Denominado de distintas formas, la más común violencia de género, yo siempre la nombré como el título de este artículo. Mi experiencia en esto comenzó en la inspección de guardia de la comisaría de Chamartín de Madrid. Allí tramité varias de ellas y pude comprobar la indefensión de la mujer en aquel tiempo, 1981-1985. Recuerdo algunas especialmente, como la mujer de un juez que llevó su ropa ensangrentada en una cacerola, o una médica agredida por su esposo, celoso del trabajo de su señora, además de otras varias, muchas de ellas fruto del alcohol y del monstruo que algunos hombres llevamos dentro. En aquel tiempo estas denuncias, como las de violación y otras muy específicas contra la mujer, se tramitaban en la misma oficina y podía darse el caso que en el mostrador donde la ciudadanía exponía la suya de pie hubiese otra persona a un metro contando que le habían robado el coche. Hubo jefes en dicha inspección de guardia como Pedro Polo, comisario ya jubilado, Felipe del Pozo, ahora en la secretaria de Estado de Seguridad, o Vargas, hoy inspector Jefe en Córdoba, que se opusieron a esa situación y buscaban un despacho vacío en ese momento, o en secretaria que estaba cerrada si era de noche, para atender esas denuncias con la mayor intimidad posible. Lo que no había eran mujeres policías para atender a las agredidas. Había mujeres inspectoras en el Cuerpo General de Policía pero no estaban para estas labores.
En los últimos catorce años han muerto en España más de 1.000 mujeres y muchos niños fruto del terrorismo machista. ETA mató en más de 50 años a 845 personas.
El presupuesto para combatir el terrorismo machista en estos catorce años quizás no haya llegado ni al que se consumía contra ETA en un mes.
Muchos tiempo después, en el año 2002 siendo Ángel Acebes ministro de Interior, Ignacio Astarloa secretario de Estado de seguridad y Agustín Díaz de Mera director general de la Policía, coincidiendo una reunión con ellos con un crimen machista le planteé al ministro la posibilidad de utilizar a miles de policías que estaban en situación de segunda actividad (como yo ahora mismo), que con carácter voluntario quisieran desempeñar una labor de vigilancia sobre las mujeres amenazadas, con un plus económico además de recuperar la cuantía que se pierde cuando se pasa de Activo a esta situación. La idea era dotarles de vehículos y organizar un dispositivo con una Oficina en cada comisaría y servicios de contravigilancia como el que se llevaba a cabo entonces, y durante años antes y después para prevenir atentados terroristas, en todas las ciudades de España por miles de policías de uniforme y paisano en torno a los lugares de residencia de las autoridades y cargos de distinto ámbito (políticos, empresarios, jueces, fiscales, mandos militares…) y que solo en Madrid capital eran unos 150 vehículos sin distintivos que rondaban cada día por las zonas de residencia de las autoridades desde una hora antes de su salida de casa al trabajo y por la tarde desde una hora antes de su llegada. Y ello sin perjuicio de los miles y miles de policías, nacional, local, autonómica y guardias civiles que hacían de escoltas individuales de muchos de ellos. Se planteó la posibilidad de que si se creaba el servicio y se hacía de uniforme, serviría para transmitir más sensación de seguridad y objetivamente supondría una eficaz medida preventiva. Al ministro le gustó la idea y dispuso que se estudiara esa propuesta. Dos meses después el director general nos informó que por razones presupuestarias no era posible pero que sí se crearían unidades específicas de atención a las mujeres maltratadas y violadas, que nacieron en esas fechas, y que hoy están desarrollando una importante tarea desde las actuales UFAM.
En los últimos catorce años han muerto en España más de 1.000 mujeres y muchos niños fruto del terrorismo machista. ETA mató en más de 50 años a 845 personas. El presupuesto para combatir el terrorismo machista en estos catorce años quizás no haya llegado ni al que se consumía contra ETA en un mes. Es cuestión de prioridades. En nuestra sociedad, tan carcomida por la corrupción y ausente de valores morales que inspiren el comportamiento social y de la clase política, se derrocha lo que sea necesario para proteger a los prebostes del “régimen” sin limitación alguna, pero cuando se trata de personas vulnerables o en riesgo, en este caso las mujeres afectadas por terrorismo machista parece que vale más un euro que la vida de una mujer.
Setenta de cada cien denuncias por maltrato resultan archivadas
Las cosas han evolucionado pero seguimos estando lejos de poder decir que se aborda este fenómeno criminal con medidas eficaces y el presupuesto necesario. Porque hay avances, como la ley de violencia de género que, por su falta de desarrollo, están añadiendo problemas al problema, porque no se combate el terrorismo machista con inseguridad jurídica y acabando con la presunción de inocencia de los hombres, como evidencian los datos por mucho que desde el Gobierno instituciones y la clase política se pretenda ignorar con falseamiento de estadísticas incluidas.
Una cuestión de principio es que la víctima del terrorismo machista es la mujer, pero la condición de ser mujer no la convierte en persona superior ni de mejor condición que un hombre, Hay personas decentes y despreciables en ambos sexos. La ley de Violencia de Genero sin desarrollar un protocolo de actuación que obligue a investigar todas las denuncias, creando una Comisaría General específica en la Policía produce como resultado que más del 70% de las denuncias de maltrato en el ámbito familiar que se presentan sean archivadas. Sí, es un dato objetivo por más que quieran ocultarlo. Setenta de cada cien denuncias por maltrato resultan archivadas. La clase política e institucional ignora este hecho y se aferra a que un mínimo porcentaje de denuncias resultan acreditarse como denuncias falsas, y es cierto, como lo es que un acusado en falso solo puede proceder contra su denunciante si se ha producido un archivo definitivo sobre la causa que determine su inocencia o su no culpabilidad, y que eso rara vez se produce porque los jueces archivan provisionalmente a la espera de más datos, lo que impide al denunciado revertir la denuncia, y así el juez no corre el riesgo de que alguien a quien han declarado inocente asesine después a su pareja.
Incluso que los jueces actúen así lo considero razonable porque, ante la duda, a favor de la víctima siempre. Lo que no es aceptable es que ninguna de dichas denuncias se investigue con rigor por carecer de medios y organización y que entre esas 70 de cada 100 que se archivan haya sin duda denuncias falsas, infinitamente más de las que se reconocen (hay abogado/as sin escrúpulos que al iniciar cualquier proceso de separación aconsejan a la mujer que denuncien en falso), pero también hay muchas de esas archivadas que son de maltratadores violentos que quedan impunes. Por su repercusión mediática recordaran el caso de la denuncia contra Juan Fernando López Aguilar. Recibida la misma se puso en marcha todo un dispositivo de investigación tendente a obtener todas las pruebas contra el político socialista (gobernaba el PP), se filtró a la prensa incluso antes de tomarle declaración y el resultado de dicha investigación fue lo contrario de lo que se pretendía desde el Ministerio del Interior: en vez de la culpabilidad del denunciado los indicios apuntaban a su inocencia. Y de hecho el asunto quedó en agua de borrajas.
No se combate a los terroristas machistas haciendo normas que dejen en la indefensión a todos los hombres por serlo y a expensas de topar con una mujer que sea una arpía, que las hay en el mismo número que hombres maltratadores.
Este problema del abuso de la fuerza no es de España. Existen más denuncias en países más avanzados del Norte de Europa y aunque digan lo/as entendido/as que es porque hay más conciencia sobre el problema, no es verdad. Aquí existe suficiente conciencia y lo que falta es abordar el problema y no usarlo para hacerse fotos, conseguir un espacio en la opinión pública y andar lamentando siempre que la tierra no da frutos cuando no se riega. Menos manifestaciones de miembros del Gobierno y políticos tratando de obtener réditos de los crímenes y más trabajar en que sean los menos posibles (no digo solución porque no la tiene). La Ley de Violencia de Género hay que desarrollarla con medios para que se investigue cada denuncia, se tome declaración a familiares y vecinos y se haga un atestado riguroso de cada caso, y no que tras una denuncia cierta o falsa se ponga en marcha un dispositivo que lleva a la detención inmediata y expulsión de la vivienda del varón sin unas mínimas diligencias sobre el asunto. Es difícil saber cuántas de esas 70 de cada 100 denuncias que se presentan y son archivadas es porque son denuncias falsas y contienen contradicciones y falsedades de la denunciante, y algún caso de mucha repercusión mediática hemos conocido de todo un montaje, con secuestro incluido, fabulado por una mujer sobre su ex pareja al creer que había salido de prisión una semana antes de que lo hiciera, con una historia rocambolesca que incluía el uso de pegamento rápido en las zonas genitales de la denunciante, que la sociedad y los medios de comunicación creyeron inmediatamente y que de haber estado en libertad el denunciado podría haberle costado volver a la prisión. No se combate a los terroristas machistas haciendo normas que dejen en la indefensión a todos los hombres por serlo y a expensas de topar con una mujer que sea una arpía, que las hay en el mismo número que hombres maltratadores. No todas las mujeres son buenas, no todos los hombres son malos, hay gente buena y mala en ambos sexos y la ley en vigor no está desarrollada para impedir abusos de unos y otras.
Para combatir la violencia de género hace falta, sobre todo, educación desde la infancia. Hacen falta mecanismos de protección que garanticen la aplicación de la justicia y abordar el problema en serio, no como estamos haciendo aquí. Investigar todas y cada una de las denuncias que presente una mujer, y aquellas que sean falsas que se les aplique la ley, porque son culpables de colapsar el sistema y de que muchos maltratadores y asesinos en potencia queden impunes por la imposibilidad de investigar con rigor. Entre esas setenta de cada cien archivadas hay sin duda mucho criminal sin descubrir. Y hacen falta medidas audaces como fijar desde la infancia la enseñanza de la defensa personal como asignatura femenina. No seamos ingenuos. No se puede cambiar la condición humana pero sí se pueden establecer formas de impedir abusos de la fuerza. Hace falta actuar más, discursear menos, medidas concretas y presupuesto para aplicarlas.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP.
Miembro del Observatorio Derechos Humanos y Libertades Públicas
@sanchezfornet