Andalucía ya no siguió siendo el mismo. En términos taurinos el ‘Caso Ugt-Andalucía’ supuso una especie de ‘afeitado’ del que la UGT se sigue resintiendo hasta la actualidad.

 

El universo Marbella: corrupción sin siglas

Jesús Gil y Gil gobernó Marbella durante once años con una mezcla de populismo desbocado, vínculos con mafias europeas y saqueo sistemático de las arcas municipales. No era exactamente un político al uso: era un avispado constructor que había matado a 58 personas en el derrumbe de Los Ángeles de San Rafael en 1969; pagó para salir de la cárcel y construyó desde cero un partido propio que le permitió hacer lo que quiso durante más de una década en Marbella, La Línea, Estepona, Ceuta y Melilla. El Tribunal de Cuentas cifró en 108 millones lo que desvió directamente. Los casos Saqueo I y II añadieron otros 70 millones malversados y un fraude a la Seguridad Social de 91 millones. Gil murió en 2004 antes de sentencia firme. Su famoso caballo ‘Imperioso’, también desapareció.

La Operación Malaya, que vino después, fue la mayor operación contra la corrupción urbanística de la historia de España. Juan Antonio Roca, el asesor que controlaba de facto el Ayuntamiento bajo tres alcaldes distintos, construyó un sistema de sobornos sistemáticos a cambio de licencias urbanísticas. Noventa y cinco imputados. El Tribunal Supremo confirmó diecisiete años de prisión para Roca y una multa de 240 millones. Cincuenta y tres condenados. El último fugado —Carlos Fernández, exconcejal andalucista que vivió diecinueve años en Argentina con nombre tuneado— se entregó en 2025 y fue condenado a una multa de 4.000 euros tras acordar con la Fiscalía. A veces la justicia llega. Y a veces llega de rebajas.

En Estepona, el caso Astapa fue una copia del modelo Marbella en el municipio vecino: caja B alimentada por constructores, convenios urbanísticos irregulares, perjuicio estimado de 28 millones. El resultado judicial, dieciséis años después, fue tan decepcionante como predecible: el exalcalde Antonio Barrientos fue condenado a cinco meses de inhabilitación y 40.000 euros de multa, penas tan leves que la propia Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir. Ejemplo de manual de cómo el tiempo destruye la justicia.

Pero en el Caso Astapa hay un elemento fundamental del que se hablaría mucho tiempo después, con el sumario avanzado, y que quizás explique algo mejor todo: en Estepona tenía intereses el entonces comisario José Villarejo y se sabría que su mano pudo estar detrás de las más sucias etapas de aquella macro investigación.

 

La corrupción del PP en Andalucía

Conviene no olvidar que la corrupción en Andalucía no fue patrimonio exclusivo del PSOE. Manuel Rodríguez de Castro, delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz nombrado por el gobierno de Aznar, desvió subvenciones millonarias de la sociedad RILCO —una red de comercio electrónico que nunca llegó a funcionar— a sus propias cuentas. El Tribunal Supremo confirmó en 2015 ocho años de prisión y una multa de ocho millones de euros. El PP de Cádiz no tuvo inconveniente en reclamar responsabilidades al PSOE por sus escándalos mientras el suyo se investigaba. La hipocresía es bipartidista.

En El Ejido, la Operación Poniente fue el mayor escándalo de corrupción municipal de la provincia de Almería, destapado por periodistas tras acceder a «un ronco» del ayuntamiento de El Ejido y documentación reservada aportada por los trabajadores de Elsur. El alcalde Juan Enciso y la empresa mixta Elsur malversaron 58,8 millones entre 2002 y 2009 mediante un entramado de subcontratas con sobrecostes que llegaron a triplicar el coste real de los servicios. La instrucción duró nueve años, el juicio dieciocho meses y la sentencia tardó 626 días en llegar desde que concluyeron las vistas. A estas alturas de 2026 siguen pendientes resoluciones en el Tribunal Supremo. De la misma forma que un paseo por El Ejido hoy devuelve con carteles a algunas de las empresas implicadas en la OP a la actividad de las obras públicas adjudicadas ahora por el PP. La dilación en los procedimientos judiciales, una tradición española que se cumple con precisión. Eso y la mala memoria.

 

Los casos que no eran lo que parecían

El caso Aznalcóllar empezó como una disputa por la adjudicación de una concesión minera y terminó conectando a un hombre de la órbita de María Jesús Montero con una trama nacional de presunta interferencia en la justicia. La empresa canadiense Emérita Resources denunció en 2014 el amaño del concurso convocado por la Junta. El principal acusado fue Vicente Fernández Guerrero, secretario general de Industria bajo la presidencia de Susana Díaz y hombre de confianza de Montero, que lo llevó consigo a Madrid como presidente de la SEPI cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. En octubre de 2019 tuvo que dimitir de la SEPI al ser imputado en Sevilla. Montero optó por dejar el cargo vacante durante dieciséis meses en lugar de nombrar un sustituto de inmediato. La oposición interpretó que le estaban guardando el sitio.

En diciembre de 2025 la Audiencia de Sevilla absolvió a los dieciséis acusados y calificó la acusación de infundada. Hubo fanfarria, pero sin pasarse. La Fiscalía había pedido la absolución desde el principio. El mismo día de esa absolución, Fernández Guerrero era detenido por otra causa: presuntas irregularidades en contratos vinculados a la SEPI, junto a Leire Díez, exmilitante socialista conocida como «la fontanera» del partido. Según el auto del juez Santiago Pedraz, ambos coordinaron desde 2024 acciones dirigidas a obtener información sensible sobre los jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban causas que afectaban al PSOE y al Gobierno. Cerdán, Zarrías y la gerente del partido acabaron imputados a finales de mayo de 2026. La absolución andaluza no despejó el horizonte. Lo despejó de un cargo y lo situó en otro.

Al respecto hay un dato importante que tengo confirmado en una fuente de primera mano. Cuando Leire Diez se pone a «trabajar» sobre los juzgados de Sevilla, en su entrevista con un funcionario supuestamente informado de los altos y bajos fondos de la judicatura sevillana, además de decirle que trabajaba directamente para Santos Cerdán/Sánchez, la que parecía jefa de la ‘gestapillo’ de Ferraz no estaba interesada por los Eres según justificó in extremis Gaspar Zarrías, ni mucho menos. En esa entrevista, que estuvo acompañada por el enemigo público número 1 del Grupo Planeta, Pérez Dolset, lo que de verdad les interesaba era el caso judicializado de la mina de Aznalcóllar, conocer qué puntos débiles podrían tener quienes investigaban -jueces, guardias civiles, policías,fiscales y testigos- una operación millonaria de mucho calado y donde resultó como primer investigado el hombre de Montero en la Sepi, Vicente Fernández. El funcionario de Policia que dirigió aquella investigación judicial fue el primer sorprendido por aquella masiva absolución final.

El caso Matsa fue distinto en naturaleza. La Junta otorgó una subvención de 10,1 millones a una empresa minera donde trabajaba Paula Chaves, hija del presidente Manuel Chaves. El Supremo archivó la querella penal al no apreciar delito. Tiempo después el Tribunal Superior de Justicia condenó a Matsa a devolver el dinero en vía contencioso-administrativa. No es corrupción en sentido técnico. Es lo que se llama, con toda la elegancia del mundo, un conflicto de interés flagrante.

 

El dinero: lo que se perdió de verdad

Calcular el coste real de la corrupción en Andalucía exige el ejercicio de precisión que el debate político rara vez hace, porque las cifras grandes son más rentables electoralmente que las cifras exactas.

Sumando las cifras fijadas en sentencias firmes, el dinero público cuya malversación ha sido probada judicialmente en Andalucía desde 1989 ronda los 250 a 380 millones de euros. Ese es el fraude neto: el dinero que fue a quienes no tenían derecho a él. Si se añade el volumen total del sistema ERE —680 millones— incluyendo los fondos que llegaron a trabajadores con derecho real aunque por cauce ilegal, la cifra de dinero público gestionado fuera de la ley asciende a unos 1.100 millones. Si se incorpora la proyección de la Cámara de Cuentas, que incluyó intereses de demora y refinanciaciones, el coste total para el erario andaluz se sitúa en torno a 1.500 millones.

La diferencia entre 250 millones y 1.500 millones no es trivial. El primero es dinero robado. El segundo incluye además dinero mal gestionado, dinero concedido por el cauce equivocado a personas con derecho real, e intereses acumulados durante años. Presentar el segundo como si fuera el primero es el truco retórico favorito de quien quiere inflar el escándalo. Presentar el primero como si fuera el segundo es el truco favorito de quien quiere minimizarlo.

 

Andalucía entre sus iguales

El argumento central de este trabajo no es que Andalucía no tuviera corrupción. La tuvo. Sino que el relato que la convirtió en sinónimo de corrupción española se sostiene mal cuando se miran los datos de las otras comunidades con la perspectiva que da el tiempo que, como es bien sabido, dá y quita razones.

Madrid fue el epicentro de algunas de las tramas más graves de la democracia española. La trama Gürtel tuvo allí su segundo gran escenario, con consejeros, alcaldes y diputados del PP madrileño involucrados durante más de una década. Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, fue el eje de la Operación Púnica, que investigó contratos por valor de 250 millones adjudicados irregularmente. Los papeles de Bárcenas documentaron una caja B que operaba principalmente desde la sede nacional en Madrid. Y a estas alturas nadie sabe explicar si los 47 millones que logró reunir el tesorero del PP en Suiza son sólo suyos o los comparte con más gente. Desde luego no es nada fácil levantarle al partido más de 40 kilos sin que nadie se enterara.

El Campus de la Justicia —faraónico proyecto de la era Aguirre que nunca llegó a construirse— acumuló irregularidades cuyo coste para el erario se estima en cientos de millones. Esperanza Aguirre pidió perdón por los casos de corrupción en los municipios del PP madrileño. Nadie la convirtió en el símbolo de la corrupción madrileña.

Si hay una comunidad cuya corrupción supera a la andaluza en términos de dinero implicado, es la Comunidad Valenciana. El periodista Sergi Castillo calculó que entre 2008 y 2013 se esquilmaron 12.500 millones en recursos públicos valencianos. Esa cifra incluye no solo corrupción directa sino también despilfarro institucional y deuda contraída para proyectos faraónicos que el PP valenciano convirtió en un estilo de gobierno. Los contratos de la visita del Papa en 2006, por valor de más de 200 millones con comisiones ilegales; el caso Cooperación, con fondos de ayuda al Tercer Mundo desviados; la quiebra de Canal 9 envuelta en contratos irregulares; el caso Nóos con el entonces yerno del rey. El expresidente Francisco Camps fue absuelto del caso Gürtel en lo que muchos juristas consideran una de las sentencias más polémicas de la democracia española. Valencia fue intervenida financieramente. Andalucía también. Pero el origen de la deuda valenciana tiene una componente de saqueo organizado de una brutalidad que Andalucía, con toda su corrupción, nunca alcanzó.

Cataluña presenta un caso de corrupción sistémica que se ha analizado con más indulgencia que el andaluz, quizás porque los actores principales construyeron durante décadas un discurso de modernidad y eficiencia en el llamado pomposamente «oasis catalán» que hacía difícil asociarlos con la imagen del político corrupto del sur. El catalán, según ese relato no escrito, roba de forma más refinada. El caso del 3% —la presunta exigencia de una comisión sobre todos los contratos públicos de Cataluña para financiar a CDC— lleva investigándose desde 2005 sin haber producido todavía una sentencia condenatoria de gran calado. Es el escándalo más longevo de la política autonómica española. En 2014 el propio Pujol admitió públicamente haber ocultado durante décadas una fortuna en el extranjero. Sus siete hijos fueron enviados al banquillo en 2021. El caso sigue sin sentencia firme. Según datos del Consejo General del Poder Judicial para el período 2015–2016, Cataluña —con 303 personas juzgadas por corrupción— duplicaba en encausados a Andalucía. No es que Andalucía fuera inocente. Es que tampoco era la peor.

 

Andalucía en su sitio

Los datos desmienten el relato que convirtió a Andalucía en el arquetipo de la España corrupta. La comunidad lideró el recuento de causas abiertas a nivel autonómico —84, según el estudio más completo disponible—, pero ese liderazgo refleja también algo que nadie menciona: Andalucía tuvo la mayor actividad judicial anticorrupción del país. La jueza Alaya, los fiscales de Sevilla y los juzgados de Málaga, Almería y Cádiz trabajaron con una intensidad que no tuvo parangón en otras comunidades. Que haya más causas abiertas no solo significa que hubo más corrupción. Significa que hubo más investigación.

La etiqueta de «tierra de subvencionados» sirvió además para ocultar una injusticia estructural: Andalucía recibió más subvenciones que otras comunidades porque tenía —y tiene— el mayor desempleo de España, no por defecto cultural ni por pereza meridional. El PER no creó la pobreza en el campo andaluz. La encontró allí, instalada desde el siglo XIX. Y el hecho de que algunos políticos lo usaran como instrumento de clientelismo no convierte el instrumento en el problema.

La corrupción en Andalucía fue real, extensa y sistémica en algunos casos. Pero fue exactamente la misma corrupción que creció en Valencia, en Madrid, en Cataluña y en Baleares: la corrupción de un partido que gobierna demasiado tiempo sin suficiente control, en un territorio con instituciones demasiado débiles para resistir. La diferencia no está en los hechos. Está en el relato. En Andalucía el escándalo fue la identidad. En los demás sitios, el escándalo fue el escándalo. Y como fondo a todo el gran error de la política andaluza en las últimas décadas, no dotarse de un músculo empresarial mediático hecho y dirigido desde Andalucía, defendiendo los intereses de los andaluces.

Mediáticamente Andalucía está colonizada. Triste realidad.