No queda ninguna institución limpia en el país. De todas se han publicado noticias que dejan en evidencia la carencia de ética para regir las funciones encomendadas. Desde la Corona hasta los desempleados que cobran el subsidio o el PER, pasando por ONGs, federaciones deportivas, Congreso, Senado, partidos políticos, Tribunal de Cuentas y todo el largo etcétera que se quiera añadir, evidencian que la corrupción en España es una pandemia que, por su extensión y tiempo de supervivencia en el organismo del Estado, amenaza con destruir los cimientos democráticos. Si hay corrupción no hay democracia y en España sobra de lo primero y tenemos un déficit de lo segundo.
Ha habido 40 años de normalización de las prácticas corruptas (que ya existían con Franco, en una dictadura no podían denunciarse y ahora en esta democracia de baja calidad tampoco), y no parece que haya ninguna voluntad política de resolverlo, porque solo interesan las prácticas corruptas si afectan a alguien de otro partido mientras por la misma práctica se mira para otro lado si quien lo hace es del nuestro. Denunciar a un superior, mando o político por prácticas corruptas supone exponerte a perder el empleo, a querellas, sanciones y expedientes de los que tendrás que defenderte con tu patrimonio, que si eres honrado y funcionario será muy escaso, mientras el corrupto denunciado tiene abogados gratis y el poder de presionar en todas las instancias contra ti. Algo conozco de ese asunto desde mis 63 denuncias/querellas y 12 expedientes disciplinarios, todas por denunciar abusos o prácticas de quienes se creían impunes.
Algo conozco de ese asunto desde mis 63 denuncias/querellas y 12 expedientes disciplinarios, todas por denunciar abusos o prácticas de quienes se creían impunes.
En la Policía es normal buscar “padrinos” si quieres que tu hijo ingrese (si eres policía o conoces a alguien dentro), o para ascender, o para ocupar un puesto de trabajo con más salario y baremo que te facilite el ascenso, o el destino en unidades con un salario muy superior por dietas, o en una embajada, o el ingreso por la escala ejecutiva donde es habitual que ingresen hijos de mandos, o si alguno no lo consigue y entra por la básica, si tu padre es alto mando puede ocurrir por ejemplo que te detengan tres veces por agredir borracho a una prostituta, a tu superior inspector o a un policía local, o por amenazar con el arma y robar el teléfono a un ciudadano que tu padre maniobrará para que mientras se dilucida el asunto pueda ascender a subinspector a la primera.
En la Policía la corrupción existe con la misma normalidad que en todas las instituciones del Estado. No somos una excepción. La primera de todas las prácticas corruptas es el abuso que supone vulnerar los derechos civiles de la ciudadanía, con millones de identificaciones arbitrarias a cualquier persona, si son jóvenes con cacheos, que propicia la “ley Mordaza” y antes la “Corcuera”, a pesar de que el Tribunal Supremo, en pronunciamiento sobre la primera de ellas, decía que “se puede identificar a una persona en la calle por dos circunstancias: cuando sea sospechoso de que ha cometido un delito o de que pueda cometerlo”. De eso a organizar controles en una estación de autobuses identificando a todas las personas que bajan de ellos por una apuesta entre dos jefes de Zs (una inspectora -hija de un mando policial- y un Oficial) hay un largo trecho que aquí superamos de inmediato, siendo alentados a actuar así por los responsables profesionales y políticos. En ningún país de nuestro entorno la Policía puede identificar en la vía pública a cualquier persona sin motivo alguno, a capricho, para hacer estadísticas; en cualquier país eso es una flagrante vulneración de los derechos civiles del ciudadano. Aquí lo hacemos por millones cada año.
¿Por qué en España pasan estas cosas que no pasan en otros países?
Aceptamos las prácticas corruptas como algo cotidiano. Todos sabemos que hay quienes falsean datos para obtener beneficios en prestaciones sociales, obtienen másteres que no han hecho, o usan para asuntos personales privilegios que no tienen políticos de otros países ni para el desempeño de su cargo. Está asumido por la sociedad. ¿Por qué en España pasan estas cosas que no pasan en otros países? Porque el tránsito del régimen de la dictadura a la democracia conllevó también trasladar los hábitos de comportamiento sin plantearse siquiera qué era o no ético conforme a normas de conducta aceptadas en países occidentales democráticos, sino que se consideró que la legitimidad democrática permitía llevar a cabo las mismas prácticas corruptas de comportamiento en la dictadura. Y Como ahora el Estado se ha descentralizado y agrandado, donde antes había un caso de corrupción porque ahí se concentraba la decisión ahora son 500. Hay quien cree que el que lo elijan o nombren en un cargo público o privado recibiendo cuantiosas subvenciones públicas, es patente de corso para tirar de tarjeta de crédito de la entidad y viajar con toda su familia de vacaciones a islas de Indonesia (Una reputada ONG), o para irse un mes de turismo a unas olimpiadas con su familia “gratis total” (Federación deportiva) y así hasta el infinito. Esto pasa porque no hay mecanismos de inspección que controlen que el gasto esté relacionado con el fin perseguido, algo que debería hacerse con todos los organismos y entidades que reciban un solo euro de financiación pública sin excepciones, desde los sindicatos policiales, universidades, Tribunal de Cuentas, empleados contratados en el Congreso, Senado, Moncloa, asesores, etc. Somos una democracia enclenque, de chichinabo, sin controles y por ello y por nuestra cultura de Rinconete y Cortadillo, hay más corrupción que en países de nuestro entorno. Y lo que no conocemos, que es mucho más.
Desde este último nombramiento como asesor ejecutivo se oye que Simancas es amigo personal del director general, con el que comparte actividades de ocio en común siendo de hecho su mano derecha como si fuese el DAO
Ha sido noticia en el diario digital “La Información” la denuncia presentada por el sindicato ASP (representativo y que no suscribió el acuerdo mal llamado de equiparación salarial con Interior) ante la fiscalía, por el acuerdo suscrito entra la URJC y la Dirección General de la Policía, por la que convalidaba con un curso académico On-Line de un año un grado en criminología, lo que en cualquier otra universidad y para cualquier otra persona exige un tiempo de cuatro a cinco años. Hace tres años un tribunal de justicia se opuso a esa convalidación tan ventajosa para los mandos de Policía.
Hace pocos días un medio de comunicación digital señalaba que Podemos se había infiltrado en la Dirección General de la Policía porque el que era jefe de División de Cooperación Internacional, Mariano Simancas, había sido nombrado asesor ejecutivo del director general y su hijo es dirigente de Podemos en La Haya, quien, después de dejar su padre el cargo, realizo prácticas profesionales en Europol y Eurojust. No creo que sea cierto lo primero pero sí lo es lo segundo, confirmado por el hijo en su cuenta de Facebook. El fondo del asunto que nadie ha explicado es porqué fue nombrado (con Fernández Díaz y Cosidó) tan sorpresivamente como ha sido cesado en dicha responsabilidad, siendo también cesado el mismo día el comisario general de Información Enrique Barón, a quien dos días antes había loado el director general de la Policía López Iglesias en una reunión de numerosos mandos. Desde este último nombramiento como asesor ejecutivo se oye que Simancas es amigo personal del director general, con el que comparte actividades de ocio en común siendo de hecho su mano derecha como si fuese el DAO de la actual Dirección General porque influye mucho más en el director que los jefes centrales. En cambio hay quienes adjudican esa labor de asesor y ascendencia sobre el director al exjefe de la División de Personal Eusebio Escribano, jubilado con la medalla de plata y amigo del actual director desde que coincidieron uno como jefe superior de Extremadura y el otro como delegado del Gobierno. Sea como fuere, la pregunta es siempre la misma ¿si eso es vox populí entre mandos de la Policía, porqué nadie lo expone? Si Simancas o Escribano están actuando más allá de sus atribuciones, extremo que no creo, ¿Por qué nadie lo dice? Porque quien lo haga se señala y porque el poder de quien manda y toma decisiones que pueden afectar a tu carrera profesional no tiene control. No depende de tu profesionalidad, conocimientos o dedicación que puedas ocupar un cargo de mayor o menor responsabilidad sino de la decisión arbitraria del director general de la Policía, o de los jefes centrales, y así sucesivamente hasta llegar al último escalón profesional en la Policía.
Diga lo que diga la justicia, que concedan una medalla roja a un jefe superior y la nieguen a policías bajo sus órdenes a los que han cortado el cuello, o cuatro dedos, o se han arrojado a un rio a salvar a alguien o introducido en una casa en llamas es una práctica corrupta.
La concesión de medallas “rojas”, pensionadas, evidencia la normalización de prácticas corruptas en la Policía. Reguladas por una ley de 1964 para quienes ponen en riesgo su vida o sufren heridas en acto de servicio, se conceden la mayoría a mandos que dirigen la policía desde sus despachos y que nunca han puesto en riesgo su vida. Las reciben estos mandos cuando se van a jubilar para incrementar su pensión, cuando ponen en riesgo su vida sus subordinados, que se quedan sin ellas, o por actuaciones relevantes de miembros bajo sus órdenes. Esta práctica corrupta está legalizada por los tribunales de justicia porque en numerosas ocasiones se ha planteado el asunto y ha sido rechazado. Diga lo que diga la justicia, que concedan una medalla roja a un jefe superior y la nieguen a policías bajo sus órdenes a los que han cortado el cuello, o cuatro dedos, o se han arrojado a un rio a salvar a alguien o introducido en una casa en llamas es una práctica corrupta. Esa condecoración solo debiera concederse a quienes establece la ley y para la buena gestión de los mandos que lo merezca, que inventen otra sin incremento salarial.
¿Por qué existen en otras policías organismos de control del que forman parte personas ajenas a la corporación donde se presentan las denuncias y se investigan?
Para combatir la corrupción en la Policía hay que crear mecanismos de control como en todas las policías democráticas. ¿Aquí como denuncia un ciudadano si cree que ha sido víctima de una identificación ilegal por arbitraria, con cacheo en muchos casos? O en comisaria en el libro existente al efecto para quejas ciudadanas o ante los tribunales. En el primer caso es estéril porque la institución policial siempre pretende salvaguardar la imagen del Cuerpo, y en el segundo es complicado, largo y costoso y muchos abusos y malas prácticas profesionales no son delito. ¿Por qué existen en otras policías organismos de control del que forman parte personas ajenas a la corporación donde se presentan las denuncias y se investigan? Porque garantizan una eficaz protección de los derechos de la ciudadanía ante abusos policiales, cosa que en España no existe, por la misma razón por la que no existen mecanismos de control de las medallas rojas, o de las personas contratadas en el Tribunal de Cuentas (familiares de los miembros titulares del órgano), o en los organismos donde la Junta de Andalucía ha colocado desde hace años a decenas de miles de sus afines, a los que ahora quiere conceder la condición de funcionario sin haber superado ninguna oposición. Porque en España la corrupción está legalizada y protegida.