Mossos en almoneda
La “sentencia del procés” abrirá un tiempo nuevo y supondrá una gran oportunidad para abordar la inevitable reestructuración policial en Cataluña.
Quizás la mayor virtud del discurso del general de brigada Pedro Garrido Roca, al mando de la 7ª Zona de la Guardia Civil, haya sido plasmar nítidamente la desconfianza que suscitan los Mossos como pretendida policía integral. Con tan oportuna alocución, el pasado día 9, en Barcelona, este general ha exhumado la, para algunos enterrada, obligación del Estado de responder adecuadamente a las amenazas de los separatistas, de perpetrar acciones contra la convivencia y los derechos de todos, tras la inminente “sentencia del procés”.
La L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aplicable a los Mossos, establece (artículo quinto) como principios básicos de actuación, entre otros: “absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; “absoluta neutralidad política e imparcialidad”; y “sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación (…) sin que la obediencia debida ampare órdenes contrarias a la Constitución y las leyes”. Sin embargo, en el otoño de 2017, demasiados Mossos actuaron pasivamente en el cumplimiento de los mandatos judiciales, llegando incluso a facilitar activamente las ilegales votaciones del 1-O. Además, con esa ley en la mano, resulta esperpéntica, cuando no criminal, la impunidad con la que grupos de Mossos exhiben signos separatistas o propugnan, en medios y redes, no subordinarse más que a sus jefes políticos. Es, por tanto, lógico que el que fuera mayor de los Mossos , José Luis Trapero, el exdirector general los Mossos, Pere Soler, y la oficial Teresa Laplana, entre otros, vayan a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional, el 20 de enero de 2020.
Hablemos claro. Las experiencias pasadas aconsejan que tras la “sentencia del procés”, la impunidad separatista en Cataluña deba liquidarse de raíz. Es incuestionable que el Estado no puede cumplir su esencial función de seguridad de los españoles en tanto que los Mossos ―supuesta primera línea policial allí―, y que están dotados de armas de guerra, no sean fiables. La llamada “normalización” demanda despejar incógnitas y garantizar la seguridad y convivencia de todos los catalanes. Y eso exige descabezar y reestructurar legalmente la actual policía autonómica, que está en almoneda, para garantizar su sometimiento a la Constitución y las leyes.
Una iniciativa bien compleja, con tres opciones básicas:
- DISOLUCIÓN: abolición del cuerpo de los Mossos y asunción de sus funciones por la Guardia Civil y la Policía Nacional (como sucede en el resto de España, excepto País Vasco y Navarra).
- DISPERSIÓN: integración de los Mossos en las estructuras de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
- DEGRADACIÓN: reducción drástica del volumen, funciones y armamento del cuerpo de los Mossos limitando sus funciones a guardias de honor, escolta de autoridades y seguridad de instalaciones autonómicas concretas.
La “sentencia del procés” abrirá un tiempo nuevo y supondrá una gran oportunidad para abordar la inevitable reestructuración policial en Cataluña. Cuanto más se tarde en acometer ésta, más difícil y costosa será hacerla.