La Constitución española de 1978, en su artículo 1.3 dice que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Asimismo, en el artículo 56.1, reza que: “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”. El Rey, consecuentemente, constituye uno de los grandes pilares sobre los que descansa la estructura del Estado al servicio de la Nación. Desde esta realidad, nada de extraño tienen, por tanto, los furibundos ataques que Felipe VI ha venido recibiendo últimamente, de aquéllos que pretenden la ruptura de la Nación. Porque, en la lógica independentista, el Rey es objetivo preferente a demoler.
De ahí, por ejemplo, los ataques e insultos dirigidos contra el Jefe del Estado durante la manifestación, del pasado 26 de agosto, celebrada en Barcelona, en recuerdo de las víctimas, y apoyo a los familiares, de los atentados producidos en Cataluña días antes. La presencia de don Felipe al frente de tal concentración cívica, en plena repulsa nacional por los crímenes yihadistas, fue taimadamente aprovechada por los independentistas ―organizados alrededor de la ANC, presidida por ese “hombre de paz”, Jordi Sánchez, que quieren ahora entronizar como testaferro de Puigdemont en Cataluña―, para abroncar en masa al Jefe del Estado. A pesar de ello, el Rey estuvo donde, como y cuando debía estar.
Y es que algunos no quieren entender lo obvio: ni hay equidistancia que valga ni arbitraje posible, entre los que violan la Constitución y el Estatuto y los que los apoyan y cumplen.
Asimismo, es en base a aquella perversa lógica que se produjeron los ataques contra don Felipe tras su brillante y esperado discurso televisado el 3-O. Discurso en el que el monarca bajó valientemente a la arena y pregonó su compromiso y el de la Corona con la Constitución y el Estado de derecho. De las múltiples descalificaciones independentistas fue especialmente hilarante la del paradigma de la deslealtad constitucional, Puigdemont, recordando al Rey sus “obligaciones constitucionales”. Y es que algunos no quieren entender lo obvio: ni hay equidistancia que valga ni arbitraje posible, entre los que violan la Constitución y el Estatuto y los que los apoyan y cumplen. Con su discurso sereno y tranquilizador, el Rey hizo lo que tenía que hacer. Estuvo donde, como y cuando debía estar.
Más recientemente, la lógica independentista condujo a la payasada al alimón de la pareja Torrent-Colau. Como los malos reclutas, ambos independentistas ―el primero declarado y la segunda ambigua―, se escaquearon de su protocolaria asistencia a la recepción al Jefe del Estado en el Mobile World Congress (MWC-2018) de Barcelona. Ese feo ―en primer lugar hacia ellos mismos y en segundo hacia los ciudadanos de Barcelona (Colau) y Cataluña (Torrent)― también tiene su punto. Son las cosas que pasan cuando ejercen de autoridades personas que ni tienen la formación, ni la experiencia, ni la educación, ni el saber estar requeridos para una solvente representación institucional. El Rey, con su presencia en el MWC-2018, dio el mejor apoyo posible a Barcelona como lugar de celebración de lo que se considera la feria anual más importante del mundo, en el sector de la telefonía móvil. Nuevamente, el Rey estuvo donde, como y cuando debía estar.
Por tanto, no debe extrañar que se intensifiquen los ataques al Rey por parte de los independentistas, conforme lo que fue el “procés” vaya extinguiéndose. A mayores ataques, mayores serán las pruebas de debilidad que darán, así como mayores adhesiones al Rey se suscitarán, tanto en Cataluña como en el resto de España. Le ladran, señal que cabalga.