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Rodea el Congreso

Jose Manuel Sanchez Fornet
José Manuel Sánchez Fornet

Para este sábado 29 de octubre, coincidiendo con la previsible elección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno con el apoyo de Cs y PSOE, la coordinadora 25-S ha convocado una manifestación bajo el lema de “Rodea el Congreso”, de las que se han celebrado ya algunas en años anteriores y no todas bien controladas por los convocantes ni por la Policía.

El 25 de septiembre de 2012 unas 6.000 personas (según la Delegación del Gobierno), venidas de distintos puntos de España (Andalucía, Galicia, Cataluña, Valencia, País Vasco, Aragón…) acudieron a la convocatoria de una plataforma formada por 10 personas bajo el lema de “Rodea el Congreso”; en esa ocasión los manifestantes intentaron rodearlo físicamente, llegar hasta el edificio, para lo que intentaron traspasar las vallas de seguridad colocadas por la Policía para impedirlo. Durante casi media hora un grupo numeroso de violentos estuvo arrojando piedras y botellas contra una formación de UIP, que tras tener 22 bajas de policías heridos, recibieron la orden de cargar para disolver a los violentos. Las cargas se produjeron a distintas horas y por distintas calles y el balance en la mañana del día 26 era de 64 heridos (27 de ellos policías) y 35 detenidos. Nadie se acordaba a la mañana del día siguiente de las razones de la convocatoria del acto, referido a los recortes que se estaban produciendo por la crisis. Abrió noticia en todos los informativos nacionales e internacionales la violencia. El objetivo de los convocantes se había frustrado derivando en un estrepitoso fracaso.

Nadie se acordaba a la mañana del día siguiente de las razones de la convocatoria del acto, referido a los recortes que se estaban produciendo por la crisis.

Lo primero que hay que aclarar es que a pesar del nombre de la convocatoria del sábado, en esta ocasión no se pretende rodear el congreso. No se podría permitir, por ser ilegal, y la manifestación, que es legítima, legal y autorizada ya por la delegación del Gobierno en Madrid, discurrirá desde la Plaza de Neptuno (a 200 m. de la entrada principal del Congreso de los Diputados donde se concentrará a las 17,30), por el paseo del Prado, Cibeles, Alcalá y concluirá a las 21 horas en la Puerta del Sol.

Los manifestantes tienen derecho a gritar sus esloganes, portar sus banderas, defender sus ideas políticas, criticar las contrarias, y ser decenas o centenares de miles los que acudan, y durante ese tiempo y en ese recorrido la misión de la Policía será garantizar su derecho al libre ejercicio de la manifestación ciudadana. La autorización de la manifestación no permite que se cambie el recorrido (provocaría problemas de movilidad y afectaría a los derechos de otras personas), ni a originar daños en el mobiliario público o privado, ni a insultar o agredir a las fuerzas de seguridad porque nada de esto es un derecho reconocido en ninguna norma ni en ningún país del mundo.

Existen indicios, por el número de efectivos de UIPs movilizados para ese evento, de que la información policial recabada no descarta que pueda haber grupos más o menos numerosos que pretendan convertirse en protagonistas de la manifestación, bien mediante destrozo del mobiliario urbano (locales comerciales, entidades bancarias, señales de tráfico, papeleras, contenedores de basura…) bien mediante agresión a la Policía que estará presente en el acto. Se puede asegurar sin miedo a equivocarse que la inmensa mayoría de asistentes a la manifestación serán personas que ejercen su derecho de manifestación y que no participa de la violencia que pudieran ejercer unos pocos. Estos manifestantes pacíficos tienen derecho a que los violentos sean apartados de la marcha y que no enturbien un acto cívico en ejercicio de un derecho fundamental como el que nos ocupa. La Policía debe garantizar ese derecho apartando a los violentos si los hubiera, para permitir el desarrollo legal y pacífico de la manifestación. A mayor asistencia, menor riesgo de violencia. Si asisten 60.000 personas las posibilidades de que haya violentos serán menores que si acuden 6.000.

Nadie, por muy indignado que esté, tiene derecho a arrojar objetos contra la Policía, lo mismo que la Policía no tiene derecho a hacer un uso abusivo de la fuerza cuyo ejercicio ostenta legítimamente.

Lo que es un error gravísimo, que ya se ha cometido en el pasado, es tolerar agresiones a los policías sin ninguna reacción a las mismas. Tenemos el precedente de la convocatoria de septiembre de 2012, cuando durante casi media hora los violentos estuvieron arrojando objetos contra un “muro” formado por policías de la UIP que recibían la orden de permanecer estáticos, y hasta que no hubo 22 policías heridos no se dio orden de carga para acabar con los ataques. Esa catástrofe policial debería haber supuesto el cese, como mínimo, del responsable del despliegue de las UIPs y/o del comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid. Nadie, por muy indignado que esté, tiene derecho a arrojar objetos contra la Policía, lo mismo que la Policía no tiene derecho a hacer un uso abusivo de la fuerza cuyo ejercicio ostenta legítimamente. Lo que dicen los hechos es que si arrojan una piedra, una botella, y no hay reacción policial, se suman más agresores al lanzamiento de objetos, la agresión se intensifica y corren más riesgos los policías y todos los manifestantes, porque todos acaban formando parte del “campo de batalla” de los violentos.

Con estos precedentes es muy posible que el dispositivo policial contemple tener a policías infiltrados entre los manifestantes, en aquellos grupos de jóvenes, que vayan con la típica indumentaria de chandal o sudadera con capucha, pañuelo al cuello que permita cubrirse la cara, mochilas, etc., (sí, es legal infiltrarse, se hace en todas las democracias del mundo), para identificar y detener cuanto antes a los que promuevan o practiquen la violencia. Y deberían tenerse claras las órdenes para no tolerar ataques a las fuerzas de seguridad, reaccionando de inmediato con la firmeza que requiera la agresión a la que se deba responder. Ni una carga de más, respeto escrupuloso a los manifestantes no violentos, pero tampoco ni una lesión de más en ningún policía porque algún mando crea que le provoca menos problemas que haya 27 policías heridos que ordenar cargar para proteger su integridad física.

Los mandos de las fuerzas de seguridad saben que esto no es Francia (su Gobierno asumió haber ordenado un atentado contra un barco de Greenpeace, que costó la vida a uno de sus activistas, por razones de seguridad nacional –en España el agente secreto o policía habría sido condenado y expulsado en la misma situación-), ni Inglaterra (la primera ministra dijo haber ordenado y ser responsable del “fusilamiento” de cuatro miembros del IRA en Gibraltar, a pesar de que se les había informado tras su paso por España de que iban desarmados –se registraron sus vehículos y habitaciones-); aquí no hay precedentes de un político que diga “yo soy responsable de esa orden” sino al revés, nuestra historia está llena de políticos políticamente cobardes y moralmente miserables, que nunca asumen su responsabilidad ni les importa si algún policía acaba en la cárcel o expulsado por cumplir una orden (otra cosa es que la orden incurra en ilegalidad y deba cumplirse o no), con lo que los mandos saben que cualquier error será imputable a ellos y ningún político se haría responsable de lo ocurrido.

Puede ser una manifestación cívica, pacífica, de ciudadanía comprometida y militante con sus derechos, que sirva para trasladar al Gobierno el mensaje de que el pueblo está vigilante; que no se produzcan actos de violencia, y si se producen, que los autores puedan ser detenidos o neutralizados con toda la contundencia que exija la situación.