Tutti Frutti estival

Agosto, tradicionalmente mes de siesta nacional, se presenta este año muy revuelto. Son demasiados los temas abiertos que obligan a hacer un esfuerzo de síntesis, casi telegráfica, para ofrecer a los lectores, en un solo post, nueve hilos para el debate. Pretendo, si no se diera una “hecatombe”, no publicar nuevos posts hasta septiembre.

El asunto más acuciante de esa “novena” es enfrentar solventemente los rebrotes de la pandemia. Pero desde que decayó el estado de alarma, poco o nada se ha avanzado, ni en lo normativo ni en lo estrictamente sanitario, para prevenir la hipótesis más peligrosa. Además, está regresando el recelo internacional hacia España. Hasta el punto de que el gobierno francés haya desaconsejado a sus nacionales viajar a Cataluña, región española con un incremento descontrolado de infectados. Así, la desastrosa gestión de la Generalidad ha logrado que Barcelona sea contemplada como el Wuhan de la segunda ola vírica.

A falta de analizar la letra pequeña, los acuerdos del Consejo Europeo, de 21 de julio pasado, prevén un montante de 140.000 M € para España, en 6 años, entre subvenciones y préstamos. Pero, en contra de lo que muchos sueñan, ese dinero no será un maná bíblico. Será para desarrollar planes nacionales concretos de reconstrucción, que habrán de ser previamente aprobados en Bruselas. Y cuya implementación será severamente monitorizada; entre otros, por el señor Rutte, quien, en los Países Bajos, se ha ganado el mote holandés de “oppervrek” (líder de los tacaños).

El objetivo político esencial del Gobierno es la elaboración del anteproyecto de ley de los PGE-21. Éstos son imprescindibles para la reconstrucción, al estar relacionados con el gasto de esos 140.000 M de euros “europeos”. La aprobación de los PGE-21 necesitará de un acuerdo político a varias bandas que, hoy, parece inalcanzable. Se incrementa así la probabilidad de elecciones anticipadas a la primavera de 2021.

La prematura aplicación del tercer grado penitenciario a los condenados en los juicios del “procés” ha sido una perversa consecuencia del traspaso a la Generalidad de Cataluña, en su día, de las  competencias en materia de administración penitenciaria. Competencias que el Estado debería recuperar en beneficio de la igualdad entre españoles. En todo caso, la fiscalía no parece estar. ¿Se la espera?

La serpiente gibraltareña ya ha aflorado fiel a su tradicional cita con el verano. La reciente reunión, en Algeciras, de la ministra de asuntos exteriores, González Laya, con el correveidile británico en Gibraltar, Picardo, es una nueva burla a la histórica reclamación española sobre el Peñón. Esta dama ―la misma que, para justificar el cese del coronel Pérez de los Cobos, rebuznó que “el puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid era un cargo político”―, está haciendo bueno a Moratinos.

Tengo el pálpito de un sobrevenido y rápido incremento de la tensión entre EE. UU. y China. Escalada inversamente proporcional a la posibilidad de que Trump pueda revalidar la Casa Blanca, en las elecciones del próximo noviembre.

En el plano militar doméstico, sigue pendiente la reparación de la injusticia continuada ―y no soy el único que así lo piensa―, que se está cometiendo con el GB Esteban. El último disparate ha sido la respuesta ministerial a una pregunta parlamentaria sobre el caso: “el perfil personal y profesional del Oficial General nombrado General Director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas es más idóneo para ocupar dicho puesto”. Contestación que apesta tanto a menosprecio de la función del control parlamentario al Gobierno, como a afrenta al GB Esteban. La ministra de defensa, doña Margarita Robles, debería explicar qué criterios, más allá de la mera arbitrariedad, se han aplicado para valorar tal idoneidad. Porque, recurriendo a las normas objetivas para la evaluación y clasificación (trayectoria profesional, cursos, prestigio, recompensas, idiomas, destinos, etcétera), las cuentas no salen. ¿Se está a acaso enlosando el camino hacia la vía judicial y, consecuentemente, al “destape integral” del asunto?

Asociaciones profesionales han anunciado manifestaciones públicas para septiembre, en protesta por las pertinazmente menguadas retribuciones de los militares. Siempre fui, y lo sigo siendo, contrario ese tipo de acciones, que rozan o entran en lo sindical. Pero no es de recibo que los militares ―cuando parece haber dinero para todos menos para ellos―, sigan viajando en el furgón de cola del tren de los emolumentos en la Administración. Darles solo jabón verbal y medallas conmemorativas ya está aburriendo.

Hace unos días, la AALOG 41 (Zaragoza) instaló un campamento para temporeros en Albalate de Cinca (Huesca). Hoy parece que la AALOG 21 (Sevilla) va a hacer lo mismo en Lepe (Huelva). Qué será lo próximo, ¿rastreadores? ¿Vigilantes de seguridad en discotecas? ¿Desinsectadores? ¿Cualquier otra ocurrencia? Porque, con seguridad, en la DIGENPOL se conoce la existencia de empresas civiles nacionales especializadas en tales labores. En definitiva, ordenar levantar  campamentos para temporeros, u otras misiones “civiles”, sin mediar emergencia o catástrofe, supone competencia desleal con las empresas civiles especializadas, así como interferencia en el mercado de trabajo. Aunque ello sirva para engordar el capital político de la ministra de defensa, Margarita Robles.