Política y drogas
La ilegalización es una política tan hipócrita como el beso que se dieron Ayuso y Casado en el congreso de Sevilla
En la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, desde el pasado día 18 se celebra el primer macro juicio en el Campo de Gibraltar; están imputados miembros del clan “Los Castañas”, grupo familiar acusado de tráfico de drogas en la zona del Estrecho. A los dos hermanos cabezas del grupo les piden 25 años de prisión por varios delitos, el principal contra la salud pública. El de blanqueo de capitales vendrá después porque tienen otros juicios pendientes. Además de los hermanos hay otros 15 procesados en la causa (con petición de 11 años de prisión) entre ellos tres expolicías nacionales de la Línea, que podrían haber sido jubilados antes de la sentencia. En el pasado se han jubilado policías infiltrados ilegalmente para que dispongan de una pensión, que no cobrarían si antes resultan condenados y expulsados. Denuncié en 2010 varios casos con similares circunstancias como posible “pago” ilegal por “servicios prestados…” ilegalmente.
Cinco días antes de este juicio, al sur de las Canarias se interceptó un pesquero con casi 3 toneladas de cocaína. Apenas ha sido noticia. En los últimos dos años aparecen apresamientos de barcos con 5.000, 4.000, 900, 500 kilos de cocaína; ¿qué cantidad se intercepta? ¿El 0,000001%? Es un combate estéril en el que además España hace de carcelero de la DEA y el servicio antidrogas británico, que nos pasan la información del 99% de los barcos interceptados y con ellos los costes de juicio, custodia de barcos, drogas, presos, etc. Combatir el tráfico de drogas es querer vaciar el océano a cubos. Una lucha estéril, carísima en recursos humanos y medios materiales desde hace 100 años. En México hay 100 muertes violentas al día ¿quién controla a los narcos? ¿Y las plantaciones en Colombia, Bolivia, Afganistán, Marruecos…? Imposible evitar el desplazamiento en un mercado mundial.
La ilegalización es una política tan hipócrita como el beso que se dieron Ayuso y Casado en el congreso de Sevilla, o el discurso del Gobierno mixto de socialistas y comunistas, con ministros alabando dictaduras bolcheviques brutales, que con el apoyo de los que nunca condenaron un crimen de ETA y los golpistas independentistas exigen al PP un cordón sanitario contra VOX. Nada hay más irracional, más fascista por antidemocrático, que pretender que millones de votos de ciudadanos con derechos queden invalidados por su conveniencia, dispuestos a todo por mantener su poder. Tan irracional como pretender acabar con las drogas manteniendo la prohibición tras un siglo de rotundo fracaso.
Las drogas, el cánnabis singularmente, está siendo legalizado en distintos países desde hace años y esas sociedades no tienen hoy más criminalidad ni mayor inseguridad que cuando era ilegal. La droga más perniciosa con diferencia, la que acaba con el raciocinio humano y provoca crímenes y muertes violentas es el alcohol, que se vende libremente en todas las sociedades salvo en las que no tienen ni esa ni otras muchas libertades por razones religiosas. Regularizar, controlar, gravar con impuestos, informar de los riesgos en la salud sería la mejor política contra las drogas, liberando ingentes recursos económicos para mejorar la calidad de vida de la gente.
Dedicar la Policía a patrullar y dar seguridad a la ciudadanía y no a millones de identificaciones y cacheos en la vía pública, con multas si llevan encima una sustancia que es legal consumir en sus casas. Proteger, no prohibir para sancionar. Acabar con la prohibición es el paradigma que podría cambiar radicalmente la situación a mejor. Como lo sería prohibir la mentira, el cinismo tóxico, el postureo y la hipocresía en la práctica política. Una revolución.