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Tras dos vistas orales suspendidas, la jueza se inhibe del Caso Tres Reyes

Cinco años después del inicio del caso.

Casi cinco años después de que arrancase en Almería la denominada ‘Operación Tres Reyes’, el abultado sumario judicial adquiere un nuevo camino procesal, uno más de los que ya se han producido en su tramitación de estos años. En esta ocasión una Providencia de la jueza encargada de celebrar la vista oral da cinco días de plazo – el documento está fechado el 14 de febrero, en poder de Confidencial Andaluz – “al objeto de que las partes aleguen lo que tengan por conveniente sobre la posible falta de competencia de este Juzgado para el enjuiciamiento de la presente causa”.

Desde luego una decisión sorprendente a estas alturas del proceso ya que la juzgadora, Sara Herrera Maldonado, titular del Juzgado de lo Penal Nº 3 de Almería, ha convocado en dos ocasiones la correspondiente vista oral que, en ambos casos, tuvo que ser suspendida a petición de parte de los encartados. La tercera convocatoria quedó fijada para el próximo mes de junio.

En la Operación Tres Reyes están investigadas un total de siete personas, entre ellos el que fuera durante un cuarto de siglo Jefe de la Abogacía del Estado en Almería, Demetrio Carmona del Barco, un par de socios de Carmona y cuatro personajes que desembarcaron en Almería en el año 2013 como supuestos miembros o colaboradores del CNI. De por medio un cargamento de moneda iraquí, supuestamente fabricada por la CIA en su momento para desestabilizar el régimen de Sadam Hussein. Al cabo de los años, aquellos dinares, están almacenados en una nave de alta seguridad siendo propietarios un empresario de El Ejido y su socio.

 

También intentaron extorsionar a uno de los dueños de los dinares que fue el que presentó denuncia ante la Guardia Civil, comenzando entonces una investigación basada fundamentalmente en escuchas telefónicas.

 

Así, los supuestos espías, no solo engañaron a Carmona y sus socios, también intentaron extorsionar a uno de los dueños de los dinares que fue el que presentó denuncia ante la Guardia Civil, comenzando entonces una investigación basada fundamentalmente en escuchas telefónicas donde, además, se mezclaron otros personajes del lugar, empresarios con rastro en los juzgados, convertidos en denunciantes al servicio de la Ley y el Orden. Es el caso del empresario de Tíjola Estanislao Berruezo, exsocio de Carmona y su familia, entonces con millonarios pleitos pendientes de por medio, al que el abogado del estado responsabiliza de estar detrás de su caza y captura.

Pero al abogado del Estado, actualmente adscrito a la delegación de Hacienda en Granada, ya le habían pasado factura al anunciarle su relevo en el cargo almeriense pocos meses antes de que estallase la Operación Poniente. Todo ello, contó en su momento Demetrio Carmona, en una maniobra interna por haber denunciado casos de corrupción en el seno de la delegación de Hacienda. Buscó ayuda en Almeria en la persona de Gabriel Amat cuya reunión le organizó uno de los hombres del capitán.

Es más, la Directora General de la Abogacía del Estado con Alberto Ruiz Gallardón de ministro de Justicia, Marta Silva Lapuerta, hija del ministro de Franco y sobrina del tesorero del PP implicado de la financiación irregular del partido, anunció públicamente el cese de Carmona basándose en “informaciones periodísticas”, precisamente a raíz de la detención del Jefe de la Abogacía del Estado en Almería un día antes,  el 18 de abril de 2013.

 

Llegó a montarle una reunión con Ruiz Gallardón, pero esta se anuló subiendo las escalinatas del ministerio de Justicia ya que el ministro “ha tenido un imprevisto y se ha tenido que marchar”.

 

Demetrio Carmona ha justificado su relación con los supuestos espías del CNI, portadores de placas y documentos acreditativos de que lo eran, algunos falsificados según los peritajes, como unos funcionarios que podrían echarle una mano en las altas instancias de Justicia y en los que confió plenamente hasta la bronca con el dueño de los dinares. Uno de ellos,  el jefe del grupo al que incluso vieron de uniforme, decía tener empleo de capitán del Ejército y, además, decía haber estado adscrito a servicios de protección y contravigilancia a miembros del Tribunal Supremo. Llegó a montarle una reunión con Ruiz Gallardón, pero esta se anuló subiendo las escalinatas del ministerio de Justicia ya que el ministro “ha tenido un imprevisto y se ha tenido que marchar”.

En su momento, el CNI, se apresuró en horas a desmentir que los nombres que habían aparecido en la Operación Tres Reyes tuviesen relación con la Casa, un desmentido poco habitual en el servicio secreto español que, por Ley, no puede facilitar ningún dato de sus agentes ni sus actividades. “Hacemos una excepción en este caso” afirmó telefónicamente en una llamada del portavoz del CNI a quien esto firma.

La Jueza Sara Herrera ha argumentado en su providencia del día de San Valentín el motivo por el que considera que “no es competente” su juzgado para enjuiciar esta causa.

Lo hace al amparo de lo preceptuado en el Art. 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus apartados 3 y 4, “dado que uno de los delitos por los que se formula acusación, el delito de pertenencia a grupo criminal del Art. 570 ter.1.b del Código Penal, está sancionado en el Art. 570 quater del propio código, con penas de inhabilitación especial de hasta veinte años”.

Es más que evidente que la magistrada tiene sólidas razones jurídicas para mandar el juicio de este asunto a la Audiencia de Almería, aunque no se entiende muy bien por qué se toma esta decisión tras haber convocados dos vistas orales y quedar aplazada para junio la tercera.