Sánchez y el fusilamiento de los analfabetos

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Aragonés, el pasado viernes, hinchaba el pecho desvergonzadamente afirmando que “el delito de sedición desaparece del Código Penal”. Se refería a la presentación, ese mismo día, en el registro del congreso de los diputados, de la proposición de ley del sanchismo e Izquierda Unida para la supresión del delito de sedición. Sánchez ha elegido el camino de la proposición de ley de su grupo parlamentario en vez de la vía del proyecto de ley, para dar al bodrio la máxima urgencia ahorrándose, además, el bochorno que supondrían, por la segunda vía, los  preceptivos informes o dictámenes (no vinculantes) del CGPJ y del Consejo de Estado.   

Desde su investidura, el 7 de enero de 2020, en un acto legal pero ilegítimo de origen, Sánchez ha mostrado no tener líneas rojas. Aquella ceremonia fue la consumación aritmética de una enorme estafa electoral, mediante el cómputo de muchos votos dudosos. Porque el voto, para ser democrático, debe ser libre, secreto e informado. Y muchos de los votos al sanchismo, en las generales de noviembre de 2019, no reunieron esa tercera condición como se demostró, tan solo 48 horas tras las elecciones, cuando Sánchez firmaba un pacto de coalición con Pablo Iglesias (UP), violando flagrantemente su compromiso, adquirido durante la campaña, de no realizar tal arreglo. Y, de esos polvos, el barro posterior de engaños, fraudes y trampas saduceas que han sido constantes en la ejecutoria presidencial.

Sánchez es una excrecencia de la democracia de la que, al igual que sucede con los pólipos lobanillos o las verrugas, resulta difícil librarse una vez enraizados. Nada le contiene en su empeño de seguir en la Moncloa a costa de lo que sea. La proposición de ley para suprimir el delito de sedición del Código Penal no es más que el pago, por adelantado, al apoyo parlamentario de los separatistas a los PGE-2023. A aquél nada le importa que tal entrega sea una amnistía encubierta. O que facilite y acelere el regreso a la vida pública de los sediciosos catalanes. O que les abarate a éstos el coste del “volverlo a hacer”. O que sea una bofetada a la justicia y su administración. O que desproteja y ponga al estado en almoneda alentando, incluso, a los separatistas vascos a pedir ― ¿por qué no? ―, rebajar las cautelas del artículo 155 de la Constitución.

El argumentario engañabobos sanchista, aleado y aliado con el victimismo separatista, ya está en circulación con  un prolijo listado de sandeces o, mejor, de “sanchezes”.  Que si se trata de homologarse a Europa. Que si de mejorar el Código Penal. Que si estamos ahora mejor que antes ― es de suponer que Sánchez se refiere a él mismo ―. Que si esto. Que si lo otro. En fin, un amasijo de señuelos, trolas y ordinarieces que ya repiten, como loritos, los próceres sanchistas. Es todo tan perverso que recuerda lo de aquel alcalde que, para elevar rápidamente el nivel cultural de su pueblo, propugnaba fusilar a los analfabetos. Esa es la trayectoria prescrita. Aunque, a veces, el tiro pueda salir por la culata. Amén.