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Respeto a los muertos y derechos civiles

Las Fuerzas de Seguridad no pueden en democracia ayudar al Gobierno a minimizar la crítica que recibe.

 

Los policías se guían por rigurosos protocolos de actuación que respetan la dignidad de las personas, los derechos de la ciudadanía y su independencia política. Esos protocolos están en almoneda en España. Un policía que representa al Estado, con miles de muertos y familias destrozadas sin haber podido hacerles ni un funeral, no puede organizar bailes de uniforme en la calle. Es una frivolidad indecente. Las Fuerzas de Seguridad no pueden en democracia ayudar al Gobierno a minimizar la crítica que recibe. El uso de la fuerza y la injerencia de los policías sobre la ciudadanía deben producirse como última razón y en casos justificados.

 

En España, la práctica policial ordinaria vulnera derechos civiles desde hace al menos 25 años. El Tribunal Supremo estableció ante la “ley Corcuera” que solo se podía retener en la calle a un ciudadano para identificarlo por dos razones a), que sea sospechoso de haber cometido un delito, b), sospechoso de que puede cometerlo. Sin embargo, se retiene, identifica y cachea arbitraria e ilegalmente para hacer estadísticas que sirvan al mando. Los policías trabajan para sus jefes y subsidiariamente por la seguridad de la ciudadanía. No ocurre en ninguna democracia del mundo y son varios millones de retenciones/identificaciones al año, que muchas veces va acompañada de cacheos y si lleva drogas para consumo propio, incautación y propuesta de sanción. Esta dinámica lleva a los policías a estar identificando a personas sin razón, ilegalmente, mientras miles de llamadas al 091 quedan sin atender cada mes, ignorando a personas en situaciones que requieren ayuda urgente.

 

Ahora llega el estado de alarma y hay quien cree que los códigos éticos policiales tampoco son de aplicación, produciéndose comportamientos de abuso de la fuerza impropios de una democracia. Algunos policías no cumplen los protocolos nacionales e internacionales respecto al uso de la fuerza. Hay muchos buenos profesionales que actúan correctamente por propia iniciativa acogiéndose a las normas, y otros que las vulneran ante la indiferencia de los mandos. Han circulado por redes sociales algunas intervenciones que se ha supuesto se producen por el estado de alarma, aunque son situaciones que se producen habitualmente. Que la ciudadanía las aplauda y que numerosos presuntos policías y guardias civiles avalen esas prácticas violentas en las redes señalan un grave problema en las fuerzas de seguridad respecto a sus códigos éticos y al respeto a los derechos ciudadanos. Somos el único país europeo democrático donde el principio de autoridad de un policía es un bien superior al derecho ciudadano a deambular libremente por la calle, único donde pueden retenerte y cachearte sin justificación, por capricho. Son millones de estas prácticas alentadas por los jefes, que luego aparecen con guerreras llenas de medallas como si hubieran participado en mil guerras.

 

Ha habido polémicas recientes en redes sociales por la violencia de policías en distintas intervenciones. La última, dos policías en Málaga golpean en la cabeza y la espalda con las defensas a un hombre que estaba de rodilla, y una vez tumbado le dan una patada y le pisan la cabeza. Ciudadanos aplauden desde los balcones esas prácticas. En las redes el argumento es “algo habrá hecho”, o que antes de ser detenido llevaba un hacha. Aunque hubiera llevado una ametralladora, aunque hubiera cometido un crimen, la policía no puede usar violencia si no hay resistencia. El estado de alarma no modifica los códigos de actuación de los policías. No se puede golpear a una persona que está desarmada y no ofrece resistencia sea cual sea el delito cometido. O habrá muerto el estado de Derecho.