En defensa de la Constitución y del Estado

Cada vez resulta más deshonrosa la actitud humillada de Sánchez para obtener los votos de los separatistas catalanes. El acuerdo para la investidura cerrado entre Cerdán y Junqueras, cede, concede y regala a los separatistas lo que durante la campaña para las generales del 23-J era imposible realizar “por ser ilegal o anticonstitucional”, según voceaban tanto aquél como muchos de sus ministros. Para mayor recochineo y completar la indignidad, perpetrada “en nombre de España” (Sánchez dixit), ya solo falta que él se desplace hasta Bélgica para rodar la escena del sofá en los Estudios Puigdemont. Es tremendo que no haya un solo gerifalte de su entorno que viendo un desmadre que enlosa el camino hacia un conflicto civil, no le diga a Sánchez: “Pedro, para ya, que vamos al desastre”. Tan desolado horizonte invita a preguntarse si es que la deriva extorsionadora de los separatistas catalanes tiene o no un límite y, en su caso, cuál sería éste.

Hay instituciones que están obligadas a dar un paso adelante en defensa de la Constitución y del Estado cuando éstos están en peligro. De momento, a petición de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), éste se reunirá de urgencia, el lunes, en un pleno extraordinario, por considerar que la Amnistía, anunciada por Sánchez en la reciente reunión del Comité Federal de su partido, supone la “abolición del estado de derecho”. Eso significa como señalaba John Müller en ABC el pasado jueves, que la polémica “desborda la política y pasa a las instituciones del Estado”. Si el Poder Judicial no lograse parar la malsana política  sanchista, que incluye la “amnistía” y que conduce hacia una investidura necesariamente ilegítima por salir de unas elecciones fraudulentas, entonces Sánchez o doña Margarita Robles tendrán que explicar muy detalladamente a otros poderes ―los que ya en el siglo XVI mencionaba Cisneros―, cómo deben entender el mandato constitucional, de garantizar la soberanía y defender la integridad territorial y el orden constitucional de España, que son cometidos a ellos asignados por la Constitución.