Putrefacción institucional y sus pamplinas

Todo lo que Sánchez toca en boñiga se troca. Ya sea el propio Gobierno donde se superponen, al menos, dos o tres banderías que lo han convertido en una casa de lenocinio. O el Congreso de los Diputados donde aquél ha colocado una presidenta capaz de poner en vigor lo que aún no ha sido  aprobado, mientras mantiene la cámara en estado catatónico a las órdenes de su jefe. O el Tribunal Constitucional que parece haber transformado en herramienta constituyente a su servicio. Todo eso y más para que  Sánchez, por intereses espurios, pueda seguir presidiendo un Gobierno legal pero ilegítimo basado sobre unos votos populares desinformados.

En el culmen de la desvergüenza, el pasado jueves, en el Senado, Aragonés, el chiquilicuatre del Palacio de San Jaime, afirmaba que “la amnistía es el punto de partida para que la ciudadanía vote la independencia”. Lo más grave de ello no es tanto que ese carajillo repita como un papagayo, en sede parlamentaria, lo que ya han dicho otros. Sino que trate de institucionalizar una maloliente amnistía para, desde ella, abonar la convocatoria de un referéndum en Cataluña con la complicidad de Sánchez “El putrificador”.

La verdadera sustancia de la connivencia de Sánchez con los separatistas no reside en el nombre que, para despistar, se buscara para la consulta. Menos aún en su carácter más o menos vinculante. Nada que ver con el porcentaje de votantes. Tampoco en su resultado (que, de ser negativo, poco importaría a los promotores).  No nos dejemos engañar. Lo medular de tan infame y pestilente propósito en el hecho de que tal consulta se llegara a celebrar. Porque, de ejecutarse, estaríamos ante una transferencia de soberanía. Un escenario incompatible, con los cometidos constitucionales asignados a las FAS (art. 8) de “garantizar la soberanía de España”, y de la “defensa de la integridad territorial”. De eso, precisamente, se trata, cuando el olor a putrefacción institucional se hace insoportable. Lo demás son pamplinas.