El Código de Conducta para mejorar la Justicia, incumplido desde 2003

Código de conducta, menuda palabreja, pareciera que estamos hablando de la Gestapo, policía secreta de la Alemania nazi pero, no se asusten, no es el caso,  les aseguro que para todos ustedes tienen una gran importancia esas “palabrejas”.

Pero vayamos por partes para que, ustedes entiendan. Dependiendo del adjetivo que le siga al sustantivo código, estaremos hablando de una cosa u otra, por poner unos ejemplos, si hablamos del código Hammurabbi, nos remontaremos a los sumerios de Mesopotamia, esa brillante región que se encontraba entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates y a la grandísima aportación que nos hicieron, el primer conjunto de leyes de la historia. Si en vez de Hammurabbi, al sustantivo código, le sigue el adjetivo abierto o cerrado, por ejemplo, estaremos hablando de modelos de desarrollo de software, en cualquier caso y como yo no quiero ser más papista que el papa, les recomiendo estas dos lecturas de Don José Muelas que, para mí son sencillamente maravillosa, etiqueta código y etiqueta: código abierto pero, volvamos a nuestro código, del que hoy les quiero hablar y que tan importante es para todas y todos ustedes.

¿Qué es el código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia?

El código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, surge por la necesidad de garantizar el adecuado uso de los medios técnicos e informáticos que se utilizan en el Ministerio de Justicia y en las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia o al menos así se previó en la instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, BOE Código de Conducta.

En esa instrucción se definen los objetivos del código de conducta que deberían haber mejorado la Administración de Justicia. El primer objetivo era o es, la seguridad en los equipos y en las comunicaciones, “el código de conducta pretende concienciar a los usuarios sobre la seguridad en los equipos informáticos y de las comunicaciones” (instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial). Esto, a día de hoy no se cumple. Por ponerles un ejemplo el programa LexNet, utilizado por abogados, abogadas, procuradores, procuradoras y otros operadores jurídicos para, la presentación de escrito en los Tribunales por medios telemáticos y el envío de documentos por los mismos medios ha sufrido y sufre graves brechas de seguridad, como se describe en esta noticia de 2017 en este diario El Diario.es, o en esta otra noticia de El Confidencial, brecha que fue detectada por el abogado Don José Muelas. Yo no sé ustedes queridos lectores pero, yo mucha confianza no tengo en un programa que está gestionado por el Ministerio de Justicia, cuando debiera ser gestionado por el Consejo General del Poder Judicial, en tanto que es el órgano de gobierno del poder judicial.

El segundo objetivo del código de conducta es, “una realidad judicial informatizada”, “constituye objetivo fundamental del código la  consecución de una realidad judicial informatizada” (instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial). Esto, queridos lectores, sabe que no se cumple a día de hoy hasta, mi sobrino de seis añitos, lo que es una auténtica vergüenza. No tienen nada más que entrar en twitter y poner el hashtag, “justicia con medios”, “justicia de calidad”, etc…y podrán ver ustedes a que me refiero.

El tercer objetivo del código de conducta es, “uso adecuado de los medios informáticos”, “El código tiene por objeto garantizar el buen uso de los medios técnicos e informáticos al servicio de la Administración de Justicia, así como una mejora en la red de comunicaciones” (instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial). Esto, a día de hoy, tampoco se cumple. Pregunten ustedes a los abogados o procuradoras cuántas caídas tiene LexNet al cabo de la semana o del día o cuántas paradas del servicio se producen para “mejorar las incidencias”. Otro incumplimiento grave más. Y sin ir más lejos no tienen ustedes nada más que fijarse en el lamentable servicio que la Administración de Justicia ha prestado durante esta trágica pandemia que nos afecta. Directamente han tenido que parar en seco por esa falta de medios técnicos e informáticos que, no existen, por esa falta de recursos de medios materiales y humanos, en definitiva por esa falta de inversión necesaria.

Se pilla antes un mentiroso que a un cojo

¿Pero se preguntarán ustedes y, por qué me cuenta usted esto? Pues les cuento esto porque, como dicen en mi tierra, “se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”. Si ese código de conducta se hubiese aplicado e implantado, a día de hoy tendríamos una Administración de Justicia saneada, competente y con los recursos necesarios para hacer frente a cualquier problema que se le presentase. De la independencia judicial hablaremos otro día. La ausencia de aplicación de este código se traduce en la precarización de la Administración de Justicia, afectando ésta a todos los operadores jurídicos relacionados con la Administración de Justicia.

El actual titular del Ministerio de Justicia, el señor Juan Carlos Campo, se ha empeñado en ser peor Ministro que sus predecesores y para demostrarlo ha asestado otra mandoble más a la ya maltrecha y moribunda Administración de Justicia, además de su incompetencia para ocupar un puesto de tanta responsabilidad ha asestado otra puñalada más a la abogacía y procuraduría. ¿Cómo? Declarando hábil el mes de agosto desde el 11 al 31 para abogados, abogadas, procuradores y procuradoras. Este mes, en condiciones normales, debería ser de descanso para todos los operadores jurídicos, pero no ha sido así este año bueno, mejor dicho, no ha sido así para todas y todos. No voy a incidir mucho más en este tema porque mejor que yo lo explica en su artículo recientemente publicado en Confilegal, una gran procuradora, Nuria Calvo, Nuria Calvo Confilegal

El Ministro anda ahora promocionando su “Justicia 2030”, otro canto de sirena más de este desconsiderado Ministro. ¿Recuerdan ustedes de cuando databa la instrucción en la que se preveía el código de conducta? 26 de febrero de 2003. Estamos en agosto de 2020, han pasado ya 15 años y no se ha avanzado nada, ni se ha implementado casi nada de ese código sino, todo lo contrario, se ha precarizado más aún la ya decadente Administración de Justicia. El Ministro nos habla de su “justicia 2030”. De 2003 hasta 2030 habrán pasado ya la friolera de 27 años. ¿Ustedes queridos lectores creen que esto es serio y responsable para nuestro país? ¿De verdad que no le da vergüenza al señor Juan Carlos Campo hablar de su “Justicia 2030”? Juzguen ustedes mismos queridos lectores. El Ministro miente y lo sabe lo que, es más grave aún. ¿De verdad quiere hacernos creer el Ministro que en 2030 aún seguirá como titular del Ministerio de Justicia o que aunque él no ocupe ese puesto su proyecto de “justicia 2030” será implantado? Pues no queridos lectores. El Ministro sabe que no estará en 2030 en el Ministerio y también sabe que su proyecto tampoco será implantado, a saber dónde estará el Ministro en 2030, puede que disfrutando de las muy apreciadas chirigotas del carnaval de Cádiz o dando la vuelta al mundo y disfrutando de su jubilación, la verdad es que no lo sé ni me importa. Lo que sí sé es que el Ministro miente descaradamente, que le importa un pimiento la Administración de Justicia, que le importa un pimiento el Estado de Derecho de nuestro país y de sus ciudadanos y que tiene muy claro que tiene que acabar con esa abogacía y  procuraduría que tanto le incomoda a esos “poderes” que gobiernan en la sombra y que, reparten a esa chusma política al terminar su vida política, puestos de consejeros en sus empresas con sueldos desorbitados.

¿Por qué les afecta todo esto a ustedes?

Porque si esa abogacía y procuraduría independiente es controlada y sometida, sus Derechos Fundamentales y Libertades Públicas serán papel mojado y no habrá Estado de Derecho en nuestro país. Da mucha tristeza y pena escuchar relatos y manifestaciones de abogadas y procuradoras. Muchas y muchos me cuentan que, tienen un cansancio mental y físico brutal que, no pueden disfrutar de sus hijos, hijas, padres, madres, abuelas, abuelos, que están hastiados del ataque constante al que están siendo sometidas por todos y cada uno de los Ministros y Ministras que se suceden como titulares del Ministerio de Justicia con el beneplácito y aprobación de la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, la señora Victoria Ortega.

Este el mayor ataque que ha sufrido en toda nuestra democracia la abogacía y la procuraduría. ¿Toda la abogacía y procuraduría? Sí, toda, si se creen esos “grandes despachos” que, están a salvo de este  brutal ataque, están muy equivocados, ellos y ellas también serán víctimas de ese ataque continuo a su dignidad y a su profesión.

Tan sólo les diré, queridos lectores que, si ustedes están esperando a que esto se lo solucione el Ministro actual o el siguiente que ocupe el cargo de Ministro, están ustedes muy equivocados o se mueven ustedes y se plantan ante este intento de controlar y someter a la abogacía y procuraduría o sus Derechos Fundamentales y Libertades Públicas no valdrán nada. ¿Van ustedes a abandonar en su lucha y a su suerte a esos abogados, abogadas, procuradores y procuradoras que se han plantado para defender la dignidad e independencia de su profesión y nuestros derechos o van ustedes a ayudarlos?

Yo lo tengo muy claro y en todo lo que pueda ayudaré desde donde me toque y hasta donde pueda a esa abogacía y procuraduría. El Ministro, el señor Juan Carlos Campo miente y si tiene algo de dignidad y vergüenza debería dimitir.

Por último me hago unas preguntas que siempre me han rondado la cabeza. ¿Dónde queda la responsabilidad por la mala gestión política de un Ministro? ¿Qué consecuencias civiles, penales, personales, políticas, etc…tiene condicionar de forma tan negativa la vida de millones de personas por la mala gestión de un Ministro? Las respuestas a estas preguntas me dan verdadero pánico. El Gobierno, el Ministro de Justicia, el señor Juan Carlos Campo, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, la señora Victoria Ortega, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el señor Carlos Lesmes, primera autoridad judicial de la nación, la Casa Real y el resto de operadores jurídicos saben que es necesario invertir mucho más dinero en la justicia de nuestro país para dotarla de los medios materiales y humanos que garanticen nuestros Derechos Fundamentales y nuestras Libertades Públicas, reconocidas en nuestra Constitución Española de 1978. ¿Entonces por qué no invierte en la administración de justicia? En palabras de Don José Muelas: “dime lo que inviertes en justicia y te diré realmente lo que te importa el Estado de Derecho de tu país”. Esta cita de este gran letrado y bellísima persona responde a esa pregunta y a otras muchas preguntas.