El riesgo de constituir un gobierno ilegítimo

La manipulación del derecho que parece tramar la pareja Sánchez-Puigdemont supone que el Estado, tras haber perdonado las penas (o parte de ellas) a los  golpistas catalanes (indulto),  ahora se vea forzado a pedirles perdón (amnistía) por haber condenado sus delitos. Tan abyecta actitud recuerda la subasta por el poder imperial ganada por Didio Juliano, en Roma, en el año 193 d. C., al necesitar el primero de aquéllos los votos del segundo para ser investido. Y aquí, encima, Sánchez y sus secuaces pretenden disfrazar la indecente puja apelando a la reconciliación, la altura de miras y otras zarandajas que despisten al respetable y engañen a los ingenuos. Para más recochineo, los gerifaltes separatistas afirman que la tal amnistía es solo un primer paso hacia un referéndum de autodeterminación.

En tal escenario, empiezan a aparecer, en medios, tertulias y redes, invocaciones al artículo 8 de la Constitución, que asigna como misión a las Fuerzas Armadas: “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Mandato que siempre he relacionado con el artículo 97 de la Constitución,  que atribuye al Gobierno la dirección “de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa de las leyes”. Y a tal interpretación me sigo subordinando, en base al convencimiento de que nuestra Ley Fundamental adjudica esa potestad directiva a un Gobierno legítimo. Entendiendo por tal al que forma un presidente investido democráticamente en el congreso de los diputados.     

Y esa es una cuestión central. Porque ―no me cansaré de repetirlo―, el voto, para ser democrático, ha de ser libre, secreto e informado. Y si bien parece claro que las dos primeras condiciones se cumplieron en la jornada electoral del 23-J, no sucedió lo mismo con la tercera. El candidato Sánchez fue a las elecciones con el lema “la amnistía no tiene cabida en la Constitución”, por lo que actuar en sentido opuesto, en asunto tan esencial, después de los comicios, no solo es muestra de una procaz falta de escrúpulos, sino que  asimismo deslegitima a priori una potencial investidura basada en votos mal informados y, por tanto, no democráticos. En otros términos, que, de prosperar la investidura en los términos actuales se constituirá un Gobierno legal pero ilegítimo y, consecuentemente, repudiado para ejercer la dirección prescrita en el artículo 97 de la Constitución. Y las Fuerzas Armadas, previsiblemente, tendrían que actuar de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 8. Otra cosa sería si, en unas nuevas elecciones, Sánchez concurriera a ellas expresando su intención de amnistiar a los golpistas y de convocar un referéndum de autodeterminación. Aunque, me temo, ese aprendiz de autócrata evitará a toda costa ir a nuevas elecciones. Así, quizás, en algún momento, el sol salga por Antequera…