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En el umbral de una crisis sistémica

La batalla de Madrid, reflejo de la batalla política en España, continuará…

 

El primer gran combate político entre Moncloa y Sol se resolvió el pasado jueves cuando el TSJM suspendió las restricciones a la movilidad de los madrileños que, por Orden Ministerial, había impuesto el Gobierno una semana antes. Sin embargo, al día siguiente, el TSJC-L ratificaba medidas similares, adoptadas por la Junta de C-L, para las localidades de León, Palencia y San Andrés de Rabanedo. Más allá del escepticismo por esta aparente contradicción jurisdiccional, el Gobierno reaccionó inmediatamente ―segundo combate―, con un decreto-ley de estado de alarma, imponiendo “sus” medidas a la CA de Madrid.

Quizás por formación, soy receptivo al empleo del “ordeno y mando”, cuando se esté plenamente convencido de la imperiosa necesidad de así hacerlo. Pero, en el caso de Madrid, me cabe la sospecha de que tal convencimiento haya estado basado más en la rentabilidad política, que en la razón sanitaria. Ya me gustaría que, más allá de la recurrente falacia argumental del Gobierno, tal firmeza y diligencia se aplicaran, por ejemplo, a Navarra, o Cataluña o el País Vasco. La batalla de Madrid, reflejo de la batalla política en España, continuará…

En todo caso, la disparidad entre sentencias de los TSJ,s (y hay 17) es una muestra más del desbarajuste del Estado de la Confusión, también llamado Estado de las Autonomías. Resulta triste, y a la vez hilarante, que un Gobierno donde proliferan los jueces (Robles, Marlaska y Campo), que además controla la fiscalía (Sánchez dixit), y que está arropado por una descomunal quinta de abogados del estado se lanzara, sin apoyatura jurídica solvente, a restringir derechos fundamentales. Un amigo, austero teniente de zapadores (nada menos), lo resumía así: “es de primero de Derecho, que una simple Orden Ministerial no puede modificar la Constitución”. 

En ese marco, el “caso Dina” tomó fuerza el pasado miércoles. El juez de la AN García Castellón solicitó al TS  la imputación de VP2º, Pablo Iglesias, por presuntos delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Si don Pablo no fuera aforado, o si renunciase a este privilegio de casta (aforados a mansalva), el caso estaría ya en los juzgados ordinarios de la Plaza de Castilla (Madrid). Para abrir causa penal al VP2º, el TS tendría que pedir el suplicatorio al congreso de los diputados. Un formidable obstáculo que, seguramente, haya sido base para que, con su proverbial chulería barriobajera, Iglesias haya calificado de “inconcebible” que el Supremo le empitone.

Los españoles estamos atrapados en un laberinto infinito de despropósitos, donde el enfrentamiento y la gresca política son permanentes. A las crisis pandémicas (sanitaria, económica y social) se ha añadido ahora la de confianza, que es incompatible con la democracia. Nos encontramos, en definitiva, en el umbral de una crisis sistémica previa al estado fallido. Es terrible tener que concluir que el dueto ejecutivo, formado por el Ilegítimo con Iglesias, no sea más que el atisbo de la podredumbre en que, como sociedad, ellos nos están convirtiendo. Me viene a la memoria el pensamiento (atribuido) de Lincoln: Mantengamos la fe en el triunfo de la razón y, confortados por ella, mantengamos la osadía de cumplir nuestro deber de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia”.

Pues eso. A solo tres horas de la Fiesta Nacional: ¡Viva España! ¡Viva la Constitución! ¡Viva el Rey!