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8×8: firmaron felices y comieron perdices

Me apena que, con suerte, el ET no los vea antes de 2027.

 

El 20 de febrero de 2020, la ministra de defensa, Margarita Robles, afirmó en el congreso de los diputados: “El ET no cuenta con vehículos blindados sobre ruedas que permitan operar a nuestras tropas, cumpliendo con los mínimos estándares de seguridad y protección para actuar en los determinados escenarios de conflicto actuales y futuros”. Afirmó que el contrato de los Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 Dragón, que ella misma había declarado desierto dos meses antes, se retomaría con los mismos números de VCR (348, en la primera fase) y de techo de gasto (2.100 M €), añadiendo que “sin menoscabo de la calidad” y cumpliéndose los mismos requerimientos exigidos entonces por el ET. Y yo, ingenuamente, me lo creí.

 

El 25 de agosto pasado, el culebrón de los VCR,s perseguidos por el ET durante casi 15 años, alumbraba la firma del contrato entre Defensa y el consorcio Tess Defence S.A., para la producción de 348 unidades del 8×8. Ésta es la primera fase de una supuesta producción total de (redondeando) 1.000 unidades, con 13 configuraciones diferentes.  Un contrato con los mismos (UTE Santa Bárbara-Indra-Sapa), con la adición ahora de Escribano, que, en diciembre de 2019, habían visto rechazada su oferta, por no cumplir los requerimientos del ET.

 

Sorprende que con los mismos dineros, empresas, vehículos y requerimientos se pueda hacer hoy lo que hace nueve meses no fue factible. Ahora ―como dicen los marinos―, hay que cortar chapa. Es como el milagro de los panes y los peces. Todos parecen contentos. Los contratistas, por el obvio negocio. Los ayuntamientos de las localidades de fabricación, así como los sindicatos, por los puestos de trabajo. Los “expertos” mediáticos, por tener algo de qué hablar (sin profundizar), diferente de la pandemia. El JEME por pensar, antes de hacer oblicuo derecha, que deja en marcha el programa. Y, sobre todo, doña Margarita, por colgarse otra medalla a costa del sufrido ET. Es el “fueron felices y comieron perdices” de los cuentos.

 

Yo también estoy contento. Pero a medias. Me alegra que, por fin, parezca que arranca lo de los 8×8. Pero me apena que, con suerte, el ET no los vea antes de 2027 y que, mientras tanto, el sino de las unidades todavía dotadas con los decrépitos y obsoletos BMR,s y TOA,s sea ―según una muy alta autoridad militar―, “hacer instrucción a pie y aprender idiomas”; ¡qué cosas! Sobre todo, me aflige que, también para abaratar, y aquí está el quid de la cuestión, se hayan producido muchos recortes en los requerimientos exigidos por el ET en 2019 (desmintiendo así la garantía dada por la ministra en febrero pasado).

 

Entre otros tijeretazos, algo tan relevante como que, de los 348 VCR, 108 (el 31%) vendrían sin el sistema de misión y el de conciencia situacional; equipamiento fundamental en un vehículo de combate supuestamente de última generación. Tampoco  parece estar resuelto el ILS (Initial Logistic Support), que asegure el mantenimiento y los repuestos durante cierto número de años.

 

Especialmente preocupante es la sospecha de que no se fabricará la producción proporcional de las 13 versiones previstas. Ojalá me equivoque, porque no se trata ni de turismos ni de coches de choque, sino de vehículos tácticos para el combate de unidades militares. Y éstas necesitan, simultáneamente, versiones diversas (pelotón, mando, plana mayor, zapadores, transmisiones, observador avanzado, ambulancia, etcétera), para poder operar con orden, rapidez y recíproca protección. Aun entendiendo que fabricar una línea homogénea abarata costes, en este caso no sería de recibo; vaya, si lo que se pretendiera fuera facilitar la operatividad (siempre acabamos hablando de la operatividad, que es la razón de ser de todo el tinglado de la defensa). En definitiva, me temo que, lo firmado el pasado martes, ni responde a la ambición del ET, ni mucho menos al compromiso adquirido por doña Margarita Robles en el Congreso. Esto, o ella lo esconde, o no se ha enterado.

 

Pero hay algo más. La ministra de defensa al certificar, en sede parlamentaria, que nuestras tropas se ven obligadas a operar “sin los mínimos estándares de  seguridad y protección”, pasa a ser sujeto de grave responsabilidad cada vez que algún soldado resulta herido o muerto en operaciones por falta de protección. Y cuando, además, se vocea que el contrato es un “hito histórico“ y “esencial para el ET” es que no se acaba de entender el juego entre manos. Porque no se debería tratar de beneficiar o contentar a la industria de defensa, a los ayuntamientos, a los sindicatos, a los medios o al JEME. Eso, aunque no sea malo, es meramente colateral. Porque de lo que se trata, fundamentalmente, es de proporcionar a nuestras tropas en operaciones la seguridad y los medios de protección que la Nación bien puede permitirse. Tal juego que se llama, simplemente, defensa nacional.