En desprestigio del CNI
Es un acto de especial gravedad porque significa el acceso de Iglesias a los asuntos más confidenciales y sensibles de la seguridad.
La ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), atribuye a éste la misión de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones. Tras 18 años de funcionamiento regular, el Centro está siendo hoy objeto de un gran debate mediático, especialmente en lo relativo a la gestión de la información clasificada.
Tal controversia se produce sin que la legislación básica aplicable ni los protocolos de actuación se hayan modificado. Pero han cambiado las personas. La coalición del sanchismo (PSOE) con los neocomunistas (UP) ha dado entrada en el Gobierno a personas de dudosa sintonía con aquella misión del CNI. El caso más alarmante ―no el único―, es el del vicepresidente 2º y ministro de asuntos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias. Éste, a esos cargos, acaba de añadir, por R.D. 399/2020, de 25 de febrero, la condición de miembro permanente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI). Comisión cuya función esencial es asegurar la coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado.
A simple vista, la farfolla de “asuntos sociales y la agenda 2030”, poco o nada tiene que ver con las témporas. Por ello, la inclusión de Iglesias en la CDGAI parece otra imposición del caprichoso y omnipotente dedo índice de Pedro Sánchez. Es un acto de especial gravedad porque significa el acceso de Iglesias a los asuntos más confidenciales y sensibles de la seguridad. Tanto de España como la de las organizaciones internacionales de defensa y seguridad en las que nuestro país participa. Por ejemplo, la OTAN. Asimismo, le permitirá infiltrarse en las “tripas” no solo del CNI, sino también ―ojo al dato―, de la llamada inteligencia interior, así como de la inteligencia militar.
Pero, me temo, el señor Iglesias no ha pasado por la investigación y ni el análisis de riesgo sobre sus antecedentes y entornos, establecidos por la normativa vigente de la autoridad nacional para la protección de la información clasificada; especialmente sus “criterios de valoración e idoneidad de las personas”. Seguramente, porque de hacerse tales investigaciones y análisis, aquél sería descalificado. Por tanto, no debería tener Habilitación Personal de Seguridad (HPS) alguna, ni estaría habilitado para ser miembro de la CDGAI. ¿O es que acaso lo que es preceptivo para todos, civiles y militares, que afecta a la seguridad de todos, no es de aplicación a Iglesias por la gracia de Sánchez?
A la directora del CNI, Paz Esteban, como autoridad delegada (de la ministra de asuntos exteriores, Arancha González Laya, y de defensa, Margarita Robles) para la seguridad de la información clasificada, compete cumplir y vigilar el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad. Algo que parecería no estar realizándose si, desde Moncloa ―como algún medio afirma―, se pasaran al CNI nombres de personas a las que se les exime del filtro de la Oficina Nacional de Seguridad del CNI.
Estaríamos pues ante una inaceptable y peligrosa fuga de seguridad, potencialmente prevaricadora, que debería ser investigada. También ante una falta de rigor de la autoridad delegada, y de las delegantes, en el cumplimiento de sus respectivos altos cometidos. No sería de extrañar que el deterioro alcanzase al esencial intercambio de información, con los servicios homólogos de países socios y aliados.
Lamentablemente, se agiganta la potencialidad de una general pérdida de la confianza y del prestigio de los que hasta ahora gozaba el CNI. Éste parece haber sido incluido, por algunos, en la lista de objetivos a desprestigiar.