El yacimiento de La Orden, sin protección mes y medio después de conocerse los graves daños sufridos.
El Defensor del Pueblo abre una queja de oficio
Más vale tarde que nunca, han debido pensar algunos onubenses tras conocer que, a requerimiento de la Administración local y autonómica, el yacimiento arqueológico del Seminario, en Huelva, será protegido «en los próximos días» con un cerramiento perimetral por parte de las empresas propietarias de los terrenos, una vez que el Ayuntamiento de la capital ha resuelto toda la tramitación para autorizar esta actuación recabando el informe favorable de la Junta de Andalucía.
El anuncio llega mes y medio después de que se descubriese la destrucción sufrida por este yacimiento que certifica que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente y que, entre sus vestigios, incluía estatuillas de unos 5.500 años de antigüedad.
El yacimiento esperaba desde 2006 los permisos de excavación para iniciar los trabajos de confirmación, pero, sin embargo, fueron dos excavadoras las que vaciaron el terreno de arena para usarla en la construcción de una nueva estación de AVE de la capital de la provincia.
Ahora, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Manuel Gómez Márquez (PSOE), ha señalado que «desde el primer momento» han dado a este asunto «prioridad absoluta» en el Ayuntamiento, «actuando con todas las garantías jurídicas y procedimentales, ya que estamos hablando de un Bien de Interés Cultural (BIC), requiriéndose, por tanto, el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico».
Así, mientras se aborda por la vía judicial la depuración de responsabilidades por la pérdida de parte de este patrimonio arqueológico, por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento se acordó instar a los titulares a adoptar cuantas medidas fueran necesarias para evitar sucesos de esta índole.
Ahora, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Manuel Gómez Márquez (PSOE), ha señalado que «desde el primer momento» han dado a este asunto «prioridad absoluta» en el Ayuntamiento.
Por ello, en los “tiempos mínimos” que ha permitido el procedimiento administrativo, el Consistorio ha otorgado licencia de obra menor para dicha actuación a las promotoras Altamira Santander Real State SA y Quinto SA, empresas titulares de las cuatro parcelas del sector B-3 Santa Marta-La Orden inscritas desde 2007 como BIC dentro de la Zona Arqueológica de Huelva.
De las distintas soluciones técnicas propuestas en la solicitud de este permiso, la resolución de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta ha señalado la que no afecta al suelo de la parcela ni conlleva movimientos de tierra, al consistir en la instalación de una malla metálica de dos metros de altura y postes de cada tres metros anclados en el acerado mediante una placa base atornillada.
Una vez que el Ayuntamiento concedió la licencia en el día de ayer a las empresas, a partir de ahora se otorgan diez días para acometer la actuación autorizada de forma ininterrumpida.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio con el fin de conocer el estado de protección de la Zona Arqueológica de Huelva, declarada así por Orden del Gobierno andaluz en el año 2001. Todo ello a raíz de los movimientos de tierra que tuvieron lugar el pasado mes de enero en el yacimiento Santa Marta-La Orden.
Según reza en el escrito, el Defensor del Pueblo considera oportuno incoar esta queja de oficio ante la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Huelva con el objeto de conocer las medidas de protección, las labores de intervención arqueológica que se hubieran realizado desde la aprobación de la orden que la declaró como zona de protección y el calendario de intervenciones previstas sobre tales yacimientos.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio con el fin de conocer el estado de protección de la Zona Arqueológica de Huelva, declarada así por Orden del Gobierno andaluz en el año 2001.
En el citado texto, precisa que esta institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando «una amplia y dilatada labor de atención al eficaz sistema normativo de promoción y protección del patrimonio histórico artístico».
Así, en los sucesivos informes anuales al Parlamento, al igual que con motivo de la elaboración de los informes especiales, la institución ha querido contribuir al mejor desempeño de las actuaciones de los poderes públicos para la protección y puesta en valor de nuestra riqueza monumental. Todo ello en consonancia con las funciones de protección y tutela de los derechos establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía en el ámbito de la cultura.
En el amplio escenario de intervenciones de este tipo que se producen a lo largo del territorio andaluz ocupa un lugar preeminente las acciones que posibilitan «el efectivo disfrute» del patrimonio cultural gracias a promover su conocimiento e investigación a través de las intervenciones arqueológicas.