La Sentencia de la Audiencia torpedea el ‘Pacto del Betis’ que ‘desconocía’ tal resolución
El Consejo de Administración del 'actual' Real Betis Balompié S. A. D. no tendría más salida que presentar su dimisión irrevocable.
El pasado jueves 17, los sevillanos y sevillanas, béticos y béticas de la Bética y de la vida se tomaron los últimos cafelitos de la mañana con la confirmación oficial de que la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevillla desestimaba el recurso de apelación interpuesto por Farusa (Familia Ruiz Ávalo S. A.), José León y Mercedes Hidalgo Leyva contra la sentencia del pasado 15 de septiembre de 2017, en la que el Juzgado número 1 de lo Mercantil declaraba la nulidad de 36.869 acciones tituladas por Farusa en junio de 1992: el 31,38% del paquete accionarial del Real Betis Balompié S. A. D.
En efecto, el 15 de septiembre de 2017, por Sentencia 522/2017 del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Sevilla (procedimiento-juicio ordinario 714/2012), el juez Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, ante la insistencia de cinco accionistas béticos vinculados a la plataforma ‘Béticos por el Villamarín’ sentenciaba que Lopera no pagó el 31,38% de las acciones del Real Betis Balompié suscritas en 1992. La cuenta es igual a 36.869 acciones, cuya demanda contra su suscripción y desembolso se admitió a trámite… casi dos décadas exactas después de los hechos de autos. Sin embargo y al mismo tiempo… ahora es judicialmente imposible actuar legalmente contra la conversión del Real Betis en Sociedad Anónima Deportiva, porque este último hecho, también acaecido en 1992 y consecuencia de las actuaciones de Lopera… ha prescrito legalmente: ????!!!!
Este recurso desestimado de Farusa (es decir, el expresidente bético, Manuel Ruiz de Lopera y Ávalo) y del Betis se ha ido deliberando en la Audiencia durante un par de años en números redondos. Al confirmar la sentencia del Juzgado Mercantil 1 (Juez Carretero), la decisión de la Audiencia supone un torpedo en la línea de flotación del ‘Pacto’ de la Notaría sevillana de Lledó, suscrito en la madrugada del 27 y 28 de Julio de 2017 por el que Farusa y la sociedad Bitton Sport (carente de títulos hasta ese momento, pese a embolsarse siete millones de euros en esta transacción…) cedían el 19,96% de sus acciones al Betis… que también pasaba a ‘transaccionar’ con el ‘paquete maldito’ -en suspensión cautelar entonces-, el 31,38% que el juez Carretero canceló y anuló ‘ipso facto’… y la Audiencia acaba de sentenciar poco menos que definitivamente.
‘Béticos por el Villamarín’, a quien lidera Hugo Galera Davidson, ex presidente del Betis y Catedrático jubilado de Anatomía Patólogica, se manifestó decididamente contra ese ‘Pacto de Lledó’ de ‘punto final’, el ‘Protocolo 921’… se negó a suscribirlo pese a un diluvio de presiones… y prosiguió con las actuaciones penales -en las que se acabó absolviendo a Lopera- y las mercantiles: estas últimas, en busca de la sentencia sobre las acciones que ahora se ha convalidado. Es preciso adelantar que, en la cláusula segunda del ‘Protocolo 921’ (P.14/66), ‘Real Betis RESTABLECE a todos los efectos la entidad Farusa en la titularidad de 49.743 acciones’… entre las que se incluyen las 36.869 de este pleito recurrido y, en fin, ahora juzgado. ( Aquí elPacto/Protocolo 921 completo ).
Y la pregunta cae por sí sola: ¿Cómo podría el Betis’ -ni nadie- restablecer la titularidad de unas acciones en suspensión cautelar por la Justicia…?
(En semanas inmediatamente posteriores a la Sentencia 522/2017, y ante peticiones escritas de aclaración de esa Sentencia 522/2017, Carretero dictó un auto aclaratorio en el que insistía en las expresiones ‘nulidad de las acciones’, ‘destrucción (de las mismas)’ y ‘cancelación en el Registro Mercantil’, acusando frontalmente a Betis y a Farusa de ‘desconocer’ la citada sentencia 522/2017. De inmediato, el Betis y Farusa/Lopera (aquí, por vía del bufete Montero-Aramburu) presentaron recurso de reposición ‘conjuntamente’: como informaron ‘Diario de Sevilla’ y ‘Diario AS’, por ejemplo. El hecho de presentar ese recurso retenía a Farusa/Lopera… cuatro millones de euros de los 8.850.000 que el Betis se comprometió a pagar al financiero de El Fontanal por el traspaso de 12.874 acciones (‘limpias’, no incluidas en el paquete maldito de las 36.869 de Carretero…), siempre según el citado Protocolo 921 de Lledó. Recuérdese: ese recurso de Farusa/Lopera fue presentado ‘conjuntamente’ (??¡¡) con el del Betis).
Cabe insistir en que el total de los pagos acordados por el Betis en el ‘Protocolo 921’ a cambio de títulos accionariales ascendía a 15.850.000 euros, más la retirada de cualquier acusación conntra Farusa (Lopera) y Bitton Sport: Luis Oliver Albesa y Joaquín Zulategui Eraso, principalmente.
Por cierto, el referido Oliver no cesa de comentar por los restaurantes sevillanos donde aterriza que el Betis le ha hecho ‘rico’ y, además, ‘sin haber comprado una sola acción’.Al financiero navarro… le asiste toda la razón, puesto que su operación de compraventa con Lopera del teórico 51,1% de los títulos de este último, en 2010… no pasó del abono de una señal de 1,1 millones de euros, y, sin un solo abono más… nunca se consumó legalmente.
Club y ciudad pintorescos
Por pura lógica, y de no tratarse de una ciudad tan pintoresca como Sevilla y un club o S. A.D tan pintoresc@ como el Real Betis Balompié, el Consejo de Administración del Betis se enfrentaría ahora a una situación de emergencia que debería abocarle al cese inmediato o dimisión, cuando se tienen en cuenta los siguientes hechos añadidos:
1) El 3-5-2018, Carretero ya desestimó ‘el’ o ‘los’ recursos de reposición. El 6-5-2018, ‘Diario AS’ tituló: «El Mercantil desautoriza de nuevo el Pacto Lopera-Betis… El juzgado considera ‘ineficaz’ dicho acuerdo y condena en costas tanto al expresidente como al club verdiblanco, que irán a la Audiencia». Se añadía: «El juez Carretero vuelve a dar la razón a la plataforma ‘Béticos por el Villamarín’, que lidera el expresidente bético Hugo Galera».
2) El 7-5-2018, ‘Diario de Sevilla’ (‘Redacción’) abría su información de forma parecida a la de ‘AS’ y titulaba: «El Mercantil pone firmes al Betis y a Lopera». Ese día, este medio concretaba: «Con este nuevo auto, el juez Carretero dejó claro que todo este proceso vivido en el Betis en los últimos meses -el proceso accionarial impulsado por el ‘Pacto de Lledó’- no ha seguido los cauces legales… el auto refleja que ese proceso (pacto y reparto accionarial) ha sido llevado a cabo ‘desconociendo’ el fallo de la sentencia del juez Carretero de declarar nulas esas 36.869 acciones». Posteriormente, Farusa/Lopera y Real Betis fueron a recurrir a la Audiencia, que ahora ha decidido ese recurso.
3) El día 23 de ese mismo septiembre de 2018, en su página ‘Tratos y Contratos’ de ‘ABC de Sevilla’, el periodista Luis Montoto informaba del llamado ‘Proyecto Zurbarán’, una ‘fusión a cuatro bandas’, «fraguada en los dos últimos meses en el sector jurídico sevillano». «Cuéllar, RZS y Zamora de Claver se fusionan en un despacho en el que se integran Ricardo Astorga y José Manuel García Quílez». ‘Cuéllar’ es (¿o era?) el despacho a cargo de de los hermanos Adolfo y Miguel Cuéllar, ambos en las firmas de demandantes contra Farusa/Lopera. RZS es el despacho de Javier Romero, en el puente de la acusación mercantil contra Lopera. Zamora de Claver creció en fama al ganar la impugnación de los bonistas de Abengoa. Con sede en Sevilla, el ‘Proyecto Zurbarán’, va a generar -informaba Montoto- un despacho con más de sesenta profesionales. Reconforta que en Sevilla se pueda anunciar una operación semejante, a pecho tan alegremente descubierto. Hay otros abogados béticos de ilustre familia que ahora se presentan (en Los Remedios) como ‘accionistas de referencia’ sin que la gente pueda llegar a conocer lo apasionante que sería el modo en que estos abogados han ‘conquistado’ sus verdiblancos títulos accionariales. Como un millar, para ser exactos.
Ricardo Astorga, buen aficionado taurino, y José Manuel García Quílez, vástago de familia sevillista de prosapia y exjugador de baloncesto en el antiguo Caja San Fernando, se desvincularon del despacho Montero-Aramburu en julio de 2018: allí era donde ambos habían asumido la defensa directa de Lopera en lo Penal (Astorga) y en lo Mercantil (García Quílez).
‘Fraude’, ‘simulación’,’burla de Ley’…
El 10 de noviembre de 2018, en un durísimo y extenso comunicado, ‘Béticos por el Villamarín’ dejó caer las expresiones ‘fraude’, ‘graves infracciones legales’, ‘simulación’ y ‘burla de ley’, en relación al ‘Protocolo 921’ y al proceso accionarial que inició el Betis en 2017-18 a consecuencia inmediata del citado Pacto o Protocolo de Lledó.
¿Alguien puede sostener ahora que ‘Béticos por el Villamarín’ no tenía absolutamente toda la razón cuando escribía en sus comunicados las palabras ‘simulación’ y ‘burla de ley’ ? ¿Lo pueden sostener los hermanos abogados Adolfo y Miguel Cuéllar Portero, lo puede firmar José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, con la mano que mece la cuna y el abanico, lo pueden decir Ángel Haro – actual presidente del actual Betis- su vicepresidente José Miguel López Catalán, lo puede decir Ruiz de Lopera, lo pueden decir los hábiles Astorga y García Quílez, o el ilustre ejecutivo Ramón Alarcón Rubiales, Director General del ‘actual’ Betis…?
No, ninguno de ellos tienen ahora la palabra (¿O sí?). Pero han ganado Hugo Galera Davidson y sus ‘Béticos por el Villamarín’. El proceso de conversión del Real Betis Balompié en Sociedad Anónima Deportiva, en 1992, estuvo, definitivamente, marcado por el fraude, aunque una providencial prescripción (?) impida ahora desastres mayores. Y si esto ocurriera en una ciudad y una Sociedad Anónima Deportiva no tan pintoresc@s, el ‘actual’ Consejo de Administración del ‘actual’ Real Betis Balompié S. A. D. no tendría más salida que presentar su dimisión irrevocable. No en Sevilla, no en ‘este’ y ‘actual’ Real Betis Balompié, a día de hoy en el puesto 16 de la tabla de Primera División.