Dos años después de que el Gobierno de Pepe Griñan impulsara la reforma de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) con la intención de legalizar parte del ladrillo ilegal de Andalucía, el Parlamento ha dado su visto bueno a la modificación de una serie de artículos que saquen a muchas construcciones, anteriores a seis años, de una especie de limbo jurídico que no les permiten su legalización ni ser demolidas. Con el voto favorable de PSOE, PP y C´s salió adelante la reforma.
El asunto es complejo, muy enrevesado y con una casuística muy diversa. Se estima que en Andalucía existen 300.000 construcciones levantadas al margen de las leyes urbanísticas locales y autonómicas. Con la decisión del Parlamento la Junta calcula que unas 25.000 podrán quedar reguladas en los registros correspondientes.
Especialmente sangrante en todo este panorama es la situación a la que están sometidos ciudadanos británicos y de otras nacionalidades europeas que un mal día decidieron vivir en Andalucía y les engañaron; compraron el terreno y construyeron algo que nunca podría legalizarse, con todo lo que eso supone en cuanto a la contratación de servicios básicos para poder vivir como agua, luz, telefonía etc.
Detrás de la inmensa mayoría de ilegalidades urbanísticas cometidas en Andalucía en estas ultimas décadas, que nadie lo dude, habrá mucha gente de buena fe, engañada, estafada quizás, pero no olvidemos que en todos esos casos se oculta un estafador o alguien que ha hecho dejación de sus funciones policiales. En muchos casos promotores que han seguido construyendo aquí y allá, prácticamente hasta que se pinchó la burbuja inmobilaria. En otros, fueron los alcaldes, concejales y delegados de la Junta en la ordenación del territorio los que miraron para otro lado.
Es evidente que la tramitación de todo este proceso, pese a estar aparentemente regulado en la reforma legislativa, va a dejar en manos del clientelismo político de turno muchas decisiones técnicas y políticas que piden a gritos, desde ya, un control riguroso de las excepciones para evitar el coladero de la amnistía del ladrillo. En esta decisión, que el PSOE pretende apuntarse en solitario, no olvidemos que subyacen estrategias políticas territoriales muy concretas y a la vista de todos.
Entre otras razones porque este asunto concreto ha sido una de las banderas electorales del PSOE en la comarca almeriense de El Almanzora, una de las más afectadas por el problema, y le ha faltado tiempo al Secretario General y diputado Sánchez Teruel para escribir en su muro de Facebook cosas como esta con tal de apuntarse el tanto:
“Para cambiar las dos leyes en Madrid obligamos al Partido Popular a sumarse a nuestras iniciativas, y en Andalucía fue la Presidenta Susana Díaz la que lideró la necesidad de este cambio de la LOUA que hemos votado hoy, (no dice verdad, fue Pepe Griñán) dándole el empujón decisivo tras su visita a la Comarca del Almanzora, en concreto al municipio de Albanchez. Muchas personas han trabajado para hacer realidad estas respuestas a unas necesidades que existían en nuestra sociedad. Mi voto para cambiar la LOUA lo he ejercido hoy como Parlamentario en nombre de todas las personas que se han implicado en estos años y con la satisfacción de todas aquellas que esperaban una respuesta y la tienen. Sin duda un gran día”.
Ha apoyado esta reforma un político que ostenta el honor de haber sido alcalde de la localidad andaluza que más construcciones ilegales tiene en su término municipal, Chiclana.
Pese a ser la comarca del Almanzora en Almería, así como la provincia de Málaga las que más ilegalidades congregan en sus territorios, la provincia de Cádiz no les va a la zaga, especialmente en el litoral.
En esta provincia, a cuenta de este asunto, se da una paradoja francamente curiosa. Ha apoyado esta reforma un político que ostenta el honor de haber sido alcalde de la localidad andaluza que más construcciones ilegales tiene en su término municipal, Chiclana.
Efectivamente, Chicana de la Frontera, según Ecologistas en Acción “ostenta el lamentable título de ser el municipio de Andalucía con más viviendas ilegales. Más de 40.000 se han construido en estas últimas décadas, aunque la Junta dice reconocer en la actualidad “sólo” 15.000, de las que se pretenden legalizar a unas 10.000. Le sigue El Puerto, con más de 5.000 viviendas ilegales, y tras ellos Sanlúcar, Chipiona, Puerto Real, Conil, Vejer, Barbate, Tarifa y San Roque, con varias miles de viviendas ilegales más”.
Los ecologistas han venido advirtiendo estos últimos años que la situación era insostenible, pero los responsables municipales y la propia Junta de Andalucía «han preferido no actuar en los procesos urbanizadores en suelo no urbanizable, ni ante construcciones ilegales en suelo urbanizable».
No lo han hecho ni al inicio, ni en medio, ni al final… de forma que el tumor de la ilegalidad ha crecido hasta convertirse en una verdadera metástasis imposible de controlar. “Las demoliciones a que obliga la Ley han sido hasta ahora la excepción, a pesar de ser la única medida que se ha demostrado eficaz y ejemplarizante contra el urbanismo ilegal. Cuando los expedientes administrativos devienen en resoluciones de demolición, o cuando así lo determinan sentencias judiciales, estallan los conflictos, algunos violentos, cuando hubiera sido mucho más fácil atajar el problema en sus inicios, evitando así estas traumáticas actuaciones”.
A la activa organización ecologista le resultaba verdaderamente extraño la pasividad que desde finales de la década pasada percibían en la Fiscalía frente a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio. “Ecologistas en Acción ha apoyado, apoya, y seguirá apoyando cuantas actuaciones emprendan las administraciones y la justicia para impedir que sigan proliferando las urbanizaciones y construcciones ilegales, pero entiende que también hay que actuar contra los responsables públicos que, por acción u omisión, han generado este problema. No se entiende que la Fiscalía no haya iniciado actuaciones contra los alcaldes de Chiclana bajo cuyo mandato se han construido estas miles de viviendas ilegales. José de Mier, Sebastián Saucedo y Manuel Jiménez Barrios, no solo no han sido inhabilitados para cargo público, sino que el PSOE los ha ascendido, premiando así el fomento de la ilegalidad urbanística. El actual alcalde, José Mª Román, parece seguir los mismos pasos”.
Parece evidente a la vista de lo que apunta EeA que, la reforma de la LOUA, no solo amnistía unas 25 mil viviendas en la comunidad, de paso ayuda a blanquear el curriculum político del exalcalde de Chiclana, actual Vicepresidente de la Junta y mano derecha y previsible sucesor de Susana Díaz en el Gobierno, Manuel Jimenez Barrios.