Las mascarillas y la doble vara de la Justicia

 

Y el vecino se hartó. Hay un detalle en el caso maletines Covid  de Andalucía que merece más atención de la que ha recibido y que lo convierte en algo cualitativamente distinto a la mayoría de los escándalos de corrupción que pueblan la crónica política andaluza. Félix Guerrero Arias, el empresario asturiano de Harmonium Healthcare que quería venderle a la Junta unos maletines con cien pruebas rápidas de Covid, no era un extraño que llamó a la puerta equivocada. Era el vecino de veraneo de Elias Bendodo en Manilva, alguien con quien el consejero de Presidencia compartía urbanización, días de asueto y, según se deduce de los hechos, la suficiente confianza como para que la esposa de Bendodo le facilitara un correo electrónico privado de su marido para hacerle llegar el dossier del producto. Un amigo. Un vecino. Alguien de dentro.

Pues bien, ese amigo del consejero de Presidencia fue al que Guillermo González Pérez, el asesor del consejero de Salud Jesús Aguirre, quiso presentar una factura de cinco millones de euros en concepto de comisión sobre una operación de poco menos de veinte millones. Un veinticinco por ciento de mordida, pagadero con dinero público, para repartir entre «los de arriba», en palabras recogidas en las grabaciones que obran en el sumario. Fue entonces cuando el empresario Guerrero Arias llamó a su vecino Bendodo, se llevó las manos a la cabeza y dijo que él no entraba en ese juego.

La pregunta que nadie ha formulado con suficiente claridad es esta: ¿qué habría pasado si la comisión hubiera sido de medio millón? ¿O de doscientos mil euros? ¿Habría llamado igualmente el empresario a su amigo el consejero, o habría pagado, cargado el sobreprecio a la factura final y santificado el asunto? La lógica de lo que se describe en el sumario apunta a que el mecanismo funcionaba. Que había un entramado, un modus operandi, un personal nombrado a dedo y unos intermediarios con experiencia en este tipo de operaciones. Lo que no funcionó fue la avaricia. Cinco millones de una tacada resultaron demasiado escandalosos incluso para alguien que había decidido entrar en el sistema de acceso rápido a la contratación pública que ofrecía la amistad y vecindad con Bendodo. La corrupción se detuvo no porque el sistema tuviera anticuerpos, sino porque se pasaron de frenada.

 

Mientras tanto, en Almería

El caso de los maletines no fue un accidente aislado ni una excentricidad sevillana. Fue parte de un patrón que recorrió toda Andalucía y toda España mientras la gente moría y los gobiernos abrían la manga de la contratación de emergencia. A muchos kilómetros de Sevilla, en la Diputación de Almería gobernada por el PP, se tejía al mismo tiempo otra trama que hoy, esta misma semana del 5 de junio de 2026, tiene a 43 investigados desfilando ante el juez. El expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, hombre fuerte del PP almeriense, está citado a declarar el 26 de junio. Dos exvicepresidentes de la institución ya han preferido acogerse a su derecho a no declarar. Y el defensor del verdadero numero dos, Jiménez,  se puso malito.

La UCO de la Guardia Civil sitúa a García como presunto eje central de una trama que arrancó con un contrato de emergencia para comprar mascarillas, guantes y monos de protección por valor de dos millones de euros, con sobreprecios ilícitos cuantificados en casi un millón más. Pero lo que los investigadores fueron encontrando era bastante más que un contrato hinchado: un sistema institucionalizado de amaños continuados en decenas de adjudicaciones de obra y servicios, sostenido sobre sociedades instrumentales con actividad meramente simulada. La pandemia no creó la corrupción. Le dio alas, cobertura y urgencia. Y, como era de esperar, la Justicia forzada por la actuación de un juez sustituto, está logrando que aflore a la luz del día un entramado mercantil con personas del PP al frente o detrás. Lo que era vox populi en los selectos cenáculos almerienses, lo hemos acabado viendo negro sobre blanco en papel judicial.

Porque el fenómeno de las empresas que modificaron su objeto social o se constituyeron de la nada para subirse al carro de los contratos Covid fue nacional y documentado. Una distribuidora de alimentos que de repente importa quinientos millones de mascarillas desde China. Una empresa textil que vende material sanitario a una comunidad autónoma. Sociedades creadas en las semanas posteriores al estado de alarma que facturaron millones al erario público sin acreditar ni experiencia ni solvencia. La urgencia sanitaria fue el mejor negocio de muchos. Y en ese mercado de piratas, como lo definió el propio texto de las diligencias sevillanas, los que tenían acceso político al despacho del consejero de turno llevaban ventaja sobre cualquier otro competidor. Parece que eso fue lo que sucedió en Andalucía.

 

El método Gálvez frente al método Supremo

Que el caso de los maletines llegara a la Fiscalía el 11 de diciembre de 2020 no fue fruto de ningún mecanismo institucional de control interno. Fue porque el amigo del consejero de Presidencia se negó a pagar una barbaridad. Si la mordida hubiera sido discreta, la operación seguramente habría prosperado, el maletín y sus consumibles habrían entrado en el sistema sanitario público andaluz con un sobreprecio cosido a la factura, y nadie habría sabido nada. Eso es lo que este caso revela en su dimensión más sombría: no la corrupción que se detecta y persigue, sino la que convivimos sin saberlo porque el precio que piden es razonable. Conviene en justicia dejar sentado otra cosa: los maletines, después de todos estos follones, no superaron las pruebas de idoneidad de los servicios del SAS en Sevilla (supuestamente contaminado) y Granada, que finalmente sentenció el negocio del amigo de Bendodo diciendo «no» definitivo a la compra.

La UDEF fue terminante en su atestado 317/22: «elementos de prueba e indicios suficientes para considerar la existencia de un delito contra la Administración Pública por revelación de secretos». Los investigadores documentaron el borrado sistemático de correos en el equipo del asesor Guillermo González, borrado que «carece de sentido si no es en el contexto de la investigación y el intento de eliminar posibles pruebas delictivas». Documentaron que entre el aviso de alarma del 22 de septiembre de 2020 y el expediente formal transcurrieron más de dos meses de «práctica inacción», período en el que el viceconsejero Antonio Sanz se reunió con el investigado principal. La policía concluyó que esa reunión explica por qué el entorno del asesor supo que había filtraciones antes de que nadie se lo comunicara oficialmente.

El juez Gálvez archivó el caso en diciembre de 2022 con un auto que considera razonable que un consejero de Presidencia tramitara la oferta de su vecino de vacaciones por el correo de su mujer, porque estábamos en pandemia y moría gente. No investigó la destrucción de pruebas. No investigó la filtración al principal imputado. Sobre cómo supo el clan gaditano de Manuel García Gallardo que había un negocio caliente de veinte millones en la sanidad pública andaluza, el juez escribió que se «desconoce cómo aparecieron en el proceso de ofertas» y ahí lo dejó. Libres de polvo y paja. Nadie entendió nada.

 

En el Supremo, el mismo guión con distinta firma

Colóquese ahora el lector en el Tribunal Supremo en este mismo junio de 2026. El exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama llevan catorce jornadas de juicio oral, con el fiscal anticorrupción pidiendo 24 años de cárcel para el exministro y toda la prensa nacional pendiente de cada declaración. También contratos de material sanitario durante la pandemia. También comisiones millonarias. También funcionarios que miraban hacia otro lado mientras el dinero público lubricaba negocios privados. La causa está vista para sentencia desde el 6 de mayo. Nadie discute que si los hechos son ciertos merezcan esa respuesta. Lo que resulta difícil de explicar con la vara recta del periodismo es por qué esa energía institucional no viajó nunca a Sevilla cuando los correos eran del PP y los maletines venían de la casa del vecino, ni a Almería cuando la UCO identificaba a 43 investigados y sobreprecios de casi un millón de euros en contratos de emergencia.

 

Kitchen y el Estado que se espía a sí mismo

El caso Kitchen, la operación del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy para espiar al tesorero Luis Bárcenas usando medios policiales del Estado, está siendo juzgado en 2026 con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo y quince años de cárcel pedidos por la acusación. Es una buena noticia que haya llegado hasta aquí. La mala es que Kitchen fue diseñada precisamente para destruir las pruebas de la financiación irregular del PP, de modo que el núcleo del problema nunca podrá ser juzgado porque las pruebas desaparecieron cuando el Estado mismo las robó. Pero lo más grave de todo y que como demócratas debe alarmarnos es comprobar como, de fondo, lo que estamos constatando es como un gobierno ha usado los medios del Estado para liquidar al adversario político, incluso con pruebas inventadas como el Informe PISA contra Podemos.

Cuando la corrupción se protege con los instrumentos del Estado, la Justicia llega tarde, mutilada y a menudo satisfecha de sí misma por llegar. Del caso Cristóbal Montoro hablamos otro día.

 

Begoña Gómez y la acusación popular como palanca

El juez Peinado ha pospuesto al 15 de junio la audiencia preliminar del caso Begoña Gómez. La Fiscalía no aprecia delito y pide el archivo. La acusación popular pide 24 años de cárcel. Que eso sea posible mientras en Sevilla un juez archivó un caso con informe policial favorable a la persecución penal y en Almería 43 investigados llevan décadas en la Diputación sin que los medios nacionales hayan dedicado ni una décima parte de la atención que acapara la esposa del presidente dice algo importante sobre cómo funciona el sistema: no hay dos varas de medir, hay dos sistemas distintos operando con la misma bandera.

 

El silencio que se paga

Cuando los ERE sacudieron la Andalucía socialista, los titulares duraban semanas y las tertulias competían en indignación ética. Periodistas que hoy trabajan para el gobierno del PP en la Junta o en Canal Sur TV —con el Dircom Sebastián Torres como icono de esa generación— dedicaron años a denunciar la corrupción socialista con un rigor que en aquel momento fue legítimo y necesario. Lo que ya no es ni legítimo ni honesto es que esos mismos estándares no se apliquen al caso maletines, a los 43 investigados de la Diputación de Almería, a los contratos Covid hinchados con objeto social cambiado a última hora. El silencio de aquellos fiscalizadores cuando las siglas cambian no es neutralidad. Es una toma de partido disfrazada de discreción, y tiene un precio que se mide en millones de publicidad institucional.

 

Lo que delata la avaricia

Hay una moraleja incómoda en el caso maletines que apunta a algo estructural. La corrupción no salió a la luz porque el sistema funcionara. Salió porque cinco millones fue demasiado. En Almería, la trama habría seguido funcionando indefinidamente de no haber llegado la UCO a las ordenes de una jueza en Barcelona que destapó parte del pastel. En toda España, decenas de empresas modificaron su razón social, facturaron a las administraciones y desaparecieron sin que nadie les pidiera cuentas. El caso Ábalos merece toda la cobertura que está recibiendo. Pero esa vara —la del rigor sin excepciones, el mismo rasero independientemente del carnet— es la que debería haberse aplicado también en Sevilla y en Almería. No se aplicó. Y los lectores tienen derecho a saber que no se aplicó. Lo demás es literatura.