Tras el 1 de junio: ¿salto histórico o naufragio de la política?

La moción de censura contra Mariano Rajoy ha sido la primera en prosperar a lo largo de la actual era democrática. Resulta lógico por tanto pensar que aunque estén claras las causas, haya que dejar que pase un tiempo para que, quien siempre se consideró depositario del poder político como derecho de pernada, lo asimile, y así se entere al fin por qué le llegó de forma sorpresiva el día en que tuvo que desalojar la Moncloa. Condición sine quan non para que su ineludible recomposición futura no le resulte fallida.

 

También, para que entienda que con la victoria de la moción se ha abierto un tiempo nuevo, una oportunidad histórica única para desbloquear la situación política que arrastra nuestro país, recibida con entusiasmo por la izquierda, a la vez que con parsimonia y a remolque por los nacionalistas e independentistas periféricos.

 

No hay más tiempo que perder sino por el contrario adelantar reflexiones y propuestas a llevarse a cabo, acordes con el nuevo tiempo que empieza, siendo consciente, no obstante, de la complejidad, distinta a la imposibilidad, que ofrece el actual escenario partidario para la gobernabilidad.

 

En consecuencia, no es de recibo, a estas alturas de nuestra democracia, el sesgo que destilan aquellos indocumentados que han recibido o valorado la moción de censura como ilegítima. Más, cuando entramos en una etapa para hacer Política en mayúscula, desempeñada por servidores públicos con rango de estadistas.

 

Línea, diametralmente opuesta a la bananera praxis  mangobarcenista y a la mentira que como pensamiento único se instalaron parasitariamente en la acción política, aunque durante un tiempo permanezcan vivas las secuelas con la continuidad por la justicia de la tramitación de los sumarios pendientes hasta que sean firmes sus resoluciones.

 

Por ello, me limito a expresar lo siguiente para liquidar este asunto:

 

Ante los agoreros o carroñeros que se alimentan únicamente de la confrontación, figurando hasta quien ha tachado la moción de golpe de Estado, para más sonrojo presidente de una comunidad autónoma, o dan legitimidad tan solo a unas elecciones anticipadas, se puede aseverar, con total rotundidad, que el procedimiento seguido para el cambio de presidente de gobierno que conlleva al partido en el poder, ha sido plenamente escrupuloso en el cumplimiento de la norma constitucional, así como inequívoco el resultado de la votación, completamente democrática, rubricado mediante sanción real y sin que ningún estrafalario, aunque hubiera sido como canto al sol para darse individual o colectiva visibilidad, haya osado ir más allá de sus necias palabras.

Lo expreso en números democráticos por si queda algún limitado que aun no se haya enterado.

El resultado de la moción de censura que el actual sistema parlamentario, que no presidencialista, ha ofrecido, no puede generar dudas: 180 diputados a favor, 169 en contra (PP y Ciudadanos) y 1 abstención (Coalición Canaria) Y aunque no haga falta, de igual modo lo redundo, trasladando esta vez los votos de la ciudadanía. Tomo, como no podía ser otra manera, la foto fija del voto de los electores a las opciones parlamentarias acaecida en las últimas urnas generales del 26-J, 2016. Esa imagen proporciona: 12.118.833 papeletas a favor de la moción, 11.082.806 en contra y 78.253 abstenciones.

 

Por tanto, queda meridianamente claro que no estamos ante un gobierno Frankenstein fantasmagórico que sustituya en el cartel cinematográfico al de Alí Babá y los cuarenta ladrones.

 

No ha sido fácil el camino recorrido hasta llegar aquí, lleno de meandros sin desembocadura y bucles de marcajes tan tramposos como estériles, para el desbloqueo de la situación política tras un paciente y hasta desesperante aprendizaje de casi tres años y medio, tiempo que han tardado las fuerzas políticas para adaptarse a la nueva realidad que surgió el 20-D-2015 cuando las urnas dinamitaron el bipartidismo imperfecto hasta entonces imperante.

Hacer posible la gobernabilidad a partir de ahora hasta la finalización de la legislatura, dentro de dos años escasos, tan solo requeriría el cumplimiento de tres premisas elementales, pero al parecer nada fáciles de aplicar por la incultura al pacto que aún adolece la clase política:

En primer lugar, el mantenimiento de la generosidad y la lealtad al voto emitido para la victoria de la moción, no condicionado al cumplimiento de pactos previamente firmados, con la salvedad de la aceptación explícita, por el partido protagonista de la moción, a los presupuestos 2018 tal y como salieron del Congreso en dirección al Senado, que no obstante limita en parte el programa ideal a ejecutar por el nuevo Gobierno durante el semestre que aún queda de año.

En segundo lugar, el interés mutuo de las fuerzas políticas que han hecho posible el éxito de la moción de no adelantar la convocatoria de las elecciones generales hasta que llegue su fecha.

Y tercero, la debida compresión que deberían mostrar las derechas, PP y Cs, hoy ya opositoras, de que han dejado de tener la exclusiva en el monopolio de pactar con los nacionalistas o independentistas periféricos cuando les han venido en ganas porque los han necesitados, bien para nombrar a Ana Pastor como presidenta del Congreso, repartirse su Mesa, o acordar los presupuestos del 2017 y 2018, y sin que España se rompiera.

 

De suceder así, el nuevo presidente de Gobierno partiría con un cierto margen político y de tiempo para invertir el presente de parálisis y de deterioro institucional. Por el contrario, ante el bloqueo de su acción gubernamental, antes de achicharrarse, le queda a Pedro Sánchez el poder convocar elecciones generales en cualquier momento.

 

Pero seamos positivos, creyendo que se piensa realmente en el interés general que posibilita emprender una nueva hoja de ruta.

España, a consecuencia de la excepcionalidad política sufrida en el último periodo de tiempo, acumula un preocupante retraso en introducir cambios estructurales más que imprescindibles. De seguir así, representaría un freno para su futuro desarrollo.

Pasando pues a la acción, las demandas sociales, por lo injusto con que se han repartidos las cargas durante la profunda y larga crisis económica sufrida, obliga, sin mayor dilación en el tiempo, a que sean satisfechas con un plan de emergencia social que tenga como límite no dañar el crecimiento estimado del PIB. Socialdemocracia es sinónima de redistribuir la riqueza que se va generando para cohesionar la sociedad, no socializar las miserias, así como para disipar del horizonte cualquier incertidumbre que frene el avance.

 

En este sentido, la acción del nuevo Gobierno debe contemplar como limitante el cumplimiento por España de la reducción de su déficit fijado por la UE para el 2018, unos nueve mil millones de euros, si no se hace factible una negociación con Bruselas sobre la flexibilidad de su aplicación para trasladarlo en el tiempo.

 

Asimismo, el nuevo Gobierno debe requerir a las instituciones europeas el máximo de beligerancia posible contra los lesivos paraísos fiscales que ocultando capitales merman los ingresos públicos, así como asegurarse una alta participación en inversiones y préstamos previstos en el plan Merkel-Macrón para cohesionar la eurozona.

 

En el escenario nacional, en el proceso que sigue la economía, el interés de la recuperada iniciativa privada debería estar centrado en mantener sus actuales beneficios empresariales para ser reinvertidos en su competitividad. Igualmente, debe tener en cuenta que una mejora de las rentas del trabajo y de la disminución del desempleo, conllevaría automáticamente un incremento de la demanda interna por aumento del consumo y por ende una mayor producción y facturación.

 

He aquí, por tanto, las bases del primer pacto social a lograr por el nuevo Gobierno para un nuevo equilibrio entre las rentas del capital y del trabajo, propiciando la negociación y el acuerdo entre los actores sindicales y los empresariales. Insisto, por consenso, no previo decreto, que proporcione igualmente una salida satisfactoria a la necesaria contrarreforma laboral que incluya la igualdad de género, a la par que lleve aparejado el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. De lograrse, sería imposible que el acuerdo al elevarse a norma fuera tumbado en el parlamento.

 

Completando el bloque social, este Gobierno igualmente con beligerancia activa debe propiciar un acuerdo duradero y sostenible sobre la financiación pública de las pensiones, la dependencia y la erradicación de la pobreza, augurando el mantenimiento del poder adquisitivo y un umbral para las rentas mínimas, obteniendo para su sostén un incremento de los ingresos tributarios.

 

Este haber sería logrado vía impuesto sobre transacciones financieras y bursátiles, al igual que otros sobre afecciones ambientales negativas, junto a la dotación de nuevos equipos fiscales y judiciales para que en dos años se llegue a disminuir en diez puntos, el actual 28% del PIB en que se estima la parte de economía sumergida sobre la hacienda pública. En esta misma dirección, debe procederse a la eliminación de las exenciones fiscales que recaen en el impuesto de sociedades a las grandes empresas y con beneficios, a la vez que debe crearse un censo estatal, no territorial, para la fijación de la domiciliación fiscal de las multinacionales con puntos de ventas, de producción o de actividad virtual, en España.

 

En cuanto al bloque de medidas para la regeneración democrática y social, hay que contemplar:

 

La ampliación de libertades, la igualdad y contra la violencia de género, completar la ley sobre la Memoria Histórico, reformas judiciales que refuercen la seguridad jurídica, la independencia de los tribunales y de la fiscalía, a la par que otras que potencien la cultura tan castigada por el PP, apuntalen la pluralidad pública informativa y de programación, a ser posible de aplicación a todo el Estado, entiéndase por tanto incluidas las televisiones autonómicas…

 

Bloque regeneracionista que podría contar con el apoyo parlamentario de Ciudadanos, una vez que no se contempla en el horizonte a corto plazo un inmediato adelanto electoral y siempre y cuando el equipo de Albert Rivera, que ha quedado tan desdibujado tras esta moción, retornase al centro progresista originario, no alimentándose de la confrontación y de la crispación para su suicidio político.

 

Por lo demás, junto a políticas ambientales, de prevención al cambio climático e impulso de nuevo a las energías renovables, hay que poner en un primer plano la investigación tecnológica y biomédica, la mejora de la competitividad y una nueva reforma educativa.

 

En lo que se refiere al panorama territorial, el de mayor dificultad, habría que superponer dos planos diferenciados, interrelacionados pero no entremezclados: el nuevo marco de la financiación de las comunidades autónomas y la cuestión catalana.

 

En el primer apartado, al hallarse comunidades autónomas en manos del PSOE, PP y nacionalistas, el acuerdo podría resultar menos complejo, atendiendo a los déficits que acumula el sistema anterior que ha sido injustamente prorrogado, favoreciendo a unos pocos y perjudicando a la mayoría. Así, el nuevo sistema de financiación que entrase en funcionamiento debe cumplir los principios de equidad y suficiencia. También, gozar de estabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Habrán de ser desechados los principios de ordinalidad y status quo, no contemplados en la Constitución, que han limitado las posibilidades de convergencia real entre Comunidades, además de obviar el principio de nivelación parcial -igualmente limitante de la convergencia- para ir al de nivelación total.

 

En lo que se refiere al conflicto con Cataluña y entre catalanes, hay que empezar como ineludible promoviendo el diálogo. Tiene que llevarse a cabo una reunión entre el president de la Generalitat, Quim Torras, y el nuevo presidente de España, Pedro Sánchez, donde se fijen los posicionamientos de partida sin que quepa romper unilateralmente las reglas del juego. A continuación, se debería proceder a la formación de una Mesa de diálogo, constituida por la representación del arco parlamentario catalán y presidido, en nombre del Estado, por el experimentado en estos lances, expresidente, Felipe González, un profundo conocedor además de esta problemática, que debería ser comisionado por el Gobierno para tal fin. Formarían parte igualmente de esta Mesa,  los padres constituyentes que continúan con vida: Miquel Roca, Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Miñón.

 

Las formulaciones, como soluciones políticas y económicas de financiación que salieran como conclusión, se elevarían a los dos parlamentos, catalán y español, al objeto de que, tras la elaboración de un texto pactado entre ambas Cámaras, fuera sometido a consulta por los catalanes basada en la misma legalidad que propició el referéndum andaluz del 28-F. Sería antesala a un nuevo pacto constitucional en el que ya sería convocado, como último paso, el cuerpo electoral español para tener carácter vinculante.

 

Y como perla, Pedro Sánchez, debería aprovechar el tiempo de su mandato para sondear con el primer ministro socialista portugués, António Costa, y su presidente conservador, Marcelo Rebelo de Sousa, bajo el principio de igualdad y respeto mutuo, una posible alianza estratégica más allá de ser pieza clave obligada de política exterior común ante la UE,

 

ocasión para dar pasos conjuntos, acorde con el marco europeo, hacia una futura Confederación Ibérica, cuya celeridad integradora sería la que ambos pueblos, en base a sus respectivas soberanías populares, fueran determinando.

 

Con lo anterior y la suma del conjunto de las opciones políticas de marchar juntos por la senda constitucional, podrían darse por cumplido dos años de fructífera gestión colectiva, que, sí contribuyen todos, no sería atribuible exclusivamente al partido gobernante. Y entonces habría llegado el momento en que el pueblo español acudiese a las urnas masivamente, a elegir a quien desease, habiéndose disipado la actual impotencia de bloqueo, resignación abstencionista e indignación por el ambiente de incompetencia y corrupción hoy imperante.

 

Por el contrario, desaprovechar el periodo de tiempo de oportunidades que se abren, con obstrucciones demagógicas, amenazas trasnochadas de reconquistas campeadoras, tacticismos electoreros paralizantes, zancadillas, como al día siguiente anunciar el PP la revisión de los presupuestos en el Senado para vengarse del PNV, calificada la actitud de pueril rabieta y revanchista, o desafíos ilegales contra el nuevo gobierno; aparte de que reforzaría el papel de estadista de Pedro Sánchez, significaría además desperdiciar la ocasión histórica acaecida. Entonces, sí que el retroceso y el ocaso de la política, tan usual en nuestro frustrado siglo XIX, reaparecería. No lo consintamos cuando la mejora de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía española está en juego.