Caso Albaida: la Fiscalía avala la investigación que el PSOE quiso enterrar

Cinco años después de que Confidencial Andaluz destapara la presunta trama de compra de votos en Albaida del Aljarafe, la causa sigue abierta y la Fiscalía pide más investigación. El intento de matar al mensajero no les funcionó esta vez.

Corría octubre de 2019 cuando Confidencial Andaluz publicó en exclusiva la denuncia presentada ante la Fiscalía de Sevilla por el coordinador local de Adelante Albaida (IU), Clemente Franco, sobre una presunta trama de fraude en el voto por correo en Albaida del Aljarafe, un pequeño municipio del Aljarafe sevillano gobernado por el PSOE desde hace décadas. La reacción fue inmediata y virulenta: descalificaciones, amenazas de querella, acusaciones de revancha política. Y, muy significativamente, un titular en el Diario de Sevilla que hablaba de «carpetazo judicial». Quien más alto gritó que aquello era «una tremenda barbaridad» fue el propio PSOE local, el mismo partido cuyos dirigentes aparecen en la denuncia como presuntos responsables de la trama.

Lo que nadie en el PSOE provincial ni regional pudo alegar es que no sabía. Albaida del Aljarafe era el feudo de Soledad Cabezón Ruiz, entonces eurodiputada socialista, figura de primer orden en el socialismo sevillano desde la era González Chaves, apadrinada por José Antonio Viera Chacón  y con un control orgánico sobre la comarca del Aljarafe que no dejaba mucho margen para la sorpresa. Cuando se destapó el caso, la propia Cabezón aparecía en la denuncia: se le acusaba de haber organizado con fondos europeos un viaje a Bruselas para cincuenta personas como presunta recompensa a quienes habían votado por correo, viaje que fue cancelado parcialmente en cuanto se supo que el asunto iba camino de la Fiscalía, en un pueblo pequeño todo se sabe y rápido. La judicialización de los hechos fue noticia en toda la prensa sevillana días después. Los dirigentes provinciales y regionales del PSOE lo supieron desde el primer día. No se recuerda ninguna declaración formal, ningún gesto del partido distanciandose del volcán de Albaida. Y eso que presuntamente se pudieron manipular cerca de 200 votos por correo en favor del PSOE.

Cinco años después los hechos hablan por sí solos: la causa no se archivó, ha sido prorrogada en varias ocasiones y la Fiscalía Provincial de Sevilla acaba de presentar, con fecha 17 de febrero de 2026, dos informes que respaldan de forma explícita la instrucción judicial.

Qué se investigó y qué se denunció

En las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 se produjo en Albaida un porcentaje de voto por correo del 14,92%, cuando la media nacional era del 3,6%. Un dato que bastaba para levantar sospechas, pero la denuncia de IU iba mucho más lejos: documentaba un entramado organizado en el que trabajadores del ayuntamiento —muchos de ellos con contratos que dependían del gobierno municipal socialista— habrían sido presionados para entregar su DNI y dejar que otros votasen en su nombre, sin pasar ellos siquiera por la oficina de Correos.

Los denunciados, con nombre y apellidos: una concejala del PSOE local, Ángela de la Cruz López Castilla; un trabajador municipal afiliado al partido, Benjamín Delgado Arredondo, casado con la teniente de alcalde socialista Rocío López Cid; un empleado de Correos; la presidenta de honor de la agrupación local del PSOE; y el propio alcalde socialista, José Antonio Gelo López. Una trama vertebrada desde dentro del aparato municipal y del partido.

Lo que dice ahora la Fiscalía

El documento clave es el informe con el que la Fiscalía Provincial de Sevilla, firmado por la fiscal Mª Teresa Meana Cubero, impugna el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Benjamín Delgado Arredondo contra el auto que acordaba la prórroga de la instrucción. La defensa pedía el sobreseimiento. La Fiscalía lo rechaza sin ambages.

En su escrito sostiene que «la Sra. Magistrada instructora sí ha advertido indicios de criminalidad suficientes para proseguir las diligencias» y añade que «de las diligencias practicadas se infieren indicios racionales suficientes para continuar con la instrucción de la causa, criterio que compartimos«. La Fiscalía hace suyo el criterio de la jueza y cierra la puerta al archivo.

Frente al argumento de que el auto carece de motivación suficiente, la Fiscalía responde que «del propio devenir de la causa ha surgido una convicción de la Sra. Magistrada sobre la existencia de indicios de los delitos reseñados» y que no se puede exigir al juez que anticipe el resultado de unas diligencias para justificar que las ordena. El escrito concluye con la petición expresa de «CONFIRMACIÓN» del auto recurrido: la causa sigue adelante.

La Fiscalía también pide investigar más a fondo

El segundo informe fiscal va en la misma dirección, aunque añade un elemento nuevo. La Fiscalía se adhiere parcialmente al recurso de IU y pide que, antes de ampliar las periciales caligráficas a la teniente de alcalde socialista Rocío López Cid, esta «habrá de recibírsele declaración en calidad de INVESTIGADA». No acusada todavía, pero investigada formalmente. Lo mismo aplica a la concejala Ángela de la Cruz López Castilla, cuya declaración como investigada ya fue acordada en el auto recurrido.

Dos dirigentes del PSOE local que podrían sentarse próximamente a declarar ante el juez con la condición de investigadas.

Moraleja

En diciembre de 2020 Diario de Sevilla tituló «carpetazo judicial». Un periodista aseguraba en Twitter que lo de Albaida era «infinitamente peor» en términos políticos, sugiriendo que la denuncia era puro ruido partidista. Las críticas contra quien informó apuntaron al mensajero, no a los hechos.

Hoy, las diligencias previas 127/2020 siguen vivas, la Fiscalía pide más investigación y nuevos investigados socialistas pueden tener que declarar ante el juez. Quizás al PSOE le habría resultado más útil, en su día, limpiar su propia cocina en vez de intentar tapar el olor a podrido con ataques a quien se limitó a contar lo que olía.