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Cataluña: cumplir y hacerla cumplir

Pienso que Torra ya está inmerso en lo que los juristas llaman “ilegitimidad de ejercicio”.

 

La detención por la Guardia Civil de una célula (presuntamente) terrorista de los CDR, el pasado día 23, en Cataluña, supone una enorme contribución de la Benemérita a la seguridad de los catalanes y la convivencia nacional. La excelencia profesional demostrada en la “operación Judas”, evitando incluso las filtraciones a la dudosa jerarquía policial autonómica fue, tres días después, avalada por el juez García-Castellón de la Audiencia Nacional. Éste decretó la prisión preventiva de siete miembros del comando, por los graves delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Consecuencia de incalculable valor de esa acción de la Benemérita ha sido pulverizar el centro de gravedad del discurso separatista: el “carácter pacífico y democrático” del independentismo catalán. Asimismo, es de especial valor haber aclarado el perverso alcance de aquel “Apretad, hacéis bien en apretar”, del presidente de la Generalidad, Quim Torra, cuando, el 1 de octubre de 2018, en Sant Julià de Ramis, animaba a los CDR a escalar en su acción violenta y perturbadora de la paz y la convivencia en Cataluña. Estamos, por tanto, ante un enorme salto cualitativo del separatismo catalán hacia la violencia mayor, alentado desde la propia Generalidad.

La jerarquía independentista catalana es hoy prisionera de su propio mensaje. Los creadores putativos de los CDR, CDC y ERC, han metido a Cataluña en un callejón sin salida. Torra y sus compinches observan el inevitable derrumbe de su estrategia victimista, e intentan salvar los muebles negando la violencia descubierta por la incuestionable eficacia policial de la Guardia Civil.  Y se autodenuncian al no condenar la violencia de los CDR, al tiempo que tratan de vender un relato de violencia estatal (“la represión es la única respuesta del Estado”, afirma Torra). Y encima amenaza: “lo volveremos a hacer”, refiriéndose al frustrado golpe de otoño de 2017. Pero ya, excepto a sus fanáticos, a nadie más engaña. Porque en un estado de derecho, la aplicación de la ley no es represión sino justicia. Pienso que Torra ya está inmerso en lo que los juristas llaman “ilegitimidad de ejercicio”.

Trabajando en la misma frecuencia, el parlamento catalán, convertido en una especie de peña recreativa de los separatistas, ha acelerado, el pasado jueves, su actitud matona y provocadora, convirtiendo una sesión de política general en furibundo y amenazador mitin de los independentistas. Éstos, entre otras lindezas, resolvieron respaldar a los CDR detenidos, incluyeron la posibilidad de desobedecer al TC, pidieron la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y, ante la inminencia de la sentencia del Supremo a los golpistas ―que adivinan condenatoria, y creo que en esto no se equivocan―, cambiaron su discurso por el indulto, por otro por la amnistía. En definitiva, los separatistas, a la desesperada, tratan de intimidar a la sociedad española reproduciendo, en el parlamento autonómico, la violencia institucional de hace dos años.

A pesar de casi mil asesinatos de los etarras, España ha mostrado una contrastada eficacia en la lucha contraterrorista. Por tanto, la actual estrategia de supervivencia del separatismo catalán, tratando de sembrar caos y presionar al estado de derecho para conseguir fines políticos, no puede sorprender ni amedrentar más que a los débiles o los tibios. La agitación callejera, las algaradas, los sabotajes o la violencia terrorista en Cataluña no merecen más que la firme respuesta estratégica de siempre: independencia, ni por las buenas ni mucho menos por las malas.

Con la subversión independentista y el incipiente terrorismo catalán, no caben ni contemporizar ni banalizarlos. En España hay experiencia, conocimientos y medios materiales y legales para decapitar y abortar fulminantemente la potencial repetición del golpe del otoño de 2017, así como los intentos de “etarrización” de Cataluña y su potencial expansión al País Valenciano y Baleares. Un asunto capital en el que la dejación de funciones sería criminal. Es un recordatorio para todos, y especialmente dirigido a aquellos que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir la ley.