Con la verdad a cuestas

En el escenario político español llamean hoy dos verdaderos engendros. Uno es el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, publicado en el BOE del pasado jueves. Se trata de una deliberadamente larga, laberíntica y aburrida orden del ministerio de la presidencia, cuyo objetivo ―dicen―, es “monitorizar y detener” las campañas de desinformación. Y, para ello, el ejecutivo crea, en su seno, una suerte de “comité de la verdad”, que determine qué es o no falso de lo que circula por medios y redes. Ese bodrio atufa a dictatorial ataque a la libertad de expresión. Es un guiso en cuya cocina y servicio aparece, cómo no, Iván, el Rasputín monclovita.

Tiene bemoles que precisamente este Gobierno, ilegítimo de origen por proceder de una estafa electoral, y el más trolero desde Godoy, se auto-atribuya la divina potestad de decidir lo que es o no verdad.  Parecería más útil instalar una Boca de la Verdad, semejante a la de la iglesia de Santa María in Cosmedin (Roma), para acceder al edificio “Consejo de Ministros” (complejo Moncloa). Aunque, me temo, resultaría en un Gobierno de mancos.

El tinglado procedimental ha sido “sacralizado” por la floja ministra de asuntos exteriores, González Laya, en su último rebuzno: “el objetivo es limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y plataformas digitales”. No es de extrañar que, como sucedió recientemente con el intento de relevo, a frotamiento duro, del CGPJ, la Comisión Europea se haya puesto nuevamente en “prevengan”. Quizás en Bruselas conozcan el poema machadiano:  “¿Tu verdad? No, la Verdad, y vente conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”.

El otro engendro es la nueva ley de educación, cuyo proyecto se está tramitando en el congreso de los diputados. Ese texto supone un atropello a la enseñanza concertada y privada o, si se quiere, a la libertad de enseñanza. Es un pastel cocinado al alimón entre el sanchipodemismo y los separatistas catalanes, para así asegurarse los votos de éstos, para la aprobación de los PGE-2021. En ese indecente pasteleo, se incluye la supresión del castellano ―mundialmente conocido como idioma español―, como lengua vehicular en la enseñanza. Es tremendo que, desde el Estado, se ningunee su propio idioma, que no solo es uno de los más hablados en el mundo, sino que, supuestamente, estaría protegido por el art 3 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Por todo ello, parece una burla que, en el acto de presentación por Sánchez del plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, celebrado en Valencia, el pasado jueves, el sanchista presidente valenciano, Ximo Puig, afirmara: “Es la hora del patriotismo de los valores que nos hermanan”. ¿Es que hay algo, señor Puig, que hermane más a los españoles que el idioma común a todos, y que ustedes ningunean? ¿Cuál es su verdad, señor Puig?

La situación es muy grave. No solo por los hechos sino, especialmente, por la tendencia que evidencian: una política gubernamental de limitación  de derechos y libertades. Es decir, una paulatina y encubierta reforma constitucional. Y ―digo yo―, que, en algún momento, y a ser posible desde la política, alguien tendrá que plantearse, de verdad, acabar con esta sucesión de infames atropellos contra la Nación y el Estado español.