Omniamnistía

Permítaseme el palabro.

El nuevo texto de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que se aprobó esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y que será presumiblemente aprobada la semana próxima en el Pleno, no supone especiales cambios respecto del texto que se rechazó hace un mes. Salvo la incorporación, como viene siendo habitual, de las nuevas exigencias y paso por taquilla, que hace el separatismo para su tranquilidad, o sea impunidad.

Esta proposición de ley concita muchas, muchas reflexiones y comentarios, pero quisiera aportar algunas en torno sólo a algunos aspectos.

A veces, algunas leyes, coloquialmente tienen nombre propio, y ésta cuando vea la luz, debiera ser llamada la Ley Puigdemont-Rovira, pues ciertamente, aunque se quiera hablar por los defensores de la misma de no sé cuántos cientos de afectados anónimos de la represión ejercida por el ominoso estado español en Cataluña, lo cierto y verdad es que todo el giro que se ha ido dando a los diferentes textos para burlar la acción de los fascistoides jueces y fiscales españoles, lo ha sido para evitar que estos próceres del separatismo, mártires de la patria e ilustres exiliados, no tengan la más mínima sospecha de que la represión penal por sus valerosas conductas, vuelva a cebarse sobre ellos.

Este mimado y cuidadoso texto, ad personam y ad rem, ha sido diseñado y dirigido menos en la sombra de lo que parece por el consultor áulico y abogado defensor del ilustre experto en cobardes fugas. Sobre la vida y obra de este acreditado abogado nacido en la turística ciudad chilena de Viña del Mar, consúltese cualquier enciclopedia digital donde el lector encontrará detalles pormenorizados de los que le relevo de leer aquí, acerca de su vida y obra en relación con su “persecución” de la justicia española, no ahora, sino años ha. Son interesantes para mejor conocer a este conspicuo jurista que debiera ser contratado por los grupos parlamentarios que apoyan el Gobierno de progreso, habida cuenta de sus habilidades. Él, parece ser, también pudiera devenir beneficiario de la próxima letra amnistiadora del BOE.

El texto que se tramita, una proposición de ley, ha sido presentada, en exultante y autocomplaciente primicia por el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hasta donde yo sabía cuando era modesto parlamentario español, las proposiciones de ley son iniciativas de los grupos parlamentarios, que parece ser son parte del legislativo, y por eso son proposiciones y no proyectos de ley que son los que envía el Ejecutivo. Es decir, que como el Triministro lo puede todo, pues, nada, allá se las componga el pobre Montesquieu. El portavoz del único grupo proponente del texto que se tramita, a la sazón el Grupo Parlamentario Socialista, no ha salido a explicar lo que ha pasado con el texto que llevó al Registro General. Para qué, ciertamente.

Y al ser proposición la herramienta elegida, que no proyecto de ley, y tramitada además por urgencia, se han obviado informes preceptivos que aportan a todo proyecto de ley con enjundia legislativa, el poso, sosiego, estudio, reflexión, fortaleza, comparaciones, y en suma aportaciones todas para la mejor solidez del texto. En este caso ya sabemos desde dónde se ha diseñado, corregido, mejorado y aumentado paulatinamente este texto: en el 166 del Carrer de Calàbria (ERC), en el 11 del Passatge de Bofill de Barcelona (JUNTS) y en el número 34 de la Avenida de l´Avocat del belga municipio de  Waterloo, sede de la llamada Casa de la República y residencia oficial del MHP.

Los redactores en esas sedes han sustituido a órganos institucionales llamados legalmente a emitir estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de cada anteproyecto de ley, incluido el preceptivo de la Secretaría General Técnica del Ministerio proponente; se añaden en esos trámites una memoria general y una memoria económica; todo ello, sin perjuicio de los informes legalmente preceptivos, esto es, como mínimo, los informes de calado como son el del Consejo de Estado y el del Consejo General del Poder Judicial.

¿Porqué no se optó ab initio por el modelo Proyecto de Ley y se fue a la de proposición de ley?  Obviamente para evitar estos incómodos trámites, que vete a saber qué acabarían diciendo, poniendo pegas e inconvenientes.

Sobre la urgencia no acreditada y sobre precisamente esta forma elegida para la tramitación, así como la constatada división social que el texto legal provoca, sí se ha pronunciado el informe de la Comisión de Venecia y no precisamente a favor. Igual que tampoco se aplauden las sospechosas formas de ley dirigida a los intereses sólo de determinadas personas y no de destinatarios generales e indeterminados que debiera tener el proyecto. Estas facetas del informe preliminar de los informantes venecianos no han sido precisamente las ensalzadas por el relato oficial que se ha hecho.

A estas alturas del debate, yo ya no entraría, porque llegará en su momento, y porque ya produce hartazgo, en el filtro de la constitucionalidad de la ley. Mi posición de más que humilde jurista es considerarla contraria al texto de 1978, en su letra y espíritu.

Hay además serios puntos de conflicto en la oportunidad y necesidad.

Son muchas las alusiones que se han hecho desde todos los ámbitos a la impunidad que se pretende para los actores de los hechos acaecidos en el período que la ley ampara y que cada vez es mayor. Ahora son ya todo lo que hicieran los beneficiarios entre el 1 de noviembre de 2011 y el 1 de octubre de 2017. Si tarda mucho la tramitación, no descarto llegar hasta el 11 de septiembre de 1714.

Se habla de normalización institucional, política y social en Cataluña en el enunciado de la todavía en trámite proposición de ley, pero mi ignorancia solicita que alguien me explique cómo de digerible es esto con el “ho tornarem a fer” que es el mantra de los separatistas, que repiten y repiten día tras día, y que, convencido estoy de que no engañan cuando lo dicen y dicen y vuelven a decir. Ayer ya el prófugo daba pistas de las nuevas fases que se avecinan: reconocimiento nacional de Cataluña y autodeterminación. Que ya se contienen en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Hemos ido pasando por unas horcas caudinas que han sido los indultos, la oficialidad de las lenguas más allá de los territorios donde son cooficiales, financiación extra, (en particular para los Mossos), cercanías, y ahora la omniamnistía e impunidad por cualquier figura penal presuntamente cometida, sobre todo de los próceres de la cosa, terrorismo y traición a la Patria incluídos. Todos estos peajes se han pagado a satisfacción del presentador de las facturas. ¿Las nuevas exigencias no van a merecer también una frontal oposición inicial (Ya ha empezado hoy el Ministro Puente) para después ceder? Tiempo al tiempo. Lo de digo y Diego, ya lo conocemos.

Coda final:

Someto al lector a un ejercicio de imaginación: Amnistía ya la tenemos. Vale. Y no ha pasado nada. Vale. Y vuelve el prófugo “con la cabeza alta” (el otro prófugo, Toni Comín dixit). El Parlamento catalán declara de nuevo la independencia y su salida de España. Sin algaradas en la calle; sin daños, sin estragos, sin amenazas, sin atentados, sin desobediencia, sin nada que pueda tipificarse en los desórdenes públicos simples o agravados. Todo limpio y ordenado. Todo con mucho seny. Vale. Ya está. Pues sí, ya está. Porque desaparecida la sedición y no habiendo rebelión ni ningún otro tipo penal de los que se produjeron en 2017, el Reino de España queda hoy inerme ante la declaración de independencia que se haga desde el Parlamento del barcelonés Parque de la Ciudadela, o… desde cualesquiera otros de los de las demás 16 comunidades autónomas.

Y entonces, qué.

Han cantado línea. Continuamos para bingo.