Confidencial Andaluz

Tomar en serio la prevaricación

Tomar en serio la prevaricación
12:26 | 31 de agosto, 2016
Javier_Menezo

Javier Menezo

Sostenía Lakoff que las palabras adquieren significado dentro de un marco. Cuando escuchamos o pronunciamos una palabra se activa el marco que le es propio y así quien impone su marco sea un debate político sea una discusión de amigos gana.

Nuestras élites han no han necesitado tanta elaboración doctrinal, lo han intuido. Si la corrupción ha minado la credibilidad en las Instituciones y guarda relación directa con la gravedad de la crisis que hemos atravesado lo mejor es acotar el marco, reducir su significado hasta que sea tan pequeño que por arte de birlibirloque no exista.

El pacto Ciudadanos PP lo ha dejado claro pero no ha sido sino la natural plasmación de lo que derecha e izquierda, incluido PSOE llevan tiempo defendiendo, que en la definición de corrupción no se incluye la prevaricación. Es más, como prevaricación parece fuerte, le han puesto apellido: administrativa. Prevaricación administrativa que suena a cosa de burocracia, papeleo, “cuatro papeles” como se dijo en la provincia de Almería en el esperpento que protagonizó un alcalde ahora inhabilitado.

El pacto Ciudadanos PP lo ha dejado claro pero no ha sido sino la natural plasmación de lo que derecha e izquierda, incluido PSOE llevan tiempo defendiendo, que en la definición de corrupción no se incluye la prevaricación.

Pero la prevaricación administrativa sí es corrupción aunque, a estas alturas, no extraña que se quiera apartar del concepto un delito o una actuación que solo pueden cometer autoridades. La Administración forma parte de los poderes públicos y constituye, con diferencia, el más voluminoso de todos ellos, el que consume y gasta más recursos públicos. Desde que nos levantamos dependemos de las Administraciones en la medida en que estas prestan servicios sin los cuales la vida en sociedad no es factible. La Constitución la configura como una organización dirigida por el Gobierno –cualquiera de ellos, desde el central al autonómico o local- que tiene por misión institucional servir con objetividad a los intereses generales.

Pues bien, en esas Administraciones obligadas a servir con objetividad al interés general y que contratan un volumen mareante de dinero es el único mar donde puede nadar la prevaricación administrativa que consiste bien en dictar una resolución injusta en un procedimiento administrativo, con la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido o, como señaló una reciente sentencia del Tribunal Supremo, por omisión como cuando unos alcaldes, durante años, dejaron actuar frente a numerosos informes de la Policía Local y denuncias de los perjudicados por los ruidos de un bar.

Pero la prevaricación administrativa sí es corrupción aunque, a estas alturas, no extraña que se quiera apartar del concepto un delito o una actuación que solo pueden cometer autoridades.

Defienden nuestros próceres que, como no es corrupción, en estos casos no debe apartarse al investigado hasta que haya juicio oral. La primera reacción en este caso es afirmar el derecho a la presunción de inocencia, otro marco que nos han creado para que al mencionarla se excluya el concepto de ética política. No retirar o no retirarse del puesto de responsabilidad que se ocupa hasta que se abra juicio oral trasmite a los ciudadanos un mensaje: la misma autoridad que pudo dictar esa resolución arbitraria va a seguir en contacto con los mismos asuntos, dirigiendo los mismos equipos de trabajo, con capacidad de seguir interviniendo en cuestiones que afecten al denunciante.

La conclusión que los ciudadanos acaban asumiendo es que en un país donde al que le das el palo de una fregona se considera capitán general, es mejor confiar en el compadreo que en la legalidad, especialmente en aquellas Administraciones en las que la esfera política y la administrativa se confunden.

No retirar o no retirarse del puesto de responsabilidad que se ocupa hasta que se abra juicio oral trasmite a los ciudadanos un mensaje.

Los Gobiernos en todos sus ámbitos, Central, Autonómico, Local reciben sus poderes del cuerpo electoral, son un órgano político y pueden regirse legítimamente por concepciones ideológicas. Es la base de la democracia. Ahora bien, junto con esa función de dirección política, tiene la de dirigir la Administración, esa que sirve con objetividad e imparcialidad a todos. ¿Y qué ocurre? Que los ámbitos directivos de las Administraciones, los encargados de la gestión, se llenan de compañeros de partido y proliferan además las comisiones de servicio y formulas similares de funcionarios afines. Todo ello es perfectamente legal, que convierte el sueldo de todos estos ciudadanos en dependiente de quien le nombró, y les hace obligatoriamente dóciles. Si, encima cuando alguno de estos casos va para delante, decimos que no es corrupción, y permanecen en sus puestos no hacemos sino reforzar lo que tanto daño ha hecho, la convicción de que el clavo que sobresale recibe todos los palos, que es mejor buscar atajos. Una idea que ha dado lugar a una casta de conseguidores que vive de los boletines oficiales, subvenciones, concesiones, tráfico de influencias, amiguismo y comisiones.

¿Y qué ocurre? Que los ámbitos directivos de las Administraciones, los encargados de la gestión, se llenan de compañeros de partido y proliferan además las comisiones de servicio y formulas similares de funcionarios afines. 

No basta decir que si no se ha beneficiado económicamente él o el partido no es corrupción. Lo es, porque extiende la idea de impunidad y crea una red clientelar que depende para su bienestar diario de que esté en el poder el político que nos ha prometido ampliar así, porque si, nuestro espacio en el mercadillo, arreglarnos nuestra calle, subvencionar mi regadío o mandarnos a la obra del PER, por poner algún ejemplo. Me quedo con la frase del Presidente Rajoy en el debate de investidura: no somos súbditos, somos ciudadanos. Pues para hace falta tomarse en serio la prevaricación administrativa, el enchufismo y el ya no es por ética es por supervivencia, pues uno de los mayores frenos al desarrollo económico es tener un alto índice de corrupción, y esa se alienta desde las prácticas arbitrarias y las prevaricadoras.

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