Un kiosco de drogas…

Ahora, justo cuando estamos los ciudadanos preocupados por el futuro de tantas y tantas vidas, de tantos y tantos empleos, de tantos y tantos pequeños negocios, sale el gobierno de Andalucía y aprueba, de la noche a la mañana, un decreto que modifica veintitantas leyes, más de 100 trámites y que afecta a muchos de los cimientos de la propia administración autonómica. Y lo aprueba con la excusa de “agilizar trámites”, de “aligerar la puesta en marcha de empresas”.

Ese es solo el escudo detrás del cual se esconde el gobierno andaluz para impulsarlo con tanta rapidez, aprovechando la nocturnidad que da este periodo de confinamiento, en el que los ciudadanos tienen puesta la vista y el pensamiento prácticamente en la preocupación que a todos nos atañe. Es una jugada tramposa, pero ellos no dejan de decir que lo hacen “por el bien de Andalucía y para generar muchos nuevos puestos de trabajo”. Todos sabemos que ahora mismo, lo que hay que generar es tranquilidad y una barrera contra esta pandemia que tanto dolor y preocupación compartimos todos los ciudadanos.

Pero las alarmas han empezado a saltar en cuanto se descubre que dicha iniciativa se ha llevado a cabo sin contar ni tan siquiera con la consulta y un mínimo de acuerdo con los colectivos a los que afecta, algo insólito, y que rompe unas reglas básicas de cualquier estado democrático, como es, por ejemplo,  impedir las ilegalidades en el reconocimiento de emisoras sin autorización, únicamente para beneficiar a determinados grupos de comunicación.

Han sido muchas las entidades públicas y privadas que han denunciado este atropello a la legalidad. Recordamos experiencias de hace 20 años cuando, un pequeño, pero tremendamente eficaz equipo de funcionarios andaluces, con gran profesionalidad, luchaba por mantener la legalidad en el ámbito del espectro radioeléctrico, inspeccionando, persiguiendo, y procurando eliminar toda sombra de ilegalidad que hubiera. La misión era difícil, porque había que trabajar tanto en el plano técnico, como en el administrativo, y en el jurídico, y ahí dependían de que, finalmente, el juez de turno dictaminara el cierre de una emisora, lo cual no siempre ocurría, a pesar de las pruebas muy determinantes. Pero tampoco un cierre judicial era suficientemente eficaz porque muchas veces, a los pocos días, la propia emisora, con otra frecuencia o con otra ubicación volvía a emitir. Era una lucha sin cuartel que al menos intentaba mantener a raya este cúmulo de ilegalidades que históricamente se daban, no solamente en Andalucía sino en el conjunto del Estado español.

Más complejo si cabe era el control de las televisiones locales, puesto que, a la ley reguladora del último gobierno de Felipe González, no le siguió el imprescindible desarrollo reglamentario, por desidia del gobierno de José María Aznar, lo que provocó un batiburrillo de emisoras locales legales,  otras ilegales, y una tercera categoría de emisoras alegales, lo que aprovecharon algunos para hacer negocios muy lucrativos a costa de dañar las señales de las emisoras legales provocando unas interferencias tremendas en el espectro radioeléctrico, que sufríamos los propios ciudadanos.  ¿Por qué nos acordaremos ahora de esto?. ¿Quizás por la coincidencia de impulsos neoliberales y desregulatorios, con el único fin de propiciar negocios sin importar el bien superior de la ciudadanía?.

Bueno, pues toda esta batalla la ha resuelto en un día el gobierno de Moreno Bonilla, y cuando el gobierno del Estado español anuncia que estudia un recurso de inconstitucionalidad, todo lo que se le ocurre decir a dicho gobierno andaluz es que lo hacen para generar puestos de trabajo, Y qué ¡ay de aquel a quien se le ocurra poner trabas! porque va en contra de los intereses de los andaluces, y que puede ser tachado de desleal.

Pues bien, hemos pensado que, con ese mismo criterio, vamos a proponerle al gobierno de Andalucía que nos autorice a poner un kiosco de venta de drogas, sin que se preocupe por la legalidad o no, porque vamos a generar, de momento un puesto de trabajo, y si el negocio prospera, probablemente podamos incrementarlo a dos o tres puestos.

Esperamos tener éxito, porque la comprensión del gobierno de Moreno Bonilla ya la tenemos asegurada.

¡Qué más da que sea legal o no!