Se recrudece la ofensiva del Gobierno y sus terminales mediáticas para controlar los principales resortes e instituciones del Estado. “Amarrado” el jefe del Estado, tras la vergonzosa prohibición de presidir la entrega de despachos judiciales en Barcelona, ahora el esfuerzo principal va contra el Poder Judicial. Sánchez, tras su legal pero ilegítima investidura, y la subsiguiente formación de Gobierno, remachó su idea de que la fiscalía “depende del Gobierno, pues eso” (declaración a RNE durante la campaña electoral), designando a la hasta entonces ministra de justicia, la sanchista Dolores Delgado, como fiscal general del estado.
Alcanzado el control político del ministerio fiscal, el Ilegítimo se ha lanzado al asalto de la independencia de los jueces. Se ha presentado en el Congreso una proposición de ley (PSOE y UP), para reformar el procedimiento de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), establecido por la LO 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ, por la que se reformó la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Sin entrar en complejos vericuetos jurídicos, parece claro que, con esta “reforma”, se abriría la puerta a la elección de los miembros de CGPJ por mayoría simple de las cámaras. Eso significaría extrapolar al órgano de gobierno de los jueces las temporales mayorías parlamentarias. Algo alarmante, incluso para la poco dada a entrar en asuntos domésticos Comisión Europea: “vamos a vigilar de cerca” (su portavoz de justicia, dixit). Además, el ministerio de justicia está trabajando ya en un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hurtaría a los jueces la competencia de investigación de los delitos, pasándola a los fiscales.
Con el encauzamiento, a través de los grupos parlamentarios, de la “reforma” del CGPJ el Gobierno sanchipodemita no solo se evita los informes del CGPJ y del Consejo de Estado (no vinculantes, pero que podrían serle desfavorables). Y, al no pasar el texto por el consejo de ministros, se rehúye que los tres jueces ministros: defensa, interior y justicia ―casi todo el corazón del Gobierno―, tengan que pronunciarse sobre el tema. Sorprende el vergonzante y estruendoso silencio de la ministra de defensa, Margarita Robles, siempre tan parlanchina, sobre tema tan vital para la democracia, las instituciones y su propia profesión. Supongo que en las FAS habrán tomado buena nota.
A la amenazante perla de Pablo Iglesias: “ustedes nunca volverán a formar parte del consejo de ministros de este país”, se acaba de añadir otra de Carmen Calvo: “el Congreso es soberano”, para despreciar las críticas a la “reforma” por parte de los jueces y de gran parte de la opinión publicada. Es, exactamente, el mismo alegato de los secesionistas catalanes, para justificar las llamadas leyes de desconexión (septiembre de 2017). Parece reproducirse, a escala nacional, la hoja de ruta de aquellos sediciosos: tensión política aguda, fractura social, desprecio a más de la mitad de la población y acción legislativa unilateral. Afortunadamente, ese camino se abortó “in extremis” por el oportuno, soberbio y tranquilizador discurso del Rey, el 3-O, así como por la aplicación del art 155 de la Constitución y la impecable acción judicial.
La deriva dictatorial que está tomando Sánchez es muy preocupante. Porque, “amarrado” el Rey, si el Gobierno llegase a controlar el CGPJ, serían dos de las tres puntas del tridente defensivo español las que estarían muy erosionadas para la defensa del orden constitucional. No es de esperar que prospere la moción de censura de Vox a Sánchez, a celebrar el miércoles y jueves próximos, a pesar de que éste, a su ilegitimidad de origen, añada la falta de mayoría tanto parlamentaria como social. La pregunta ―tan indeseable como inevitable ―, surge espontáneamente: ¿sobre quién recaería entonces la tarea de reponer las cosas en su sitio? “Pues eso”, como diría el propio Sánchez. En fin, que usen la política para resolver los problemas políticos. No manipulen ni fuego, ni con el fuego. Nos abrasaríamos todos.