Se pone en marcha el Promotor de la Acción Disciplinaria

Con la lentitud que caracteriza las ‘cosas de Palacio’, las máximas autoridades del sistema judicial español están respondiendo a Mercedes Alaya y a sus múltiples declaraciones, primero en tribunas universitarias, luego en ABC y finalmente en el Club Siglo XXI, esta última comparencia por si alguien en la Villa y Corte aún no se habían enterado de todo aquello que viene denunciando la magistrada. Un cachondeo de justicia, como diría el presidiario Pedro Pacheco.

Ha sido el CGPJ quien ha ordenado la apertura de diligencias contra Alaya por criticar con dureza, no solo la toxicidad política que corroe al sistema judicial español, sino también a sus propios compañeros de Carrera o Fiscalía.

Horas antes de conocerse la apertura de esta investigación en Madrid, era la Sala de Gobierno del TSJA la que daba cuenta que las manifestaciones publicadas de la juez instructora de los Eres había estado sobre la mesa de su última reunión de gobierno. Tomaron conocimiento del contenido del Acta de la Junta de Jueces de Sevilla en la que se expresa “su profundo malestar y rechazo a las manifestaciones públicas de la magistrada Mercedes Alaya, que ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad de sus compañeros”. En concreto los jueces de Sevilla se referían a lo expresado por Alaya sobre un juez de apoyo. (“Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio… Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante”).

También se dio por enterada la Sala de la queja elevada por uno de los procesados en el caso Eres – el Sr. Gómez Martínez– que considera las manifestaciones de Alaya “erradas y desafortunadas y que, a su juicio, podrían crear un estado de opinión y condicionar (en pleno juicio) al tribunal sentenciador de un asunto que ha sido instruido por la propia Juez”.

A la vista de lo cual la Sala de Gobierno puso de manifiesto que:

“Es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado”.

Teniendo en cuenta que la actuación del Promotor de la Acción Disciplinaria de el CGPJ, Ricardo Conde Díez, tendrá su obligado trámite de audiencia para la afectada Mercedes Alaya, vamos a asistir sin duda a la apertura de un debate de gran interés para comprobar como la Sra. Alaya se defiende y justifica sus críticas que, sustancialmente, coinciden con la de muchos dirigentes sociales que así se han expresado en los últimos años. Particularmente las referidas al manejo de la Justicia – jueces y fiscales– por parte del poder político, un aspecto de sus declaraciones que si se fijan no han sido específicamente rebatidas o censuradas por los jueces de Sevilla o los del TSJA en Granada. Y eso sucede, para bien o para mal, con una Fiscal General del Estado, Mª José Segarra, que conoce bastante al detalle lo que ha pasado en los juzgados de Sevilla en los últimos años, tanto como la actuación profesional de la Sra. Alaya de la que, obviamente, hace años que tiene opinión formada, aunque nunca la haya expresado en público la nueva Fiscal General del Estado.

La gran pregunta ante lo que va a suceder en el departamento de Acción Disciplinaria del CGPJ es si entrarán a fondo en la crítica política ejercida por la magistrada con su libertad de expresión o se quedarán en valorar solo las acusaciones de vago u holgazán lanzada contra el juez que tuvo de apoyo en los Eres.

Porque si el Promotor de la Acción Disciplinaria entra necesariamente en el debate político deberá contar de antemano con la aportación por parte de Alaya de literatura y pruebas más que suficiente que avalarán sus críticas al sistema. La mejor defensa de Alaya está en las hemerotecas de los últimos años, repasando el comportamiento del aparato judicial respecto a grandes, medianos e incluso pequeños casos de corrupción política.

Da tal forma que los dos únicos resquicios que le quedan al instructor para proceder a sancionar a Alaya son las descalificaciones concretas a compañeros o el hecho de que se haya extralimitado, como funcionaria pública, en el uso de su libertad de expresión.

Si este incidente hubiese ocurrido hace meses es muy probable que todo hubiese acabado con un leve toque de atención, más o menos sonoro, desde el CGPJ. Pero sucede hoy, con el PP fuera del gobierno y del control del Ministerio de Justicia y de la FGE; el partido que políticamente más se ha beneficiado de la instrucción de Alaya en el caso Eres, los únicos que la protegían y defendían y que, al final, la acabaron traicionando. Según su versión en connivencia del PP con el PSOE para que ella no investigase los cursos de formación, un asunto más grave por corrupto y cuantioso por los millones convertidos en notables fortunas personales de muchos amigos del poder sin siglas, en abstracto, muchos más  millones desde luego de los que se hayan malversado con los Eres.

Pero también será oportuno reconocer que Mercedes Alaya es, en la Andalucía y la España de hoy, algo más que una jueza instructora mediática con fama de valiente y comprometida contra la corrupción. Es un icono social del que muchísima gente se siente orgullosa – «ojalá y hubiera una Alaya en cada provincia» se oye– de tal manera que aquella mujer sin palabras, que paseaba el troller cada mañana camino del juzgado Nº 6 de Sevilla, se ha convertido al final en una estrella social que levanta gran expectación e interés. La Sra Alaya aparece desde hace años tanto en las crónicas judiciales y políticas como en las revistas de crónica social.

Conociendo los textos de los autos emitidos como instructora y las recientes declaraciones de Alaya, se puede concluir afirmando que no parece mujer que vaya a amedrentarse tras las andanadas de la corrección institucional. Más bien al contrario, Doña Mercedes ya lo ha dicho, irá hasta el final en su pelea por defender sus ideas. Ella sabe que, visto lo visto en el panorama judicial español, ese es el único broche que puede ponerse al final del que ha sido el caso de su vida durante años.  Como sabe también –sabemos– que hay mucho de verdad incómoda en lo que ha retratado Alaya en sus intervenciones públicas últimamente. Si se fijan bien el problema para quienes gobiernan a los jueces de España está en lo que ha dicho, no en cómo y dónde lo ha dicho, que también pero menos.