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Reformar la Ley para favorecerse a sí mismo

El acuerdo entre el sanchismo y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se daba por hecho, saltó por los aires en el último minuto.

 

El pasado jueves por la tarde, el acuerdo entre el sanchismo y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se daba por hecho, saltó por los aires en el último minuto. El PP “congeló” el pacto al comprender que Sánchez, simultáneamente, jugaba una segunda partida con los golpistas catalanes, para rebajar el delito de sedición en el Código Penal. La charlatana ministra de hacienda, Maria Jesús Montero, lo había así certificado, esa misma mañana, en el congreso de los diputados, aludiendo al “compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno (de rebajar las penas por el delito de sedición) y que traeremos a esta cámara”. Poco importa si fue una cretinez o un desliz de esa dama de notable experiencia en ambos campos. Bien que resulte inconcebible que los negociadores del PP fueran tan pardillos, como para desconocer que Sánchez tiene acreditada una egregia ejecutoria como el mayor fullero político del Reino.

Ahora, sanchistas y populares se tiran los trastos a la cabeza acusándose recíprocamente  de no querer llegar a un acuerdo sobre el asunto de la renovación del CGPJ. Un tema que ya apesta. Y, a solo siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, va a resultar difícil que lleguen a un arreglo en esta legislatura. Qué falta de respeto a las instituciones. Qué pelea tan barriobajera para hacer depender de la política al órgano de gobierno de los jueces cuando éste, precisamente, debería resguardarse bien alejado de la política.

Claro que Sánchez ha mostrado siempre una notable displicencia hacia la Justicia.  Para seguir en la Moncloa es capaz de cualquier cosa. Ya sea acordar con ERC saltarse la sentencia firme del TSJC sobre la obligación de impartir la enseñanza pública en Cataluña, al menos en un 25% en castellano. O traspasar al gobierno vasco la gestión carcelaria para beneficio de los etarras. O, como es el actual caso, intercambiar artículos del Código Penal por los votos de los separatistas para la aprobación de los PGE-2023.

El perverso baile de argumentos se encrespa en una danza basada en dos partituras. Una es el ataque “ad hominem” contra Feijóo: “no está preparado para gobernar” (el muñidor Bolaños, dixit). La otra es “la homologación de ese tipo de delitos al contexto europeo” (Sánchez dixit), cuando lo que aquí llamamos sedición existe, con otros nombres, en otros países europeos, con penas incluso superiores a las españolas.

Frente al hartazgo de engaños y señuelos, seamos claros: reformar la ley para favorecer a alguien en concreto va contra el espíritu de la justicia. Llámense esos sujetos Puigdemont, Junqueras, separatistas convictos o, incluso, aquellos del “lo volveremos a hacer”. Y, lo peor de todo, es abordar tal reforma en beneficio propio para seguir, como sea, en la Moncloa. ¿O es que, acaso, el manido “despolitizar la justicia” significa no perseguir los delitos? Pues que no los cometan y ya verán como la justicia no interviene. Es así de simple.

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