Los incendios y el dinero robado en la Diputación de Almería

Hay una ironía que no figura en ningún sumario pero que debería avergonzar a quienes la protagonizan. La Diputación Provincial de Almería tiene competencias expresas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Como todas las diputaciones de España. No es una responsabilidad que le hayan cedido por accidente ni una atribución menor: la Ley de Bases de Régimen Local y la normativa autonómica le asignan a la Diputación un papel directo en la defensa del monte, en el mantenimiento de las pistas forestales, en los parques de bomberos con cobertura rural y en la coordinación con la Junta para proteger un territorio tan castigado como el almeriense. Eso es lo que debería haber hecho con el dinero público que le confían los ciudadanos. Lo que presuntamente hizo, en cambio, tiene nombre judicial: el Caso Mascarillas.

Según los autos del juzgado, los informes de la UCO y la cobertura de EL PAÍS y Diario de Almería, entre 2016 y 2024 se investigaron en la Diputación de Almería contratos con adjudicaciones presuntamente irregulares, sobrecostes sistemáticos y comisiones que dibujan una trama de apropiación de fondos públicos. El desglose es preciso: 945.000 euros de sobrecoste en un contrato de mascarillas de dos millones. Cientos de miles más en obras menores bajo los nombres de Pulconal, OYC y otras derivadas. El volumen total de fondos públicos presuntamente comprometido: entre cuatro y cinco millones de euros. Dinero de todos los almerienses que, según la investigación, no llegó a donde tenía que llegar.

Ahora venga la aritmética que duele. La Junta de Andalucía destina aproximadamente 2,85 millones de euros al año a la prevención de incendios en la provincia de Almería: cortafuegos, fajas auxiliares, desbroces en torno a 881 hectáreas y mantenimiento de más de 2.000 hectáreas adicionales. Es su partida. Es lo que hay. Ese número —2,85 millones— es casi exactamente la mitad de lo que los investigadores judiciales sitúan como presuntamente sustraído o desviado en la Diputación. Dicho de otra manera: mientras la Junta ponía 2,85 millones para defender el monte almeriense, los presuntos golfos de la Diputación se llevaban el doble. Y la Diputación, que tiene obligación legal de colaborar en esa defensa, miraba hacia otro lado o miraba hacia sus propios bolsillos, según lo que determine el procedimiento judicial.

Almería no es una provincia cualquiera en materia de riesgos forestales. Su clima semiárido, su orografía abrupta y la condición de sus masas de monte la sitúan en primera línea de peligro cada verano. Los técnicos del INFOCA lo saben. Los alcaldes de la sierra lo saben. Los vecinos de Sierra María-Los Vélez, los Filabres y Sierra de Gádor lo saben mejor que nadie. Lo que no saben, o lo que nadie les ha explicado con suficiente claridad, es que parte del dinero que podría haber financiado su protección presuntamente acabó en otra parte.

¿Qué habrían dado cuatro o cinco millones de euros en prevención? La pregunta no es poética: tiene respuesta técnica. Con ese dinero se podrían haber tratado entre 1.500 y 2.500 hectáreas adicionales con infraestructuras preventivas reales: cortafuegos, podas, desbroces, barreras que detienen el fuego antes de que llegue al primer tejado. Se podrían haber sostenido entre cien y doscientos pastores con ganadería extensiva —a entre tres mil y seis mil euros anuales— para que sus rebaños hicieran lo que hacen mejor que cualquier máquina: limpiar el monte de forma natural. Una medida que cuesta diez o quince veces menos que apagar lo que después arde. O se podrían haber pagado entre 50.000 y 62.500 jornales de bombero forestal del INFOCA, el equivalente a tener 230 o 300 efectivos durante toda la campaña de alto riesgo, o a estabilizar contratos anuales para decenas de brigadistas que hoy trabajan con contratos temporales y medios justos. Conviene recordar, además, que la ampliación del centro de defensa forestal de Serón costó 2,7 millones. Con el dinero investigado en la Diputación se podría haber construido casi dos instalaciones de ese calibre.

Nada de esto ocurrió. No hay cortafuegos que llevan el nombre de un contrato amañado. No hay brigada reforzada gracias a una comisión devuelta. No hay una sola hectárea tratada que se pueda acreditar como resultado de una buena gestión en la Diputación de Almería durante esos años. Lo que hay es un sumario judicial, numerosos investigados con la cúpula del PP de por medio, informes de la UCO que describen con frialdad cómo funciona una trama de este tipo y, al fondo, un monte que sigue esperando los recursos que nunca llegaron. Claro, las mentes pensantes estaban a otras cosas.

La Diputación de Almería no es una institución ajena a la defensa del territorio. Tiene competencias, tiene medios y tiene la obligación de rendir cuentas ante los ciudadanos que la financian. Que esa institución, con esa responsabilidad concreta sobre el monte y sobre los municipios rurales de la provincia, haya sido el escenario de una investigación de esta magnitud no es un dato administrativo. Es una traición política y una negligencia con consecuencias reales sobre la seguridad de la gente.

Cada euro que presuntamente se desvió en comisiones es un jornal que no cobró un bombero, un kilómetro de cortafuegos que no se abrió, un verano que llegó con el monte sin tratar. El fuego no entiende de procedimientos judiciales ni de plazos de instrucción. El monte arde igualmente, con menos medios de los que debería tener, mientras la causa sigue su curso.

Eso es lo que hay que recordar cuando se habla del Caso Mascarillas en Almería. No solo lo que se robó. También lo que no se hizo con ese dinero público que voló y no por el maldito viento de Levante o de Poniente.