Sindicatos policiales, sus gastos y derechos civiles

Ha sido noticia estos días que una jueza investiga el gasto con 97 tarjetas de crédito de JUPOL, sindicato mayoritario, con las que se han gastado unos 360.000 euros en dos años y medio que no parecen estar bien justificados. El origen de la investigación es una denuncia de un afiliado que apoyó a JUSAPOL, (Justicia Salarial Policial) de donde nació JUPOL, un policía que tiene un canal en youtube, Jandro Lion, que tuvo discrepancias con la dirección y hoy apoya a un nuevo sindicato, EYA, (Equiparación YA), una escisión de JUPOL que lidera el fundador de JUSAPOL, Natan Espinosa.

Alguna experiencia tengo en esto de control de gasto en los sindicatos policiales. El responsable de finanzas del SUP me impuso el uso de una tarjeta porque facilitaba el control del gasto, pero cualquier uso de la tarjeta siempre fue condicionado a una nota explicativa del motivo del gasto, lugar, fecha, y razón sindical que lo motiva, que se adjuntaba a la factura en la contabilidad. Una buena costumbre que no sé si utiliza JUPOL ni los demás sindicatos. Corría el año 2012 cuando, estando los demás sindicatos en su habitual campaña contra el SUP por defender derechos civiles de la ciudadanía, (único sindicato que lo ha hecho desde su nacimiento en clandestinidad en un cuerpo militar en 1978 hasta 2013), les propuse a todos ellos y solo aceptó SIPE (que no era representativo y dirigía el subinspector Alfredo Perdiguero, hoy en ASP -Asociación Sindical de Policías-), solicitar a la Dirección general de la Policía una auditoria de ingresos y gastos de los sindicatos y de los liberados sindicales dado que recibíamos subvención oficial del Estado como sindicatos representativos, pero nadie, ni los sindicatos ni la dirección general respondieron a la propuesta. No estaría de más que por los servicios de gestión económica de la Policía, Asuntos Internos, Hacienda o el Tribunal de Cuentas se hiciera un control anual con acuerdo de los sindicatos de sus cuentas y si es con efecto retroactivo, mejor. Creo que hay que combatir las prácticas corruptas en todos los sectores, también en la Policía y sus sindicatos y lo mejor es establecer controles para impedirlas. A pesar de disponer de escrito de la actual secretaria general del SUP de febrero de 2018 exponiendo que no faltó ni se malgastó ni un euro durante mis más de 20 años de máximo responsable sindical, y aunque lleve años fuera de la dirección y militancia sindical, autorizaría que se revisaran mis ingresos y gastos durante los 28 años que he sido liberado sindical, vocal del Consejo de Policía y más de 20 secretario general del SUP (1987-2015) si se aplica a todos los dirigentes sindicales del mismo periodo.

Lo de JUPOL es grave, pero creo que hay dos etapas claramente diferenciadas en lo que se difunde: del primer periodo hay gastos difícil o imposible de justificar, y parece distinto tras la denuncia y cambios en la dirección. En cualquier caso, la repercusión que está teniendo esta investigación no es ajena a las posiciones de JUPOL en su entrada al mundo sindical como un elefante en cacharrería. Nacieron en 2017 como JUSAPOL, una ONG, diciendo que nunca serían sindicato, que los liberados sindicales eran todos vendidos, mala gente, “rojos” indignos de ser policías porque el sindicalismo denigra a los policías evidenciando una ignorancia punible siendo funcionarios de policía y una posición ideológica muy escorada en la sociedad. Un año después tuvieron que crear JUPOL (y JUCIL en la Guardia Civil, también mayoritaria desde 2021) y en 2019 barrieron en las elecciones sindicales en la Policía con 29.272 votos y 8 vocales, obteniendo los otros siete sindicatos que participaron 20.399 votos y 6 vocales. El peor parado fue el SUP, que bajó de 7 a 2 vocales después de haber hecho un alarde de valoración sindical rigurosa diciendo cuando nació JUSAPOL que no había que prestarle atención, que era mi mano quien mecía la cuna. JUPOL dispone hoy de 104 liberados a tiempo total y otros muchos a tiempo parcial con paquetes de exención del servicio de 40 horas mensuales. Ya no defienden solo la equiparación, sino que son un sindicato clásico como esos a los que tanto atacaron en su nacimiento y los liberados ya no son sucios vividores. En eso son como Podemos, que tanto denunciaron el sistema político y se subieron al coche oficial y gastos del presupuesto con la fe de los conversos.

JUPOL es un sindicato muy anticuado y nada democrático en lo que se refiere a la defensa de prácticas policiales como las vigentes, todas imposibles en ninguna democracia donde la ciudadanía sea eso, ciudadanos con derechos civiles que los policías deben proteger. Su defensa de identificaciones caprichosas a criterio del policía o por orden del mando como si fueran policías de una dictadura bananera de súbditos sin derechos es insostenible en democracia, pero no están solos en esa demanda porque es unánime en todos los sindicatos, salvo un grupúsculo que obedece a Podemos más que a la defensa de los intereses de los policías. Como ahora son mayoritarios se llevan las críticas que merecen todas las organizaciones por mantener la defensa de prácticas policiales incompatibles con la democracia.

No es por tanto JUPOL un sindicato más radical en sus planteamientos que los demás porque todos defienden que se mantenga la “Ley Mordaza”, que se aplica imponiendo el principio de autoridad sin razón justificativa para hacerlo sobre los derechos de ciudadanía sin los cuales las democracias pierden su razón de ser. Es una exigencia de los tribunales Constitucional y Supremo que no se aplica la exigencia de una razón objetiva para identificar a un ciudadano. No es tanto responsabilidad de los sindicatos y los policías como de la formación policial que se imparte a Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y locales; todas desprecian los derechos de la ciudadanía y acentúan el principio de autoridad en cualquier circunstancia y sin razón objetiva para activar dicho principio. Sería un buen momento para que los sindicatos revisaran sus planteamientos profesionales atendiendo al régimen democrático y los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de su trabajo, que no es con lacayos de una dictadura bananera, y también demandar auditorias de organismos oficiales sobre sus cuentas y las de sus liberados. ¿Lo harán? Si lo hacen, que me incluyan. No harán ni lo uno ni lo otro porque predicar con el ejemplo no va con ellos.