Retorno de la matraca separatista

El contumaz esperpento político sigue asombrando al españolito de a pie. Ni COVIC-19 fue vencido ―como un triunfalista Sánchez voceaba en el Congreso hace 8 meses―, ni tampoco lo fue la sedición catalana de 2017. La pretendida “nueva normalidad” no es más que un espejismo, donde la improvisación y la ocurrencia son rasgos permanentes y comunes. De ahí la fragilidad de nuestra convivencia y la imprevisibilidad de una legislatura congénitamente compleja.

En tal marco, la matraca separatista ha regresado al primer plano de la actualidad. El pasado viernes, el mismo día del comienzo de la campaña para las autonómicas del 14-F, los sediciosos del “procés” salieron gratuitamente a la calle. El gobierno (en funciones) de la Generalidad  catalana volvió a concederles el tercer grado, cuando, hace solo dos meses, el Tribunal Supremo había revocado un regalo anterior de tal régimen de semilibertad. Este nuevo hecho consumado de la Generalidad es otra mofa al estado de derecho  y, especialmente, al poder judicial. No solo por reiterar unilateralmente lo que tan recientemente había sido judicialmente rescindido sino, sobre todo, porque la trasferencia de la ejecución de las leyes penitenciarias que, en 1983, el Estado hizo a la Generalidad, se refiere exclusivamente a la gestión penitenciaria. Por eso, la concesión del tercer grado, demanda contar con la previa autorización del órgano enjuiciador. En este caso, del Tribunal Supremo.

Aunque los separatistas catalanes pretendan acostumbrarnos al esperpento, el asunto es particularmente escandaloso. Los “Junquera”, los “Cuixart” y demás convictos del “procés” inmediatamente se han sumergido de lleno en la campaña electoral, vociferando su tabarra victimista, con las consabidas exigencias de amnistía para los delitos por los que fueron condenados. Y, para que no quepa duda, reiteran: “lo volveremos a hacer”. Actitud que, razonablemente, descalificaría incluso cualquier iniciativa de indulto. El tercer grado nuevamente usurpado demanda que la fiscalía lo recurra de oficio. Pero, con los tiempos judiciales que nos gastamos por estos pagos, es de suponer que cuando se recurra, en su caso, la campaña electoral ya habrá finalizado; ya habrá resultado electoral. Y el disparate, me temo, quedará impune.

Ello sin olvidar que está en marcha el proceso para que, en un par de meses, se haga la trasferencia de la gestión penitenciaria a favor del gobierno vasco. De ahí la aceleración “vaselínica” del movimiento para acercar etarras convictos al País Vasco. Además, esa transferencia de competencias de la administración penitenciaria primero a Cataluña y, próximamente, al País Vasco es, entre otras, una grave e inaceptable desigualdad en beneficio de los ciudadanos de esos territorios, con respecto al resto de los españoles. Y eso es, simplemente, inaceptable.