Pedro Sánchez, su doctorado y todo lo demás

Quiere el presidente Pedro Sánchez abrir una Comisión de la Verdad sobre la dictadura y la que necesita el país es sobre la democracia, sobre cómo se pudo evolucionar desde la dictadura a este sistema podrido, donde no aparece ninguna institución digna de crédito porque en todas se han producido prácticas de nepotismo o manipulación por intereses políticos. Haría bien Pedro Sánchez en explicar en el parlamento cuántos años de doctorando hizo, en qué universidad (la Camilo José Cela que lo doctoró dice que fue en la Universidad Complutense), en qué años, y cómo asistió a clase si era concejal en el ayuntamiento de Madrid, diputado nacional o asesor de José Blanco, porque si nos vamos más atrás en el tiempo los años de estudio de su tesis no servirían, al estar reglado que debe producirse la lectura de los trabajos realizados transcurridos un máximo de tres, o excepcionalmente cinco años desde que se concluye.

La política en España es una cloaca, una zahúrda donde se puede mentir impunemente y donde el fariseísmo y la hipocresía toman carta de naturaleza.

Si son graves las sombras de duda sobre el doctorado de Pedro Sánchez no lo es menos el máster y la carrera de Pablo Casado. Basta ver el parón y falta de avance en sus estudios durante siete años, y el acelerón de aprobar en tres meses lo que no aprobó en años anteriores para concluir sin género de dudas que ello fue posible por el empuje de su partido político, el PP, que hizo trampas para mejorar la situación de su representante. Y el mismo impulso encontró Pedro Sánchez de su partido en la Universidad Camilo José Cela cuyo rector era Rafael Cortés Elvira, destacado político en gobiernos de Zapatero, o Pablo Iglesias, cuando fue nombrado profesor interino en su universidad, en este caso desde el entorno de Izquierda Unida.

Un sistema político donde el “y tú más” es moneda de uso diario. Donde nacieron partidos nuevos por la práctica del bipartidismo PP y PSOE y donde los líderes de aquel que venía a asaltar el sistema aparecen ya implicados en las mismas prácticas que los políticos que ellos llamaban de la Casta (y que dejaron de llamar cuando accedieron ellos a esa condición). Tenemos a uno que siendo joven sin trabajo dispuso de 50.000 euros para adquirir una vivienda que pronto vendió especulando (Ramón Espinar); otro que fue elegido para hacer un trabajo sobre una materia que le era desconocida y cobró varios miles de euros por ello (Errejón); otro que no abonaba la seguridad social de su asistente personal (Echenique), y otro que consideraba enemigo del pueblo a quien se gastara 600.000 euros en una vivienda, para pasar a comprarse una de más valor poco después y mantener su discurso, además de haber sido miembro destacado del CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) financiado por Venezuela, o actuar como presentador (cobrando) en un programa emitido a través de una tv iraní, país que exige a sus mujeres vestir el chador y que ahorca a los homosexuales (Iglesias).

El problema de la inmoralidad con la que se actúa en política en España es de una hipocresía y cinismo que son señas de identidad propia, que no son aceptables en países democráticos de nuestro entorno.

Que Pedro Sánchez amenace como un macarra desde el sillón de presidente del Congreso a Albert Rivera porque le pregunta por su tesis, o que los afiliados del PP hayan elegido a Pablo Casado cuando ya había datos suficientes para concluir que no ha obtenido ni el máster ni posiblemente la carrera con esfuerzo sino con privilegios y trampas define nuestra sociedad.

Que exista un informe de la Alta Inspección del Estado sobre el adoctrinamiento en Cataluña y que ni el Gobierno anterior ni este hayan actuado los coloca más cerca de la traición que de la política responsable. Están permitiendo que se fortalezca el supremacismo fanático de los nazis en Cataluña, que adoctrinan a niños o que impiden, concentrándose ilegalmente, una manifestación legal de personas que quieren que no se extermine allí el uso del español.

Y los violentos radicales son protegidos por la policía autonómica sin que transcurridas 24 horas el Gobierno de la nación, responsable de proteger el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se haya dado por enterado.

El presidente del Gobierno anuncia ahora que quiere una reforma de la Constitución mediante acuerdo para eliminar los aforamientos. Los aforamientos solo de los políticos y para aquellos asuntos que no tengan que ver con la práctica política. Una medida que se queda muy corta y que nos mantendría como el país con más aforados del mundo. Es una simple excusa para pasar página de su doctorado. Una trampa para niños de parvulario. Pedro Sánchez debería convocar elecciones y plantear en su programa esa y otras medidas que pretenda aplicar. Para ampliar la democracia y combatir la corrupción la medida más eficaz es respetar la democracia y eliminar los discursos tramposos, demagógicos y cínicos de la práctica política. No mentir, no manipular, no hacer trampas. Y esa asignatura no la ha aprobado todavía Pedro Sánchez ni la mayoría de políticos del país.