Huelga judicial

Desde el 24 de enero se está llevando a cabo una huelga indefinida convocada por los miembros de un Cuerpo Superior de la Administración del Estado, los secretarios judiciales, hoy Letrados de Administración de Justicia (LAJ). Teniendo los jueces prohibido el derecho de huelga, los siguientes en importancia en el escalafón judicial, los que pueden paralizar los juzgados son ellos, los Letrados de la Administración de Justicia. Su huelga ya ha provocado la suspensión de decenas de miles de juicios y actos jurídicos. Una demostración de cómo perjudicar a ciudadanos con derechos del siglo XXI en sociedades democráticas, con medidas pensadas para combatir a los terratenientes del siglo XIX; una situación fruto de la ineficacia de los responsables políticos, muy ocupados en sus asuntos personales y luchas por sus poltronas, y de los sindicatos, anclados en fórmulas que, si en el pasado servían para oponerse a los poderosos, hoy son prácticas que atentan contra derechos de millones de ciudadanos.

De estos miembros del grupo A1 de funcionarios de justicia depende el correcto funcionamiento de los tribunales del país. Son 4.300 y en los últimos años han ganado competencias en sus tareas. Son los responsables de dirigir la oficina judicial, gestionan los pagos de la justicia por pensiones alimenticias, indemnizaciones o embargos, dictan resoluciones y gestionan unos 4.500 millones de euros anuales para sus competencias. Ellos dan fe pública de las actuaciones judiciales y ningún juicio puede celebrarse sin su presencia. Esta huelga arrastra ya unas 200.000 vistas suspendidas y más de 600 millones bloqueados en indemnizaciones y actos jurídicos con personas perjudicadas. 

Según los LAJ, dos reformas legales en 2009 y 2015 añadieron tareas y competencias a sus funciones, pero con el mismo salario, y este hecho es el detonante de la situación actual. Reclaman percibir el 85% del salario de un juez o fiscal (actualmente perciben el 60-70%). en 2022 comenzaron a exigir incrementos salariales y un Estatuto acorde con las funciones asumidas en los últimos años. Su salario este año se situará entre los 39.000 y los 59.000 euros, dependiendo del juzgado al que estén adscritos. El sueldo base (entre 18.500 y 20.500 euros/año) se acompaña de una retribución por antigüedad y otros complementos por destino o específicos dependiendo de la función, responsabilidad, complejidad o penosidad, además de un plus por la formación del profesional que lo ejerce. Según los convocantes, la huelga está siendo secundada por el 85% de los letrados y según el Ministerio de Justicia, por el 34%. los servicios mínimos, sobre el 30%, atienden los asuntos prioritarios como causas con preso, violencia de género, causas urgentes de menores, internamientos psiquiátricos o medidas de protección a personas vulnerables y se han suspendido bodas, pagos de pensiones de alimentos a los niños, o juicios que provocan daños importantes, además de a los afectados, a abogados y procuradores. 

El Ministerio dice que su incremento salarial el presente año ha sido del 14%, los acusa de ser una clase privilegiada (esto en boca de un político dirigido a funcionarios muy cualificados evidencia que en este país se han superado todos los límites morales) y los compara con los controladores aéreos.

Lo que es evidente es que los ciudadanos son rehenes de unos y otros y que no se pueden abordar problemas de la sociedad del siglo XXI con medidas de dos siglos atrás para otra sociedad. El secretario de Estado dice haberles ofrecido estudiar una mejora del salario, pero basada en los grupos de población de los destinos de los letrados para beneficiar a los que tienen salarios más bajos, encuadrados en los dos últimos grupos, cuarto y quinto, que ha sido rechazada. Tras la reunión negociadora sin resultados del 16 de febrero, el comité de huelga recomendó a quienes siguen el conflicto que mantengan la huelga, pero que tramiten el pago de alimentos a menores y la celebración de bodas. Esta huelga, como la de controladores, médicos y cualquier otra que repercuta negativamente en la ciudadanía no tienen sentido y deberían estar prohibidas. Las huelgas nacieron entre trabajadores explotados que parando la producción perjudicaban al poderoso para que mejorara sus condiciones de trabajo. Hoy el perjudicado es el ciudadano y estas huelgas no tienen sentido en esta sociedad. Cuando son LAJ, controladores aéreos, conductores de trenes, autobús, médicos, personal de limpieza… quienes convocan las huelgas, el perjudicado no es ningún señor poderoso sino los ciudadanos y estos conflictos están resueltos hace años en países democráticos, pero no ha llegado su regulación a una partidocracia como la nuestra.

No debería ser difícil regular que antes de llegar a estas medidas que tanto perjudican a millones de personas, el Estado debería arbitrar la forma legal para que, si no ha sido posible un acuerdo tras la negociación en cualquier sector que afecte a la vida de los ciudadanos, un órgano (comité de expertos en derecho laboral, Constitución, derechos civiles…) que en caso de desacuerdo entre los funcionarios, colectivo de trabajadores, la Administración o una empresa, pueda, si no consigue poner de acuerdo a las partes, dictar un laudo de obligado cumplimiento impidiendo el grave perjuicio para la sociedad de esas medidas de hace dos siglos cuando existía otra sociedad. Es una fórmula que leí en algún informe del Consejo Económico y Social y que planteé que se incorporara en la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad 2/86 como desarrollo al Consejo de Policía, pues al ser un órgano no vinculante y con mayoría de la administración por el voto de calidad del presidente no sirve para dirimir las declaraciones de conflicto colectivo planteados. De hecho, en 37 años no ha resuelto ninguno.

En esta sociedad capitalista de consumo una huelga que afecte a los desplazamientos, justicia, seguridad, limpieza… es como una guerra, un acto donde no se impone quien tenga la razón sino quien tenga la fuerza. En sociedades democráticas de ciudadanos con derechos, las huelgas que los utilicen como rehenes no deberían ser legales; los derechos de los trabajadores se obtienen con leyes justas y sindicatos vigilantes que impidan retrocesos, pero no secuestrando los derechos de millones de personas y trabajadores para que unos pocos obtengan mejores condiciones de trabajo. Es una de tantas asignaturas pendientes de este Estado en demolición con riesgo de derrumbe. Menos huelgas, más acuerdo y fórmulas para resolver los conflictos con las leyes. Eso no resta democracia, la fortalece.