Caso Marismas: el juez propone a José Luis Sánchez Teruel como investigado

Coincidiendo con el arranque del mes de febrero del año 2020, el denominado Caso Marismas, volverá a tomar velocidad de crucero tras varios años aparentemente paralizado en el juzgado que dirige en Sevilla el magistrado Juan Gutiérrez Casillas. El Juzgado Nº 16 de los de Sevilla es uno de los que instruye causas muy abultadas y complejas como la de Invercaria o parte de la trama UGT, entre otras. El Caso Marismas tiene ya 44 tomos.

Fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento aseguran que las decisiones que acaba de tomar Gutiérrez Casillas, comunicadas a través de un Auto de Pruebas fechado el pasado día 6 de noviembre, “reactivan el procedimiento penal del Caso Marismas y de forma muy relevante”. Se suman siete nuevos investigados a los 21 que ya figuraban como tales en la causa.

Efectivamente, se acuerda practicar nuevas diligencias de instrucción, solicitadas tanto por las acusaciones como por las defensas; se acuerda imputar a siete nuevos investigados conforme al escrito que la Comunidad denunciante presentó el pasado 31 de julio y resolver más adelante, a petición del Ministerio Fiscal, las solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas defensas, a resultas de las diligencias cuya práctica ha acordado.

Como se recordará en el Caso Marismas se investiga el destino de cerca de 40 millones de euros, procedentes de fondos europeos y tramitados vía Junta de Andalucía, para la mejora de los regadíos de las marismas del bajo Guadalquivir.

Desde que estalló este escándalo, a raíz de la denuncia presentada ante el juzgado, con muchísimas trabas de por medio, por los actuales rectores de la comunidad de regantes, la Oficina Antifraude de la Unión Europea, la OLAF, tiene sus antenas puestas sobre lo que instruye el juzgado numero 16 de Sevilla.

Se ha sabido a raíz del Auto emitido que el próximo mes de febrero de 2020, exactamente dentro de tres meses, se presenta copado por las declaraciones de investigados que se concentran los días 5, 6, 7, 10, 12 y 13 de febrero. Los testigos en la causa están convocados para el día 20 del mismo mes.

La lista de las personas llamadas a declarar es extensa y todos lo harán en condición de investigados. Casi todos ellos son funcionarios de la delegación en Sevilla de la Consejería de Agricultura, ejecutivos o dueños de las empresas implicadas en las UTEs, entre los que destaca por su trayectoria judicial José Marañón Martín, un hombre del Grupo Abengoa también procesado en la Operación Poniente de El Ejido. En aquellos años, en abril, el Sr marañón era un habitual en el agasajo ferial sevillano junto a Felipe Benjumea a almerienses ilustres como Martín Soler (consejero), Juan Enciso y el interventor de El Ejido Pepe Alemán.

Desde el punto de vista político, aparte de que quedará en evidencia como la Junta ha manejado este tipo de inversiones europeas en su territorio, en el listado de “investigados” aparecen tres exdirectores generales de la Junta a los que la Justicia quiere escuchar en declaración asesorados por sus respectivos letrados.

Se trata de Francisco Ruiz Orta, Tomás Martínez Jiménez y José Luis Sánchez Teruel.

Tanto Ruiz Orta como Martínez Jiménez, apartados de la política hace años, ya prestaron declaración en calidad de investigados al arranque de esta instrucción.

Pero la gran novedad que nos ofrece este último auto judicial es ver, negro sobre blanco, el nombre de José Luis Sánchez Teruel en la lista de personas que el juez considera que deben prestar declaración como investigados en esta causa. Una decisión, por cierto, que avala la propuesta hecha en su día por la Guardia Civil de que el Sr Sánchez Teruel fuese imputado.

Claro que si observan con detalle la captura de imagen de parte del documento judicial de más abajo (pinche para ampliar) comprobarán que solo a seis de los siete  investigados se les imputa un delito, ya sea prevaricación, corrupción, falsedad documental etc.

Sin embargo, cuando se menciona en último lugar a José Luis Sánchez Teruel se lee a continuación: “al momento de los hechos investigados era Director General de desarrollo Sostenible del Medio Rural”. Nada más. Y puede tener su lógica jurídica ya que el magistrado Gutiérrez Casillas no puede investigar a Teruel en tanto que está aforado como diputado autonómico. ( Un privilegio que alguien dijo que iba a liquidar para regenerar la politica) El que aparezca así mencionado y sin calificación penal puede indicar, según fuentes jurídicas, que el siguiente paso del juez será enviar al TSJA su motivación razonada con la parte correspondiente a Sánchez Teruel en la trama del Caso Marismas y que su imputación o no se dilucide en Granada.

El Sr. Sánchez Teruel ya fue llamado hace años por la Guardia Civil, tras la disolución de la penúltima legislatura, pero la respuesta que obtuvo el agente que le llamó ‘para conversar, no para tomarle declaración’ fue arisca y destemplada en tanto que Teruel le recordó al guardia por teléfono que él seguía aforado como miembro que era de la Diputación Permanente   y – le recordó- que a él solo le podían llamar desde el TSJA. Una decisión, la de mantener aforado a Teruel, tomada por la propia Susana Díaz para proteger a su secretario provincial de Almería, quien a esas alturas ya conocía las tesis inculpatoria de la G.C. en relación con su papel como supuesto benefactor de los intereses del Grupo Abengoa en el proyecto Marismas.

A lo largo de estos años de aparente parálisis del procedimiento del Caso Marismas – se ha trabajado en informes técnicos muy complejos- el máximo dirigente socialista de Almería ha estado contando en el propio partido que su relación con el caso  estaba más que resuelta, aclarada y finiquitada, algunos hasta hablaban de archivo de todo lo relacionado con su etapa de director general. El Auto emitido hace nueve días por el Magistrado Gutierrez parece desmentir la tesis circulante en el PSOE de Almería y vendida también a la sede de San Vicente en Sevilla. Mientras, desde Bruselas, los sabuesos de la OLAF vigilan lo sucedido en la marisma sevillana.