Las FAS en el capricho partidista de Doña Margarita

La prohibición de la ministra de defensa, Margarita Robles, de la participación de las Fuerzas Armadas (FAS) en los actos del próximo 2 de mayo, en Madrid, es una rastrera censura política, fruto de la obsesiva inquina gubernamental contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a quien, con arreglo a la ley, corresponde la presidencia en la conmemoración de uno de los momentos más brillantes de la historia contemporánea española: el 2 de mayo de 1808. Fecha en la que el pueblo español y sus ejércitos se levantaron en Madrid, encendiendo la chispa de la resistencia nacional en la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica.  

La parada militar en los actos del 2 de mayo simboliza, proclama y estrecha la unión entre el pueblo y sus FAS. De ahí el cinismo de la ministra al censurar la parada en base a tratarse de una conmemoración “civil”, despreciando, además, que Daoiz, Velarde y Ruiz, héroes de la sublevación, eran capitanes de artillería los dos primeros y teniente de infantería el tercero. La parada militar en los actos del 2 de mayo, incluida en los actos conmemorativos desde la presidencia de Leguina, ha contribuido más al fomento de la conciencia de defensa que los fondos que, para tal impulso, gestiona de manera “curiosa” un almirante retirado en el órgano central del ministerio de defensa. Se comprende así el porqué de la sorpresa, alarma y dolor que ha producido en el estamento castrense, que el responsable de la parte militar de los actos, el JEMAD, no se haya opuesto a tan flagrante y degradante uso partidista de las FAS.  

Somos legión los que dentro de las FAS o ya retirados estamos hartos de ver cómo se utilizan las FAS en beneficio de los objetivos políticos de este Gobierno. Así sucedió, como terrible ejemplo, en la reciente catástrofe de Valencia (DANA), con 227 fallecidos, cuando, por razones partidistas, no se autorizó la salida inmediata de las tropas en auxilio de los valencianos. Lo que, seguramente, hubiera limitado los daños a las personas y a los bienes de la población. Desdichada ocasión que demanda la exigencia de responsabilidades políticas y, probablemente, también penales.   

A la ilegitimidad de origen de Sánchez -y consecuentemente de su Gobierno-, por la flagrante violación de todas sus grandes promesas electorales (amnistía, no pactar con Bildu, entre otras), ha añadido la ilegitimidad de ejercicio, por la violación de mandatos constitucionales, como es, por ejemplo, no presentar anualmente a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. En fin, vivimos inmersos en una perniciosa situación, rayana en un estado de necesidad, que invita a muchos a preguntarse hasta qué punto las FAS están obligadas a subordinarse a un Gobierno ilegítimo, en un país supuestamente democrático.