Huelga de alquileres de Sevilla 1936

Una ciudad al límite

La historia de una ciudad también puede escribirse desde las puertas de una casa. Hay conflictos que no nacen en los parlamentos ni en los campos de batalla, sino en un patio de vecinos, en un techo que amenaza ruina o en el recibo de un alquiler imposible de pagar. La vivienda ha sido uno de los grandes conflictos sociales de la Andalucía contemporánea y Sevilla conoció algunos de sus episodios más intensos. Desde finales del siglo XIX, el crecimiento urbano, la emigración del campo y la escasa construcción de vivienda obrera dispararon la demanda mientras la oferta permanecía estancada. Los alquileres aumentaban, los salarios apenas seguían el mismo ritmo y la especulación inmobiliaria comenzaba a consolidarse como un negocio extraordinariamente rentable.

En ese contexto estalló una de las mayores movilizaciones urbanas de la Segunda República. Durante la primavera de 1936, miles de familias sevillanas desafiaron a los grandes propietarios dejando de pagar las rentas y situando el derecho a la vivienda en el centro del debate político. No fue únicamente una protesta contra unos alquileres abusivos; fue la respuesta de una ciudad que había llegado al límite.

La Sevilla de 1936 era una ciudad profundamente desigual. Miles de familias sobrevivían hacinadas en corrales de vecinos, casas de vecindad y barriadas levantadas sin apenas planificación. Muchas viviendas carecían de agua corriente, alcantarillado o pavimentación; las humedades eran permanentes y las enfermedades asociadas a la falta de higiene castigaban especialmente a los barrios obreros. A comienzos de aquel año, además, unas fuertes inundaciones agravaron todavía más la situación, dejando cientos de viviendas inhabitables y multiplicando la emergencia social.

Mientras tanto, numerosos inmuebles permanecían vacíos. Los anuncios publicados en la prensa resumían mejor que cualquier discurso aquella realidad: «Se vende casa sin inquilinos». Para muchos propietarios, una vivienda vacía tenía más valor que una ocupada por familias protegidas por la legislación republicana. Las denuncias por abandono deliberado de los edificios, negativa a realizar reparaciones y presiones para expulsar a los vecinos comenzaron a multiplicarse.

Los barrios se organizan

La indignación llevaba años creciendo, pero durante los primeros meses de 1936 empezó a transformarse en organización. La Cámara de Inquilinos de Sevilla inició una intensa campaña pública denunciando el estado de la vivienda en la ciudad e invitando a todos los vecinos a presentar reclamaciones contra los propietarios. Las denuncias describían una realidad desoladora: edificios a punto de derrumbarse, patios convertidos en focos de infección, viviendas inundadas y alquileres elevados por casas que apenas reunían condiciones para ser habitadas.

El movimiento adquirió una nueva dimensión el 11 de marzo, cuando la Liga de Inquilinos de Ciudad Jardín reunió a centenares de vecinos en el cine La Gloria. De aquella asamblea surgió un amplio programa de reivindicaciones remitido al gobernador civil y al Ayuntamiento: construcción de nuevas barriadas obreras, urbanización de Amate y otros barrios olvidados, condonación de deudas por alquileres e impuestos e intervención pública sobre Ciudad Jardín por los incumplimientos de la empresa urbanizadora. Días después, otra asamblea acordó dejar de pagar los alquileres a Urbanización y Construcción mientras persistiera el abandono de la barriada, anticipando la estrategia que poco después se extendería por toda Sevilla.La movilización encontró también apoyo institucional. Los concejales comunistas y dirigentes sindicales Saturnino Barneto y Manuel Delicado defendieron las reivindicaciones de los inquilinos en el pleno municipal, mientras el ministro sevillano Manuel Blasco Garzón asumía un papel relevante como mediador entre inquilinos y propietarios, intentando alcanzar una solución negociada.

La huelga de alquileres

El 30 de marzo la Cámara de Inquilinos celebró un multitudinario «mitin monstruo» en el Frontón Betis. Miles de personas reclamaron una rebaja del cincuenta por ciento de los alquileres, la prohibición de los desahucios en casos de paro o enfermedad, la obligación de los propietarios de mantener las viviendas en condiciones dignas y la urbanización inmediata de las barriadas populares. Al finalizar el acto lanzaron un ultimátum: si las autoridades no atendían aquellas demandas, Sevilla respondería con una huelga de alquileres.

Las negociaciones fracasaron. La convocatoria fue registrada oficialmente ante el Gobierno Civil y, en junio de 1936, miles de familias dejaron de pagar las rentas de forma coordinada. No era únicamente un impago colectivo, sino una forma de resistencia frente a un modelo que permitía viviendas ruinosas, alquileres desproporcionados y barrios abandonados mientras numerosos inmuebles permanecían vacíos por puro interés especulativo. Paralelamente comenzaron también las ocupaciones de viviendas deshabitadas, elevando todavía más la tensión.

La respuesta de la propiedad

Los propietarios reaccionaron organizándose en torno a la Cámara de la Propiedad Urbana, que rechazó las reivindicaciones de los inquilinos y exigió una actuación firme de las autoridades. La prensa comenzó a publicar denuncias por ocupaciones en calles como Pelay Correa, Evangelista o Rocío, mientras el juez decano anunciaba que requeriría el desalojo de las viviendas ocupadas y actuaría conforme a la ley si los ocupantes se negaban a abandonarlas. El conflicto había dejado de ser únicamente una cuestión de alquileres para convertirse en uno de los mayores enfrentamientos sociales de la Sevilla republicana.

Una lucha interrumpida

Durante varios meses, la huelga consiguió colocar en el centro del debate político cuestiones que afectaban a decenas de miles de sevillanos: alquileres abusivos, viviendas insalubres, barrios abandonados, especulación inmobiliaria y el papel que debía desempeñar el Estado para garantizar el derecho a la vivienda. El golpe militar del 18 de julio de 1936 interrumpió bruscamente aquella movilización y los acuerdos alcanzados. La represión franquista desmanteló la Cámara de Inquilinos, las organizaciones vecinales y el movimiento obrero que había impulsado la protesta.

Muchos de sus dirigentes fueron asesinados, encarcelados o forzados al exilio. La huelga terminó, pero el problema permaneció. Casi un siglo después, cuando el acceso a una vivienda vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de la sociedad sevilllana, la huelga de alquileres de Sevilla de 1936 sigue siendo un referente y nos recuerda que la vivienda nunca ha sido solo un bien de mercado: también ha sido, y continúa siendo desgraciadamente, uno de los grandes escenarios de la lucha por la justicia social.