El laboratorio de la reacción: San Telmo ensaya el desmantelamiento del Estado Social

 

Las transformaciones políticas de este gobierno de Moreno Bonilla rara vez irrumpen con estruendo, se han cuidado mucho y quizás ya ha comenzado su final con este acuerdo de gobierno, de mentiras y un descomunal trilerismo que le va a costar mucho mantener. Juan Manuel Moreno Bonilla y su equipo casi nunca llegan anunciándose como una ruptura histórica ni se presentan con discursos que proclaman el inicio de una nueva era. Al contrario: avanzan con una apariencia mucho más tranquila, discreta y sedante. Pero que nadie se lleve a engaño: el falsamente moderado Moreno Bonilla no es más que el caballo de Troya de las fuerzas más reaccionarias. Y cada vez le va a costar más trabajo.

Se envuelven en palabras que transmiten seguridad y serenidad: estabilidad, eficiencia, sentido común, buena gestión. Todo el engaño en pleno. Presentan lo que es un hachazo ideológico como simples correcciones administrativas, como pequeños ajustes técnicos o como respuestas pragmáticas a problemas cotidianos. Y precisamente ahí, en esa calculada anestesia social, reside el engaño y su fuerza.

El documento de acuerdo de la legislatura PP-VOX ya muestra que a las derechas andaluzas les sobran las caretas. Aunque aparece revestido de ese mismo lenguaje funcionarial y aparentemente neutro, una lectura atenta desvela la trampa. Lo que emerge de sus páginas no es una inocente lista de prioridades compartidas para garantizar la gobernabilidad; lo que asoma es una descarnada ofensiva contra la comunidad política y un cambio radical en las reglas de juego sobre quién merece protección pública y cuál debe ser el alcance de nuestros derechos colectivos.

Existen gobiernos que cambian presupuestos, otros que modifican leyes y otros que aspiran a algo mucho más peligroso: transformar la manera en que una sociedad se piensa a sí misma. La cuestión que atraviesa este pacto no es de céntimos; es de dignidad: ¿quién merece ser incluido plenamente dentro de la comunidad y bajo qué humillantes condiciones?

 

De derechos universales a privilegios selectivos: la trampa de la exclusión

El corazón más cruel del acuerdo late alrededor de la llamada «prioridad nacional». La expresión posee una apariencia de razonabilidad cuando se escucha de pasada, pero detrás de esa fórmula de ventanilla se esconde la demolición del Estado social. Introducir criterios de arraigo de hasta diez años para acceder a una vivienda pública o a recursos de emergencia supone dinamitar la lógica que sustentó los sistemas de protección pública durante décadas: que determinadas necesidades esenciales deben quedar cubiertas por el mero hecho de pertenecer a la comunidad humana. Aquí no. Aquí la cuestión ya no es qué necesita una persona, sino establecer una escala de legitimidad discriminatoria sobre quién merece más protección que otra.

Cuando la vivienda es un bien inaccesible para las mayorías, cuando los salarios no llegan a fin de mes y el coste de la vida ahoga, hay dos caminos. El primero obliga a mirar hacia arriba, a las estructuras económicas, y preguntarse por las causas reales de la desigualdad y por los mecanismos que concentran los beneficios en unas pocas manos. El segundo camino es mucho más sencillo, cobarde y emocionalmente eficaz: buscar un rostro visible al que culpar.

El migrante, el recién llegado o el diferente se convierten en figuras políticamente útiles. No porque hayan provocado el problema, sino porque permiten simplificarlo. La escasez de recursos deja de explicarse por la especulación o la falta de inversión y empieza a presentarse como una pelea a garrotazos entre personas vulnerables. El conflicto deja de dirigirse hacia arriba y se desplaza lateralmente, logrando que quienes comparten la misma miseria se miren con desconfianza. Mientras tanto, quienes se encuentran en las posiciones de poder económico o institucional desaparecen impunes del centro de la conversación.

 

Ruido de trincheras: la guerra cultural como cortina de humo

Para consumar una operación política de este calado se necesita construir una atmósfera de tensión emocional permanente que mantenga ocupada a la opinión pública. El acuerdo lo ejecuta de forma milimétrica: los debates sobre la memoria histórica, las cruzadas identitarias, el blindaje de la tauromaquia o la prohibición del burka adquieren un peso central. Cada asunto deja de ser un desacuerdo ordinario para convertirse en una batalla a vida o muerte sobre la supervivencia de los valores tradicionales.

La consecuencia es inmediata: la conversación pública se transforma en una sucesión continua de trincheras. Cada semana exige un nuevo enemigo o una nueva amenaza ficticia. Y mientras esa dinámica de distracción absorbe la atención colectiva, las decisiones estructurales avanzan por detrás sin apenas resistencia. La reducción del IRPF que beneficia a las rentas más altas, la eliminación de los tributos ambientales a los plásticos o las emisiones y la disminución de las herramientas de intervención pública no generan titulares espectaculares porque exigen tiempo y análisis. La atención pública permanece dirigida hacia el ruido identitario mientras el vaciado de las arcas comunes avanza en un discreto y rentable silencio.

 

El ecocidio andaluz: discursos políticos contra la realidad física

Existe una contradicción flagrante y suicida en la forma en que el acuerdo aborda la cuestión agrícola y ambiental, maltratando de forma consciente a Andalucía. El mensaje de la derecha es música para los oídos del agronegocio: menos regulación, menos obstáculos y más libertad absoluta para producir. El problema es que los límites naturales poseen una característica muy incómoda para el Parlamento: no modifican su comportamiento por decreto ley.

Andalucía lleva años enfrentándose a una presión extrema sobre sus recursos hídricos, a sequías crónicas y a procesos de desertificación que ya no son advertencias ecologistas, sino realidades materiales que destruyen el territorio. La disponibilidad de agua no aumenta mediante declaraciones institucionales ni Doñana se salva reduciendo las exigencias regulatorias. Presentar la eliminación de restricciones ambientales como una garantía de prosperidad puede producir beneficios inmediatos a corto plazo para los grandes terratenientes, pero traslada una factura impagable hacia el futuro. La naturaleza siempre termina presentando el cobro de lo que durante años se ignoró por cálculo electoral.

 

El desguace silencioso de la sanidad y la educación públicas

En materia de sanidad y educación, la privatización brutal que ya padecemos se disfraza con un lenguaje edulcorado. El pacto evita cuidadosamente los términos conflictivos y los sustituye por eufemismos gerenciales: no se habla de privatización, sino de eficiencia; no se habla de sustitución progresiva de la pública, sino de colaboración; no se habla de negocio, sino de modernización. Pero la realidad es tozuda.

El mecanismo de desguace es de manual: primero se cronifican los problemas estructurales, se engordan las listas de espera y se fomenta el deterioro acumulado de los centros públicos. Una vez que la frustración social y el agotamiento de los usuarios son insoportables, se presentan como «soluciones inevitables» las fórmulas de colaboración público-privada o la concertación masiva del Bachillerato. El riesgo real de este proceso es que el acceso a la salud o a la educación de calidad deja de ser un derecho universal para convertirse en un producto disponible en función de la cuenta corriente de cada familia.

 

Desmemoria institucional: blanquear el pasado para controlar el futuro

Pocas cuestiones revelan tanto la catadura de un proyecto político como su relación con la memoria. Este acuerdo representa un insulto y una vergüenza intolerable contra las familias de los miles de desaparecidos que aún yacen en las cunetas por el terror franquista. La memoria democrática nunca fue una discusión melancólica sobre nombres de calles o monumentos; trataba de decidir qué heridas merecen reconocimiento y qué relatos deben fundar nuestra convivencia.

La sustitución de las políticas memorialistas por una tramposa «Ley de Concordia» intenta proyectar una falsa imagen de neutralidad. La palabra suena bien, pero ¿qué justicia puede hablar de conciliación con los asesinados bajo tierra? Reconciliar no significa borrar; superar no significa olvidar; y construir convivencia no significa colocar al mismo nivel a quienes defendieron la legitimidad democrática y a quienes la destruyeron a sangre y fuego.

Quienes apelan constantemente a la identidad colectiva muestran una extraordinaria incomodidad ante la memoria real de su pueblo, porque una comunidad sin memoria es una comunidad más frágil, más vulnerable y más fácil de moldear políticamente. Quien controla el relato del pasado, condiciona de forma absoluta el presente y el futuro.

 

El andalucismo domesticado: del derecho social al souvenir electoral

A Moreno Bonilla se le ha caído escandalosamente la careta de ese andalucismo moderno que intentó impostar durante años; hoy sabemos de manera definitiva que el personaje es de cartón piedra. El acuerdo de gobierno con la ultraderecha —fuerza que desprecia abiertamente el Estado autonómico y la figura de Blas Infante— constata el secuestro y la domesticación de la identidad andaluza.

El andalucismo histórico nació indisolublemente ligado a la exigencia de igualdad territorial y justicia social; fue la respuesta de un pueblo contra los desequilibrios, la dependencia y un colonialismo económico que aún perdura. No era una cuestión de folclore, himnos o banderas; significaba tierra, empleo, dignidad y la capacidad de decidir sobre el propio destino frente a la subordinación.

El modelo de la derecha reduce a Andalucía a una versión estrecha y superficial: un souvenir electoral vaciado de contenido político, un mero catálogo de tradiciones, flamenco y toros apto para el consumo turístico. Las identidades vaciadas de exigencia material se transforman en simples decorados políticos: mucho color institucional, mucha emoción de balcón y nula capacidad para alterar las condiciones materiales de vida de las clases trabajadoras que las habitan.

 

Ofensiva neoliberal: mirar hacia abajo para blindar a los de arriba

Bajo los eslóganes de la estabilidad y la gestión responsable se esconde uno de los ensayos más peligrosos de avance de los fascismos neo-tecnoliberales en el Estado español. Lo que este pacto dibuja en el horizonte es una Andalucía con mayores barreras sociales, con servicios públicos debilitados y con una presencia invasiva del interés privado en los bienes colectivos. Mientras el conflicto cultural y la discusión de símbolos ocupan el centro del escenario, el debate sobre la desigualdad real queda completamente desterrado.

La operación política es de una rentabilidad extraordinaria: consiste en convencer a millones de trabajadores de que los responsables de sus dificultades no son las élites que se enriquecen a su costa, sino los desposeídos que tienen al lado. Mientras logran que la gente busque culpables mirando hacia abajo con recelo y rabia, los de arriba continúan abandonando pacíficamente el edificio con las llaves de la riqueza común en el bolsillo. No nos equivoquemos: San Telmo es hoy el laboratorio donde se ensaya el modelo de desmantelamiento que pretenden exportar al resto del Estado, un búnker reaccionario edificado sobre mentiras cada vez más burdas.