El espíritu Richelieu

Decía el cardenal Richelieu: “Dadme diez líneas escritas por el hombre más honrado y encontraré cinco motivos para hacerlo ahorcar.” En parte de la ecología política, judicial y mediática que vivimos hoy en nuestro país, parece que el espíritu Richelieu se encuentra sobremanera pujante. Vemos cómo muchas instrucciones judiciales se sustancian en la certeza de un prejuicio. A ello se une un sector de la prensa muy partidaria del espíritu de William Randolph Hearst, magnate estadounidense de prensa, que afirmaba con desparpajo que la verdad no debía arruinar un buen titular. Son epifenómenos severos de una deconstrucción del relato democrático.

Este espíritu instalado en una parte de la política, la justicia y la prensa supone un atoramiento de la convivencia democrática por cuanto representa la desnaturalización de elementos sustantivos del Estado liberal. En pocas ocasiones la justicia ha estado tan fronteriza a la literatura como en la España de hogaño. Los legajos de los tribunales se están convirtiendo en unos imaginativos relatos de realismo fantástico como si aquello que está pasando fuera un avatar del territorio de Macondo. La inhibición de la política en un problema político y, como consecuencia, la ubicación tendenciosa del sustantivo axial de la cuestión en la aplicación al antagonista político de la categoría de delincuente supone la abolición del diálogo y el formato polémico de la vida pública. Para ello, la judicialización del acto político confunde y malpara los basamentos del Estado democrático y, como corolario, desmonta la convivencia cívica, al convertir la disidencia en objeto de represión y limitar el campo de lo pensable y, sin solución de continuidad, de lo posible, al margen, o en contra, de la voluntad popular expresada democráticamente.

Convertir los procesos judiciales en un show trial con la función de impedir que los intereses sociales mayoritarios se antepongan al de las élites, es muestra, entre otras, de una decadencia casi irreversible del régimen político incapaz de mantener la calidad de una saludable convivencia democrática. El poder judicial toma el mando. Como afirma el catedrático emérito Luis Arroyo Zapatero, cuando el juez sustituye el tenor literal de un precepto penal por conceptos de su invención o aplica construcciones doctrinales a hechos a los que no corresponde, se pone por encima de la ley y se convierte en un político ilegítimo.

La judicialización de la política es cada vez más el terreno idóneo de la derecha para demonizar y, sobre todo, convertir en delito las políticas que difieren de las suyas. Es la misma estrategia que la del comisario de la novela “Todo modo” de Sciascia, cuando presume de poder hacer bajar del pedestal a cualquiera por muy grande que sea su poder e influencia al ponerlo al nivel de un ladronzuelo de gallinas. Incluso el Papa o el mismo Dios se desmoronarían si se les lleva a una comisaría y le mandan quitarse los cordones de los zapatos y el cinturón de los pantalones. La novela de Leonardo Sciascia nos muestra cómo la convivencia civil se corrompe irremisiblemente ante la injusticia, el espíritu de facción y los intereses espurios.

Cuando se intenta imponer una hegemonía cultural y subjetividades que conllevan un concepto de nación y sociedad compadecido con el conservadurismo más extremo y la disidencia se contempla como una aberración antipatriótica, es cuando el formato polémico propio de la política se exilia para considerar al opositor político como un delincuente.