Los 5 de “La Manada” ganaron el casting

Tres magistrados, tras un sumario y una vista oral donde se han expuesto las pruebas, informes periciales y declaraciones de víctima, denunciados y testigos han concluido, por unanimidad, que los hechos ocurridos no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados agresión sexual. El estallido social ha sido fulminante y desde los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones feministas se han lanzado a la calle asegurando, sin leer la sentencia, sin conocer las pruebas, sin saber nada del asunto ni conocer los hechos acreditados que lo que ocurrió en ese portal de Pamplona el 7 de julio de 2016 fue una violación (agresión sexual con violencia/intimidación).

Las instituciones entraron en campaña contra dichos tocamientos

Esto no pasa por casualidad. En Pamplona se llevaba ya un tiempo lamentando el espectáculo del tocamiento a las mujeres que se producen en su fiesta patronal y eso podía empañar la imagen de las mismas, afectar a su prestigio y reducir la asistencia de visitantes. Las instituciones entraron en campaña contra dichos tocamientos y desde el PP hasta los abertzales que gobiernan Pamplona y Navarra, pasando por PSOE y UPodemos, participaron de esa actuación dirigida a limpiar la imagen de hechos ocurridos en el San Fermín del año anterior por denuncias de tocamientos de algunas mujeres. En ese contexto se producen los hechos enjuiciados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se condena a los miembros de “La Manada” no por agresión sexual –violación- pero sí por abusos a nueve años de cárcel. Si esa sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial está afectada por esa campaña política, institucional y mediática es difícil de saber, pero uno de los tres jueces dice en su voto particular que esa presión social influye en la sentencia condenatoria, que considera atípica y vulnera el derecho de defensa porque nunca fueron acusados por abusos. Ello implica que son condenados por algo de lo que no se les acusó y no se pudieron defender, incurriendo, según el magistrado discrepante, en una vulneración de sus derechos  que desde su punto de vista contradice jurisprudencia contenida en doctrina del T. Supremo, T. Constitucional y T. Europeo de Derechos Humanos.

Por eso cuando la pareja que ve a la joven denunciante llorando en un banco le pregunta que le pasa y ella le dice que le han robado el móvil ellos insisten hasta preguntarle si ha sido violada.

Le preguntan si ha sido violada

Ese clima creado contra los tocamientos a mujeres en Sanfermines fue determinante en el desarrollo de los acontecimientos policiales y judiciales. Pamplona, su ciudadanía y sus instituciones estaban preparadas para combatir cualquier atisbo de abuso. Por eso cuando la pareja que ve a la joven denunciante llorando en un banco le pregunta que le pasa y ella le dice que le han robado el móvil ellos insisten hasta preguntarle si ha sido violada. ¿Es lo normal, que haya mujeres violadas en San Fermín? ¿Por qué preguntan? Sin duda por el ambiente social creado por las instituciones y medios de comunicación para prevenir y combatir cualquier tipo de abuso. Posiblemente hasta ese momento a la denunciante ni se le había ocurrido que aquello en lo que participó hubiese sido una violación porque todo su malestar era porque le habían quitado el teléfono. Su respuesta afirmativa provoca la llamada a la Policía Local y la puesta en marcha del plan elaborado al efecto donde, desde el primer momento, todo está organizado para un caso de violación. Después de ser atendida por policías y servicios sociales, cuando es llevada al coche donde estaba el amigo con el que se había desplazado desde Madrid, ella le dice que le han quitado el teléfono, y es mucho después, cuando la llevan a una dependencia destinada al efecto y puede llamar a su madre cuando le dice que además del móvil es que la han violado.

Si hubiesen hecho un casting buscando el perfil idóneo de los violadores que debían ser condenados sin juicio ni pruebas lo habrían ganado los de “La Manada. Con antecedentes, algún asunto pendiente similar, ajenos a la tierra, uno guardia civil y otro militar».

Si además los que resultan acusados son cinco elementos despreciables, con una catadura moral tan miserable que se puede pensar incluso que por su trayectoria que estarían bien condenados aunque sean inocentes en este caso, el asunto está decidido. Una mujer ha sido violada en San Fermín por cinco personas que están a buen recaudo y van a servir de escarmiento. Si hubiesen hecho un casting buscando el perfil idóneo de los violadores que debían ser condenados sin juicio ni pruebas lo habrían ganado los de “La Manada”. Con antecedentes, algún asunto pendiente similar, ajenos a la tierra, uno guardia civil y otro militar. El Gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona personados como acusación popular señalan la politización del asunto. Si el mismo supuesto se da con cinco jóvenes de la tierra o vascos el tratamiento del asunto habría sido muy distinto y la actuación de la Policía Foral no habría sido la misma. No existe parte médico de lesiones de una brutal violación con diversas penetraciones en 18 minutos, ni parte de asistencia psicológica posterior, ni hay un relato coherente de la denunciante respecto a cómo se produjeron los acontecimientos, y no coincide con las imágenes grabadas según el juez discrepante. Pese a todo ello, son culpables porque así estaba ya decidido.

La Policía Foral realizó un análisis técnico de los vídeos. Después en el juicio oral reconocieron que se veían determinados comportamientos que no habían hecho constar en su informe presuntamente pericial.

Análisis de la Policia Foral

Una Policía foral reconoce que la denunciante le dijo que la habían grabado pero que no consideró de interés incluirlo en el atestado. Su testimonio verbal en el juicio oral para ratificar todo lo instruido no parece que fuera tenido en cuenta por los dos jueces que condenaron. Ese hecho podía justificar la razón de una denuncia por temor a la difusión de lo grabado. La Policía Foral realizó un análisis técnico de los vídeos. Después en el juicio oral reconocieron que se veían determinados comportamientos que no habían hecho constar en su informe presuntamente pericial. Por ejemplo, pregunta el magistrado discrepante si no se ve claramente que la denunciante se dirige y sujeta el miembro de uno de los cinco presuntos violadores y dicen que sí, pero que igual lo hizo para sujetarse porque se iba a caer y que por eso no lo hicieron constar. También la Policía Foral se encargó de un informe pericial que era limpiar los vídeos de sonidos para, obteniendo mayor definición, saber si eran quejidos de dolor o gemidos de placer de la denunciante. El informe pericial dice que no se distingue pero no se entregan los audios limpios a los magistrados sino un informe en papel. Pienso que tal vez se distinguían claramente más gemidos que quejidos de dolor, máxime cuando la denunciante ha reconocido que no sintió dolor en ningún momento. Esos audios y el informe pericial del vídeo fueron orientados para que no se pudiese desmontar la acusación de violación con dichas pruebas evidentes, y pienso que eso no habría ocurrido si en vez de ser de Sevilla los cinco impresentables hubiesen sido jóvenes vascos o navarros. La actuación policial técnico-pericial, según el juez discrepante, no parece dirigirse a esclarecer la verdad de lo ocurrido sino a demostrar la culpabilidad de los acusados, o al menos a impedir que se pudiera acreditar su inocencia.

Pueden ser condenados mañana por los delitos más horrendos si hay pruebas, pero no por este con las pruebas que constan en el sumario.

Visionando los vídeos el juez discrepante y el perito experto en estos asuntos coinciden que ella aparece relajada, participando activamente, acomodándose para las penetraciones y manipulando uno de los penes, lo que sumado a otros datos que constan en el sumario, como que ellos no huyeran, que se quedaran en la zona y que señalaran a los policías locales y forales que tenían pruebas grabadas en sus móviles de que era una relación consentida, objetivamente hacen considerar que estos indeseables pueden no ser culpables de este delito. Pueden ser condenados mañana por los delitos más horrendos si hay pruebas, pero no por este con las pruebas que constan en el sumario. Creo que la presión social e institucional y presumiendo lo que se les venía encima si los declaraban inocentes pesó mucho en la interpretación que de las pruebas hicieron los dos jueces.

La denuncia falsa de Málaga

Este caso tiene similitudes en su origen con el de la denuncia falsa de violación en la feria de Málaga en 2014. Una mujer de 20 años denunció haber sido violada por cinco personas. Fueron detenidas (dos eran menores) y en las primeras diligencias ya hubo testimonios de personas que decían haberlos visto tomando copas juntos, lo que contradecía la versión de la denunciante. Poco después se supo que había una grabación en vídeo y que el contenido del mismo fue determinante para que la juez archivara el asunto y los dejara en libertad, con el consiguiente escándalo en los medios de comunicación, que quedó sepultado al día siguiente al ir conociéndose las circunstancias del asunto. Relación consentida, miedo de ella a que difundieran el vídeo y denuncia falsa, según confesó y por lo que fue condenada. Quizás si trasladamos esos hechos a Pamplona y los de Pamplona a Málaga el resultado hubiese sido el mismo: cárcel en Pamplona y libertad y esclarecimiento en Málaga. Los factores externos influyen en la justicia, los medios de comunicación y la sociedad.

Muchos años después continuaban las violaciones, una inspectora de Policía relacionó hechos y cabos sueltos y planteó que Rafael Ricardi era inocente. 13 años después salió de la cárcel con una indemnización de un millón de euros…»

El Caso Rafael Ricardi

Otro antecedente de errores policiales y judiciales es el de Rafael Ricardi. Este hombre también daba el perfil del perfecto condenado cuyo destino no importaba a nadie. Vagabundo, alejado de su familia y toxicómano, fue acusado de una violación, reconocido por la víctima y hasta una prueba pericial arrojó que había restos de sus genes en prendas de la víctima, según el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla. Muchos años después continuaban las violaciones, una inspectora de Policía relacionó hechos y cabos sueltos y planteó que Ricardi era inocente. 13 años después salió de la cárcel con una indemnización de un millón de euros gracias a la abogada Antonia Alba, que participa en el Movimiento Femenino Igualdad Real y en el partido político Igualdad Real, que denuncia la desigualdad ante la ley de hombres y mujeres y combate el feminismo mal entendido. Nuevas pruebas dieron como resultado que no era cierta la coincidencia de genes, había otro violador con los mismos rasgos físicos y defecto en un ojo que Ricardi y que sus genes sí coincidían con los de los restos biológicos hallados con mayor precisión que los de Ricardi.

El Estado, los partidos políticos y especialmente sus instituciones deben garantizar que se cumplan principios que sedimentan la democracia, como es la justicia independiente, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, con independencia de raza, sexo, religión, color o cualquier otra circunstancia personal o social. Eso no es lo que está pasando tras la sentencia de La Manada. Las declaraciones del ministro de Justicia, o de los secretarios generales del PSOE o de Podemos, o la presidenta de la Junta de Andalucía minutos después de la sentencia, dicen que tenemos políticos que se ponen al frente de cualquier manifestación aplicando aquello de “estos son mis principios y si no les gustan los cambio por otros”.