Policia infiltrado

Los policías de muchos países del mundo y los servicios secretos se infiltran en organizaciones o colectivos que puedan suponer un riesgo potencial para la seguridad nacional o para combatir delitos. Esta infiltración puede ser como agente encubierto con autorización judicial, o como agente infiltrado, que no requiere autorización judicial al ser una labor de inteligencia policial, de información para conocer si determinado colectivo puede llevar a cabo actividades delictivas. El agente encubierto investiga delitos con control judicial y el policía infiltrado pretende conocer hechos que puedan alterar la seguridad pública, y cuando se tiene constancia fehaciente de que se ha cometido o se va a cometer un delito se lleva a cabo la judicialización del asunto. Este es el caso del policía infiltrado en Barcelona.

Que haya policías infiltrados en movimientos anarquistas que suelen coincidir con independentistas y pueden llevar a cabo acciones violentas en Cataluña es de Perogrullo. Si no los hubiera habría que exigir a los responsables políticos y policiales que cumplan con su deber de proteger la seguridad del Estado. He conocido varios casos de agentes encubiertos o policías infiltrados en distintas investigaciones. Son policías que cobran su sueldo y llevan una doble vida necesaria para la tarea que le encomendaron, y los gastos originados en esa actividad se cubren con fondos reservados. Me consta que lo hace también la Guardia Civil, el CNI, los Mozos, la Ertzaintza, policías de otros países y agentes de sus servicios secretos. Recuerdo una agencia de viajes en una determinada zona “caliente” gestionada por un policía, otro que tenía un negocio en otro país, o uno que cantaba por pubs del País Vasco haciendo relaciones y escuchando. También a un agente del CNI infiltrado en grupos de Kale Borroka en el País Vasco, que fue detenido y encarcelado y estuvo seis meses en prisión sin que el CNI informara al ministro de Interior, entonces Rubalcaba. También personas que con monos de trabajo de una empresa telefónica o eléctrica hacen chapuzas, traductores que cobran de la Policía o del CNI por informar, empresas de limpieza con personal formado para recabar información… es el trabajo “sucio” pero necesario para la seguridad del Estado.

En Londres está pendiente de juicio un asunto similar con policías de Scotland Yarkd alguno de los cuales, estando casado y con hijos tuvo otro hijo con una activista. Hay ya una condena y varios juicios pendientes. En el juicio celebrado el policía ha sido condenado y la Policía también a una importante indemnización a la activista. En el caso del hijo del policía infiltrado, ha llegado a un acuerdo con la Policía que le ha abonado una importante indemnización y el asunto no llegó a los tribunales. Hay límites que no se deben rebasar. Tener hijos con una fuente estando infiltrado supera lo admisible; tampoco parece razonable prometer “amor eterno” o fingir relaciones emocionales de compromiso que no se vayan a cumplir. Se puede actuar como infiltrado con una buena cobertura sin necesidad de llegar a eso, aunque en un ambiente de relaciones sexuales habituales entre sus miembros como parece el caso, no comportarse siguiendo el rol dominante podría afectar negativamente a la misión encomendada. Parece que el policía hizo lo necesario para estar integrado sin levantar sospechas y cumplir con su tarea sin vulnerar ningún derecho de las mujeres de la comuna.

Interior y la Comisaría General de Información han hecho lo que debían. Han reconocido la existencia del policía infiltrado y el análisis crítico determinará la razón de que haya sido identificado, como lo fue otro en el mismo ámbito hace pocos meses. La Comisaría General de Información está funcionando bien con su actual comisario, Eugenio Pereiro, como lo hizo en otro periodo anterior con Enrique Barón, uno nombrado por el PSOE y otro por el PP y ambos mandos capacitados para la tarea en cuestión. Ha habido muchos policías infiltrados y en muy pocas ocasiones han sido detectados. El caso más conocido es el de una policía integrada en un comando de ETA en el País Vasco durante dos años. Tuvo que huir (estuvo destinada en varias embajadas) y los amigos de los terroristas (Bildu y demás morralla) difundieron su nombre y fotografías de la casa de sus padres en Logroño. El Policía de Barcelona tendrá acceso preferente a una embajada donde el salario es bastante más elevado y lo aleja del servicio ordinario.

Faltan protocolos de actuación, el policía queda al albur de la decisión de sus jefes, los políticos o de un juez. Tratándose de políticos, mandos y algunos jueces la experiencia enseña que han sido imputados policías (por ejemplo, están imputados 45 miembros de la UIP por el 1-O), por cumplir órdenes de quienes luego no se hacen responsables de las mismas (los dos mandos citados, Pereiro y Barón, son excepciones y los cito porque nunca han dejado a un subordinado a “los pies de los caballos”). El protocolo debe ser una garantía para el policía y para la ciudadanía; no somos un país de chipichanga bananera (muchas veces lo parecemos) y estamos obligados por la Constitución, nuestras leyes y las de ámbito internacional a actuar como un Estado de derecho en democracia (aunque seamos una partidocracia), respetando los derechos de la ciudadanía estableciendo límites en la actividad policial. En el caso que nos ocupa no se ha vulnerado ningún derecho, ha sido un pulcro trabajo profesional que deberá tener su merecida recompensa.